María Abascal preside desde enero el Comité Ejecutivo de la Federación Bancaria Europea (EFB, por sus siglas en inglés), el órgano de gobierno donde se fijan las prioridades estratégicas y las líneas de actuación de una industria que aglutina más de 3.000 entidades. La urgencia número uno del sector es frenar el imparable tsunami regulatorio que sufre desde hace décadas. Con solo evitar las capas supervisoras discrecionales que se superponen a la regulación base internacional, las grandes entidades del Viejo Continente tendrían un pulmón adicional para financiar hasta 4 billones de euros extras justo cuando Europa precisa movilizar ingentes inversiones estratégica, apunta la también directora general de la Asociación Bancaria Española (AEB).
¿Qué importancia tiene para la banca española que usted presida el Comité Ejecutivo de la organización que es la voz del sector en Europa?
La Federación Bancaria Europea es una institución muy importante que representa a las asociaciones de 33 países del Espacio Económico Europeo y a más de 3.000 bancos de todo tipo y dimensión. Para mí es un privilegio y un orgullo, y la elección refleja la importancia que tiene el sector bancario español en Europa. Se ve como un sector fuerte, líder, innovador y con influencia. Es un reconocimiento a esta situación, a la fortaleza y a la competitividad de los bancos españoles. Y. desde luego, tenerlo en este momento tan particular, donde pasan tantas cosas en Europa, es una gran responsabilidad.
¿Por qué es tan crítico conseguir una simplificación regulatoria?
Hay un diagnóstico muy compartido de que Europa, si quiere seguir siendo relevante a nivel internacional, tiene que dar prioridad al crecimiento y a la competitividad. Y los informes de Draghi y de Letta apuntan como una de las principales palancas esta simplificación regulatoria, que es un clamor en todas las industrias. No es un tema específico del sector bancario. En nuestro sector nos encontramos, por un lado, con una complejidad del marco institucional: hay más de 20 autoridades, reguladores, supervisores, agencias y además creciendo, porque ahora tenemos a AMLA (autoridad contra el blanqueo de capitales) y no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial. Tenemos además una intensidad en el volumen de las normas: solo en la legislatura pasada en Europa se aprobaron 13.000 normas y en Estados Unidos 5.000. Y además se añade la complejidad del reporte en sí mismo de la normativa. Uno de los ejemplos más ilustrativos ha sido la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) que pedía más de 1.400 indicadores para reportar la situación de ESG. Ninguna empresa se gestiona con 1.400 indicadores. Luego está además el proceso: tardamos hasta dos años y medio en ponernos de acuerdo para aprobar las normativas y siempre, por defecto, tenemos cláusulas de revisión de forma que la regulación está en constante cambio en las distintas materias...
¿Y sin pausa?
Llevamos más de 15 años con esta intensa reforma regulatoria después de la crisis financiera internacional de 2008 y hemos sufrido un auténtico tsunami normativo. En Europa solo existe un objetivo que es la estabilidad financiera que, por supuesto, no cuestionamos y es importantísimo porque es un bien público fundamental, pero en otras jurisdicciones vemos que tienen un objetivo secundario que es el crecimiento y la competitividad. Lo que pedimos es eso: que se equilibre de alguna forma el objetivo de estabilidad financiera con una sensibilidad o una toma en consideración de cuestiones de crecimiento y competitividad. Reino Unido, por ejemplo, está en un proceso de revisión muy profunda en este sentido. Se han creado ya grupos de trabajo en la Comisión Europea, en la Autoridad Bancaria Europea (EBA), en el Banco Central Europeo (BCE) y el propio Banco de España ha creado un grupo de trabajo. Vemos que los gobiernos son cada vez más vocales: en Alemania, Francia, Italia están siendo muy, muy vocales. También hay una carta conjunta y, es una novedad, de los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Francia, Italia y España pidiendo simplificación. Es decir, hay una determinación política, pero es importante que esto cale en los equipos técnicos y que cambiemos el proceso.
¿Resuelve algo que Bruselas haya retrasado la plena implementación de Basilea III a 2027 como ya hecho Reino Unido o EEUU?
Se ha pospuesto un elemento, el Fundamental Review of the Trading Book, la parte más de mercados y con una posibilidad de que pueda utilizarla quien voluntariamente quiera. El resto de Basilea III está en vigor. Nosotros, como sector, no estamos pidiendo una desregulación, no estamos pidiendo abrir Basilea III. Nos parece bien porque nos da certidumbre. El problema nos viene de los añadidos de capital o del endurecimiento que se produce con los desarrollos regulatorios y un marco macroprudencial excesivamente complejo. Tenemos demasiados buffers que no existen en la legislación internacional. Un estudio reciente de la Asociación Mundial de Profesionales del Riesgo (GARP) revela que entre los años 2021 y 2024, solo las 15 principales entidades han sufrido un incremento de su capital en 100.000 millones por la actuación discrecional del supervisor, como pueden ser la fijación de determinados buffers más allá de lo que dice Basilea o inspecciones in situ o interpretaciones. Solo en 2024 y fruto de esas actuaciones discrecionales, las entidades soportaban 270.000 millones de euros en capital adicional. Esto supone que la banca europea podría prestar entre 2,74 y 4 billones menos de crédito. Por cada 100 puntos básicos más de capital el crédito cae un 10% y ocurre en un momento en el que Europa tiene unas importantísimas necesidades de financiación y el 75% de la financiación europea es bancaria.
¿Están el supervisor y al regulador abiertos a quitar esa capa de elementos singulares que penalizan al sector?
Ese es el trabajo que tenemos ahora encima de la mesa. Hay determinación política y es importante que se genere conciencia, que haya un cambio de mentalidad que aprovechemos y que se sea ambicioso y que actuemos rápido. En el horizonte hay un informe importante para estos trabajos: la Comisión Europea va a analizar la competitividad del sector bancario en 2026. Y luego, como temas de más largo plazo, habría que analizar si hay solapamientos entre las instituciones y reguladores. Muchas veces trabajan en silos y no tenemos una visión holística de todos los requerimientos que se están pidiendo al sector y qué impacto tiene eso sobre la competitividad. Se trata de cambiar de mentalidad para que los reguladores, velando por la estabilidad financiera, puedan incorporar también el análisis de competitividad del sector. Reino Unido ya lo está haciendo y Estados Unidos ha dicho que lo va a implementar. Europa no se puede aislar, hay que reducir las cargas burocráticas. Un informe reciente de PricewaterhouseCoopers (PwC) decía que el nivel de capital se ha multiplicado por tres si tomamos en cuenta los requerimientos de MREL. O sea, la solvencia, la robustez y la fortaleza del sector están fuera de cuestión, sobre todo porque has multiplicado por tres los requerimientos de capital y, en cambio, el riesgo está en mínimos. Y el sector bancario es más importante que nunca ahora para financiar todos estos retos que Europa tiene por delante: la descarbonización, la innovación, el gap tecnológico, la defensa... Está claro que con recursos públicos no se puede financiar la dimensión de los retos que tenemos.
Bruselas está impulsando precisamente la llamada Unión de Ahorros e Inversiones para movilizar el ahorro hacia las inversiones productivas que se necesitan... ¿Basta con poner etiquetas a los productos o hay que activar otras palancas?
La banca está a favor de que se profundice esta Unión de Ahorro e Inversiones y que desarrollen más los mercados de capitales. En Europa tenemos ahorros y, es verdad, que muchas veces acaba en compañías extranjeras, en compañías americanas. Se está planteando el lanzamiento de la etiqueta, que tiene una serie de criterios de inversión. Esto va a funcionar siempre y cuando tenga un incentivo fiscal. Sin el incentivo fiscal es complicado apelar solamente al sentimiento patriótico del inversor porque pones una serie de condiciones a la inversión y a cambio tienes que compensar con el incentivo fiscal.
¿Dificulta la normativa a la banca financiar el sector de defensa?
La defensa es una prioridad en Europa. Es un sector de valor añadido y que puede generar puestos de trabajo. No existe un obstáculo regulatorio como tal y la banca está preparada para financiar. Los problemas ahí son como los de cualquier sector: las grandes empresas no tienen ningún problema, pero si tienes un mundo de empresas más atomizadas pueden tener algo más de dificultad. Vemos que hay una determinación política por apoyar a este sector y por parte de instituciones públicas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) u otros organismos y, desde luego, el sector bancario también estará ahí.
La FBE salió en apoyo el año pasado de la banca española y en contra del impuesto para el sector ¿Qué perjuicios entraña que los gobiernos utilicen los impuestos especiales para atender las necesidades de programas políticos?
No descubro nada si te digo que no compartimos este impuesto. Pensamos que es un impuesto político y que no tiene un fundamento técnico. Entonces preocupa porque, al final, resta atractivo y resta competitividad a un sector.
Se avecinan normativas como el reglamento FiDA y el open finance que obligarán al sector a compartir los datos de manera casi absoluta. ¿Qué riesgos entraña esa nueva regulación?
El sector siempre va a estar a favor de la innovación y de una estrategia digital coherente y proporcional. Nosotros siempre hemos defendido un marco de compartición de datos intersectorial porque es ahí donde se producen los beneficios de la economía del dato y ahí es donde se va a poder ofrecer al ciudadano esa innovación y esos servicios de valor añadido en sus productos y servicios. Con FiDA lo único que se hace es profundizar dentro del sector financiero sin que pueda haber datos de otros sectores y esto es un enfoque muy limitado. Esto, por otro lado, genera inversiones gigantescas para crear los esquemas y abrir multitud de datos. Entonces lo que pedimos es que, por lo menos, se revise para que sea en función de una demanda real del mercado. No tiene sentido abrir todos los datos si luego no se van a usar porque sería ser ineficientes y dedicar los presupuestos de innovación de los bancos a cuestiones que no se van a utilizar.
El BCE está decidido a lanzar el euro digital, ¿por qué no les convence?
Europa no parte de cero, precisamente tiene unas soluciones privadas que son muy exitosas. En España tenemos Bizum, con 29 millones de usuarios y creciendo en funcionalidades. Recientemente se ha hecho público además una alianza entre las soluciones privadas de European Payments Alliance (EuroPA), donde participa Bizum; y Wero, que es la solución de Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Si llega a emitirse el euro digital se tienen que analizar bien los riesgos, los impactos, y evitar que expulse a estas soluciones privadas que ya vemos que son muy exitosas y que posiblemente puedan garantizar ese objetivo de soberanía en los pagos europeos que se persigue más rápido que un euro digital. Un informe de PwC cifra en 18.000 millones el coste de implementar el euro digital para la banca europea en cuatro años. Eso son 110 millones por entidad, en el rango bajo. Cuando estamos hablando de competitividad, utilicemos lo que ya existe y funciona adecuadamente y donde no llega la solución privada, pues hablemos de colaboración.
Bruselas ha abierto expediente a los gobiernos de España e Italia por las opas de BBVA y UniCredit. Dice que obstaculizan la creación de colosos europeos, las necesarias fusiones...
Con la opa en curso, que afecta a dos entidades bancarias españolas, hemos mantenido una escrupulosa neutralidad y no voy a poder decir nada. Si me preguntas por la dimensión europea de las fusiones transfronterizas, sin duda, hay una frustración de que, al final, no se producen avances. El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuantificaba en un reciente informe que tenemos barreras en el mercado interior europeo que son equivalentes a un arancel del 45% en bienes y del 110% en servicios. Entonces, efectivamente, si abordamos estas barreras conseguimos importantes beneficios en términos de crecimiento y competitividad y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y para eso ¿qué necesitamos? Sin duda que se complete la Unión Bancaria con la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos europeos y tenemos que seguir profundizando también en la armonización de determinadas legislaciones.