En un panorama internacional cada vez más incierto, la capacidad de un país para garantizar la resiliencia y seguridad de sus sistemas de pago es crucial. Con el crecimiento que están experimentando los pagos digitales, es paradójico que en Europa una parte significativa de esas operaciones está en manos de proveedores no europeos. Es en este contexto, en el que el euro digital se erige como un elemento clave para garantizar la autonomía estratégica de estados como España. Así lo puso de manifiesto Ana Puente Pérez, subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, durante el IV Foro Neobancos, celebrado por elEconomista.es.
"El entorno internacional actual nos hace ver este proyecto de una forma renovada y distinta a como lo veíamos en junio del año 2023 cuando se lanzó la propuesta. Desplegar infraestructura puramente europea para facilitar esta representación digital de la moneda única nos hará más resilientes". Por tanto, añadió, "esa autonomía estratégica de la que tanto se habla puede verse muy reforzada con este proyecto". Puente Pérez quiso recordar que el euro digital "no viene a sustituir al efectivo".
Por otro lado, el euro digital "irrumpirá como un medio de pago más y, por tanto, tiene que mirar lo que ya hay en el mercado, siendo complementario, aprovechando sinergias con todas la iniciativas privadas que ya hay para mejorar este sistema de pagos instantáneos".
A este respecto, si algo caracteriza el entorno actual en lo que a sistemas de pago se refiere es la proliferación del fraude. "Los procedimientos de autenticación del cliente son, sin duda uno de los ámbitos en los que más se ha evolucionado y también es donde ha aparecido uno de los principales riesgos a los que se enfrenta ahora mismo el sistema financiero: el fraude", destacó Puente Pérez. "Ahora mismo estamos en un entorno en el que los clientes que sufren fraude autorizan las operaciones bien bajo engaño, error o sujetos, probablemente, a una presión de ingeniería social y a este riesgo tenemos que hacerle frente". Además, cabe recordar que toda esta presión al consumidor se desarrolla, generalmente, por medios tecnológicos como SMS, llamadas telefónicas o correos electrónicos.
Para poder combatir esta situación, la subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio destacó tres vías. Por un lado, la prevención. "Hasta ahora estaba siendo complicada la compartición de datos de clientes por la limitación de la normativa de Protección de Datos, pero se ha mejorado para establecer que cuando el objetivo es la lucha contra el fraude y, bajo determinadas condiciones, está compartición de datos no solo puede darse sino que desde los actores públicos pensamos que debe darse".
En segundo lugar, Puente Pérez señaló el reparto de responsabilidades. Cuando se ha producido el fraude, habiendo un proceso de autenticación, el reembolso al usuario se complica. La Comisión Europea en su propuesta ya expone que si el interlocutor de ese cliente era el banco de manera fraudulenta, hay derecho de reembolso. "Esta medida hay que articularla muy bien para que no genere inseguridad jurídica, pero es un paso adelante para la protección del consumidor que no tiene ni los medios ni la capacidad para prevenir ni para identificar o poder reaccionar un intento de fraude".
Eso sí, mejorar esta protección no puede "desincentivar la diligencia del propio cliente, es decir, la responsabilidad tiene que estar también adecuadamente repartida". ¿Cómo se consigue? Con "educación financiera". De no hacerlo, "estaríamos desequilibrando el marco jurídico".
Con todo, en este proceso de digitalización la ciberseguridad es transversal. Teniendo en cuenta que la tecnología aparece en una parte importante de la cadena de valor en lo que a la prestación de servicios financieros se refiere, "esa tecnología tiene que ser resiliente y segura". En este sentido, el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA), entiende la ciberresiliencia desde dos ámbitos: en primer lugar, la disponibilidad de las plataformas. "Tiene que haber procesos, políticas y medidas que garanticen la disponibilidad de las plataformas". Y, en segundo lugar, la seguridad, es decir evitar ciberataques. "A nivel nacional sí nos corresponde hacer un régimen sancionador poniendo el foco en la prevención".
El tercer pilar que subrayó la subdirectora fue el de la cooperación con las telecos. Estos proveedores de servicios de telecomunicaciones son en gran parte de los casos la entrada del fraude y si bien "ha habido muchísima discusión creo que se ha llegado a un buen acuerdo en el que una obligación de cooperación por parte de las empresas de telecomunicaciones para la compartición de datos pueda implementarse y pueda contener un poco la dinámica actual de fraude financiero que, desgraciadamente, estamos sufriendo. Todo ello con pleno respeto a su propia normativa de telecomunicaciones".
No dejar a nadie atrás
Todo este proceso de digitalización "no puede dejar a nadie atrás, principalmente a aquellos colectivos cuyos conocimientos tecnológicos, su edad o su lugar de residencia les puedan dejar en una peor posición para aprovechar las ventajas de la digitalización", sentenció Puente Pérez. De este modo, "preservar la inclusión financiera es clave para que este proceso sea beneficioso para todos".
Desde hace años el Ministerio y el Banco de España trabajan con la banca en un ejercicio de autorregulación que está dando muy buenos resultados, precisamente, en mejorar la atención presencial, personalizada y en municipios en determinadas zonas de España.
Simplificar la normativa
Otro de los aspectos que quiso remarcar la subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa fue la prolija normativa, ya que "para poder competir, necesitamos simplificar la normativa que hemos ido construyendo en los últimos años muy extensa y, en algunos casos, con una carga burocrática excesiva", reconoció.
Ahora bien, esta simplificación no es una "desregulación, no estamos renunciando a nuestros objetivos de política financiera. Los principios del mercado de pagos de minoristas únicos siguen ahí. Lo que hay que plantearse es si para alcanzar esos objetivos son necesarias todas esas obligaciones o hay otro camino más simplificado".
Con todo, Puente Pérez recalcó que hay que "minimizar la carga burocrática a lo imprescindible y lo necesario para que las entidades puedan reservar recursos a lo que tienen que hacer: prestar sus servicios, producir sus productos, crecer y competir con empresas de otros países".