Una búsqueda urgente de capital fresco sin antecedentes en la historia transalpina -casi 15.000 millones de euros- y un referéndum que multiplica la incertidumbre y amenaza con echar a rodar los planes de las entidades. La banca italiana empieza su otoño más difícil, unos meses en los que el sector podrá demostrar que sabe hacer frente a sus problemas o, al contrario, que está a punto de caer aplastado por el fardo de los créditos dudosos.
UniCredit, el banco transalpino más internacional, prepara un plan de ventas de activos y una ampliación de capital por 8.000 millones, mientras MPS -la entidad más problemática- necesita 5.000 millones para no quebrar. Además, el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a vender para el 30 de septiembre los cuatro bancos rescatados a finales de 2015 (Banca delle Marche, Etruria, Cariferrara e Carichieti) con la esperanza de obtener unos 1.500 millones de euros.
Hay muchas incógnitas sobre el éxito de estas operaciones: la venta de los bancos va contrarreloj, después de que, durante el verano, la primera subasta recibió ofertas muy por debajo de las expectativas (entre 300 y 400 millones de los fondos de capital riesgo norteamericanos Apollo y Lone Star).
El Fondo de resolución que rescató las cuatro entidades con una aportación de capitales de los principales bancos italianos debe encontrar compradores más generosos antes de final de mes. De no ser así, el Fondo asumiría perdidas muy altas, ya que el rescate costó 1.800 millones de euros. Sobre la mesa hay otra posibilidad: que, a falta de compradores, el Fondo se haga con el control de los bancos rescatados.
Sin embargo esta medida encuentra la oposición de UniCredit, uno de los principales contribuyentes del Fondo, que está sumido en una profunda reestructuración. La entidad -la única en Italia con "importancia sistémica", según el BCE- acaba de sustituir a su consejero delegado y prepara una venta de créditos dudosos por casi 20.000 millones. Según los analistas, el plan necesita nuevos recursos por 8.000 millones de euros que vendrán sólo en parte de la ventas de activos (como la polaca Bank Pekeao).
Finalmente, está MPS, la entidad italiana más antigua (fundada en 1472) y, sin embargo, más problemática. Tras la improvisada salida del consejero delegado Fabrizio Viola, su sucesor Marco Morelli tendrá que encontrar cuanto antes la formar de garantizar la supervivencia del banco.
El BCE instó a MPS a deshacerse de sus créditos dudosos y el banco se prepara a vender activos tóxicos por 27.000 millones de euros. Para compensar la pérdida relacionada con la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros de estos activos, MPS ha programado una inyección de capital de 5.000 millones; una operación muy difícil para una entidad con un historial tan problemático.
Dificultades añadidas
La ampliación promete coincidir con una fecha importante del calendario político: el referéndum sobre la reforma constitucional en el que el primer ministro Matteo Renzi se juega su futuro político.
Según un informe reciente de Goldman Sachs sobre la ampliación de capital de MPS: "Si el referéndum se celebra a finales de noviembre, será difícil completar la emisión de derechos de suscripción, que suele necesitar cuatro semanas, antes de la fase de ralentización estacional de los mercados en diciembre".
Y subraya que la dificultad aumentará si ganan los opositores de Renzi, ya que los inversores, en caso de fracasar la reforma estrella del Gobierno, preferirán esperar a que se aclare la incertidumbre política. Goldman Sachs avisa, además, que la victoria del "no" (cuya probabilidad según los analistas se sitúa alrededor del 40%) podría tener efectos negativos incluso sobre otros bancos.
"Un Gobierno sólido que sigue sobre el camino de las reformas para estimular el crecimiento, templaría los temores de los inversores"; al contrario, "turbulencias políticas en otoño y una ralentización de las reformas disminuirían las posibilidades de una solución de mercado a los problemas de los bancos y aumentaría el riesgo de una restructuracion liderada por el Gobierno"; algo que según Goldman Sachs, "complicaría aun más la situación".
