CatalunyaCaixa y Novagalicia necesitarán 9.000 millones de euros adicionales del Estado para poder cumplir con las previsiones exigidas este año por el Gobierno en los últimos decretos de reforma del sistema financiero español, según indicaron a Servimedia fuentes financieras. Fernández Ordóñez y Rato no comparecerán por ahora en la subcomisión del FROB.
Esta cifra ha sido revelada por el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso de los de la subcomisión de control del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
Hay que recordar que ambas entidades ya han sido nacionalizadas por el Estado. Según Aríztegui, cada una de ellas necesitaría alrededor de 4.500 millones de euros.
No obstante, sendas entidades están en proceso de subasta y el Ejecutivo sólo tendría que inyectar ese capital en el caso de que finalmente no se lograse ejecutar la misma. Recientemente, el propio ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, reconoció que estaban todas las posibilidades abiertas sobre la subasta ante el nuevo escenario abierto por la crisis de Bankia, que recibirá del Estado hasta 19.000 millones de euros adicionales.
Más provisiones
El Gobierno ha aprobado el aumento de provisiones del sistema financiero español en dos ocasiones. En febrero, se aprobó un requerimiento de capital para cubrir el 45% de los activos los activos ligados al sector promotor que ascendieron a 54.000 millones de euros.
El pasado mes de mayo, se aprobó la segunda reforma financiera en la que el Ejecutivo decidió aumentar del 7% al 30% la provisión genérica de los bancos para cubrir un hipotético deterioro de los activos no problemáticos, que se sitúan en los 123.000 millones de euros. Lo que en la práctica supone provisionar 30.000 millones más.
El Gobierno explicó que estas nuevas provisiones de la banca se realizarán con cargo a los resultados y que aquellas entidades que tras este proceso de saneamiento presenten déficit de recursos propios o de capital principal tendrán que capitalizarse en el mercado o, en su defecto, podrán solicitar ayuda al Estado.
El Gobierno pide otros 30.000 millones a la banca 
