Madrid
Las patronales bancarias AEB y CECA han emprendido acciones legales contra el nuevo impuesto a la banca, interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que aprueba el modelo de autoliquidación y pago fraccionado del tributo, publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado. Las dos organizaciones ya habían anunciado su intención de recurrir el nuevo impuesto, aunque ha sido ahora cuando han presentado el recurso.
Estas acciones inciden en el rechazo que ya expresó el sector el pasado mes de noviembre, cuando esta nueva figura se incorporó al sistema tributario para dar continuidad al gravamen extraordinario sobre la banca creado en 2022 por efecto de los grandes beneficios cosechados por las entidades financieras con altos tipos de interés.
El impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras se creó con el paquete fiscal aprobado en diciembre de 2024 y sustituye al gravamen temporal establecido en 2022 para contribuir a sufragar los costes asociados a la guerra en Ucrania. De esta manera, el gravamen temporal se convierte en un impuesto que estará en vigor, en principio, durante tres años y que grava el margen de intereses y comisiones con tipos progresivos que van del 1 al 7%, aunque permite una deducción del 25% en el impuesto de sociedades y otra extraordinaria si la rentabilidad de la entidad baja de un determinado umbral.
Tras la publicación de la orden ministerial, las patronales insisten en su rechazo al impuesto por sus graves efectos para la financiación de familias y empresas, su impacto negativo para la inversión y, en general, su perjuicio al conjunto de la economía. AEB y CECA recalcan, además, que la banca española es la única gravada por un impuesto de este tipo en Europa, lo que supone una merma competitiva respecto al resto de entidades bancarias europeas.
Al igual que ocurrió con el gravamen extraordinario, el Banco Central Europeo (BCE) se pronunció en diciembre de 2024 en contra de este nuevo impuesto y advirtió de sus efectos adversos, entre otros motivos, por "limitar la capacidad de las entidades de conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios", además de poder producir "consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito".
La crítica del BCE ha sido respaldada recientemente por el Banco de España en su Informe de Estabilidad Financiera de Primavera, no solo por sus efectos negativos sobre el crédito y la capacidad de hacer frente a perturbaciones, sino también porque "puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo". También el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reciente informe, publicado en abril, solicita al Gobierno de España "discontinuar" este nuevo impuesto.
