Tras una oferta de adquisición fallida, y dos juntas retrasadas, los accionistas de BPI aprobaron ayer la eliminación de los blindajes sobre los derechos de voto del banco luso. Esta supresión era una condición sine qua non para que CaixaBank comprara BPI, por lo que el español está ahora cerca de tomar el control del luso; un objetivo que persigue desde hace años -su primera oferta por BPI la presentó en febrero de 2015-.
La compra, sin embargo, hasta ahora se le ha resistido por la oposición de la segunda accionista del portugués, Isabel dos Santos, cuya capacidad de decisión hasta ayer era prácticamente idéntica a la de CaixaBank, aunque su participación es notablemente inferior (de un 45,5 por ciento frente al 18,58 por ciento).
Tras el desblindaje acordado el miércoles, CaixaBank ha presentado una oferta obligatoria a 1,134 euros por el 100 por 100 del capital de BPI (en abril ofreció 1,113 euros por título, en una oferta voluntaria). Aunque el español ha presentado una puja por el total del capital de BPI, lo que CaixaBank persigue es obtener el control. Si bien esta nueva oferta no está condicionada a una aceptación mínima, la intención inicial del banco era superar el 50 por ciento. Ahora, la inversión dependerá del capital que la acepte. Para alcanzar el 100 por 100, la inversión sería de 900 millones, pero de apenas unos 90 millones para hacerse con el 51 por ciento. En el caso de que consiga el 70 por ciento, la inversión sería de unos 400 millones. La intención de CaixaBank es mantener al portugués en bolsa.
Todavía falta visibilidad sobre los plazos. El objetivo inicial del español era cerrar la operación en el último trimestre de este ejercicio, un calendario que no debería retrasarse si el regulador aprueba pronto la oferta de adquisición. El consejo de BPI ya dio el visto bueno a la anterior oferta, por lo que, previsiblemente, su recomendación debería ser la misma.
El debate sobre Angola
Adicionalmente, el Banco Central Europeo (BCE) había dado a CaixaBank tres meses desde el cierre de la oferta (que el regulador anticipó que se concluiría a finales de octubre) para que BPI redujera su exposición a la economía angoleña. El banco controla un 51 por ciento del capital del angoleño Banco de Fomento Angola (BFA).
Esta solución, sin embargo, parece que está decidida. BPI obtuvo el miércoles el visto bueno a la retirada del blindaje porque Isabel dos Santos no se opuso. La empresaria se abstuvo en la votación después de que, pocas horas antes de la junta, el consejo de BPI comunicará que había ofrecido a Unitel, que controla y preside Isabel dos Santos y es el segundo accionista de BFA, venderle un dos por ciento del banco angoleño por 28 millones. Es una oferta con la que le entrega tanto el control económico, como el político, de la entidad africana. Como condición para que la oferta fuera efectiva, era necesario que la junta de BPI aprobara el desblindaje; algo que ha sucedido. Esta desinversión también serviría para que BPI desconsolidara a BFA, con lo que cumpliría con el requerimiento del BCE. No obstante, sus resultados se verán afectados.
En términos contables, si BPI deja de ser el accionista de control, sólo podrá apuntarse los beneficios de BFA por puesta en equivalencia. En el segundo semestre, BFA, aportó 79,1 millones al resultado de BPI, un 75 por ciento del total.
Unitel todavía no ha dado ninguna respuesta oficial. No obstante, según destaca la prensa portuguesa, sus portavoces han señalado que existen ?bastantes posibilidades? de que la acepte. A cambio, BFA deberá repartir en el futuro al menos el 40 por ciento de sus beneficios como dividendos y distribuir a BPI, antes del próximo 9 de diciembre, 66 millones en concepto de retribuciones pendientes correspondientes a 2014 y 2015.
Si Unitel acepta la propuesta, la junta de accionistas de BPI tendrá que ratificarla. CaixaBank, cuyos consejeros no participaron en las negociaciones que cuajaron en la oferta a Dos Santos, será clave para que salga adelante en la junta de accionistas.
Presión sobre el regulador
La operación de compra de BPI cuenta todavía con flecos pendientes, porque debe obtener el visto bueno de numerosos reguladores y, probablemente, continuará generando polémica sobre el precio, como ha venido sucediendo.
Ayer mismo, Tiago Violas Ferreira, uno de los accionistas que más se ha opuesto a la operación de compra de BPI por parte de CaixaBank, pidió al regulador luso que solicitara a un tercero una valoración externa del banco portugués. No obstante, él anunció que vendería pasara lo que pasase.
En el caso de las ofertas obligatorias el precio se suele establecer por la cotización media ponderada en los seis meses anteriores. En este caso, coincide con los 1,134 euros ofrecidos por la entidad española.
