Los parámetros del banco se deterioraron con los últimos ajustes de 2016.
A pesar de los esfuerzos realizados en 2016 para encauzar la senda de recuperación del Popular, las dudas que suscitan sus números es un lastre añadido para Saracho a la hora de tomar la presidencia.
Sus principales retos será recuperar la confianza del mercado, para poder disponer de tiempo para analizar la entidad, y elaborar una hoja de ruta para la entidad sin presiones, como para tener margen de maniobra si debe acudir a ellos sin que le exijan primas insoportablemente gravosas.
En los últimos meses, hay parámetros que se han deteriorado y en la nueva etapa se precisa que, al menos, se estabilicen.
El ratio de capital, el que se mide cómo el nivel que se pedirá en 2019, ha caído al 8,17 por ciento tras la aplicación de las provisiones extraordinarias. Se queda por encima de las exigencias actuales (7,875 por ciento) pero su plan estratégico anterior marcaba que se llegaría al 12 por ciento en 2018.
Es una meta que difícilmente se cumplirá a golpe de ventas y de retener beneficios, por la dificultad de obtener ingresos en el contexto actual y por que aún le queda pendiente la realización de provisiones adicionales.
La aceleración de estas dotaciones en 2016, pactadas con Saracho según afirmó el consejero delegado, no lograron, sin embargo, alcanzar los objetivos de cobertura previstos. La meta era llegar al 60 por ciento en dudosos y al 40 por ciento en inmuebles, aunque se quedó en el 52,3 por ciento y 38,9 por ciento, respectivamente. Que se quedara por debajo de la media del sector, incumpliendo su promesa, es la evidencia de que el capital no daba para más.
Precisamente, la pieza principal, lo que ha constituido el lastre principal del banco, es el peso de los activos improductivos y su limpieza es imprescindible. Bien para seguir en solitario, bien para intentar venderlo a otra entidad a un precio aceptable para los accionistas.
Al cierre de 2016, el banco tiene en sus tripas 35.675 millones de euros en activos improductivos, lo que supone el 22,5 por ciento de su balance o el 34 por ciento de su cartera crediticia, un volumen demasiado grande como para permitir que el negocio principal del banco genere beneficios suficientes.
El consenso de analistas, recogido por FactSet, espera que los resultados del banco para este año se aproximen a los 377 millones, lleguen a 592 millones al año siguiente y sumen 712 millones en 2019. Muy lejos de los 1.000 millones que el banco asegura que tiene ya en la parte principal del negocio. De cumplirse las cifras de los expertos, de esa lenta mejora de los beneficios, el Popular tendría dentro de tres años una rentabilidad sobre recursos propios del 5,39 por ciento, muy alejado del coste actual del capital.
La decepción por las cuentas de 2016, donde incluso afloró 3.000 millones más de activos tóxicos, ha empeorado los pronósticos. En junio, hace apenas 8 meses, FactSet preveía unas ganancias de 639 millones para final de este ejercicio. Lo que quiere decir que ha reducido sus expectativas de beneficios en un 41 por ciento.
La tregua en la bolsa, con recuperaciones de cotización tras comunicarse el relevo en la presidencia parecen haber tocado fin. Tras los resultados, las agencias de calificación han aportado su granito de arena para poner las cosas aún más complicadas. Dos de ellas, Fitch y DBRS, han empeorado la nota del Popular confinándolo en bono basura, mientras Standard &Poor's bajó la perspectiva de positiva a estable. La alta carga de ladrillo y la solvencia no muy holgada fueron los detonantes de la calificación.
El movimiento de las agencias de rating contribuyó a que el riesgo de fallido del crédito (CDS) se disparase al 257 por ciento, máximo desde el Brexit y el más alto desde principios de 2016, cuando el crash chino tensionó los mercados internacionales. Es, además, el único banco cotizado español en el que se ha deteriorado este indicador en los últimos tres meses. El siguiente está 100 puntos por debajo de su umbral.
En la última ampliación de capital, en junio, la cotización del Popular estaba en 1,85 euros, mientras que en los últimos días fluctúa entre 0,82 y 0,85 euros.
En este contexto, los expertos apuestan por que el BCE otorgue tiempo extra al nuevo presidente para poner orden en su casa. Nada extraordinario si se tiene en cuenta las concesiones a la banca italiana, en particular al Monte dei Paschi de Siena y Unicredit. Ello le permitiría aplazar una ampliación que ahora mismo se ve necesaria.
Los obstáculos para salvarla con éxito son muchos, simplemente por la evolución de su valoración. Se apuesta por una necesidad de entre 2.500 millones y 4.000 millones de euros, pero su capitalización ronda los 3.500 millones.