Casi un año ha estado investigando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, a Banco Madrid. El estudio, que se ha llevado a cabo de manera paralela al realizado por las autoridades estadounidenses a su matriz andorrana BPA, ha concluido que existen indicios suficientes, por loq ue el Sepblac ha decidido que sea la Fiscalía Anticorrupción la que determine si lleva el caso a los tribunales para que se determine si existen delitos y se depuren todas las responsabilidades.
La investigación del servicio español se inició en febrero pasado y pudo iniciarse a raíz de la regulación de 3,4 millones que la familia Pujol tenía en Andorra, operación que se hizo a través de Banco Madrid, entidad que está controlada desde el miércoles por el regulador de nuestro país.
Las autoridades de Estados Unidos señalaban en su informe a España como centro del presunto blanqueo de capitales de BPA, por lo que no sería descabellado que el grupo andorrano utilizara a su filial afincada en Madrid.
La entidad, de demostrarse los indicios delictivos detectados por Sepblac, se enfrenta a una retirada de su licencia operativa en nuestro país y, por tanto, a su liquidación.​
