El Banco Central Europeo (BCE) ha elevado el mensaje de urgencia sobre la necesidad de tener un esquema europeo de pagos en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y la impredecible hoja de ruta de Estados Unidos con Donald Trump. El organismo inició en 2020 el análisis sobre la creación de un euro digital y, aunque el proceso consumirá aún largos meses, trabaja para su completa definición a falta de una regulación que permita el lanzamiento. No tomará, de hecho, la decisión final sobre la acuñación sin la necesaria reglamentación.
Y es justo ahí donde el debate puede abrirse por completo porque hay una corriente dentro del Europarlamento que tramitará, en última instancia, su normativa que secunda sin fisuras la preocupación del BCE por armar un sistema propio para los pagos, pero considera que el euro digital debería ser la última opción si la banca vuelve a fracasar en el montaje de una solución privada. La principal reticencia anida en un riesgo que expertos del propio BCE ya observaron en uno de sus primeros informes: que exacerbase las corridas bancarias si, en un momento de incertidumbre, los ciudadanos ordenan el trasvase de sus depósitos al organismo. Una derivada de tal eventualidad, identificada en dicho estudio, sería el peligro de distorsionar la transmisión de la política monetaria si encarece el crédito por dificultar a la banca el fondeo via depósitos -cuando el organismo baja los tipos para estimular la economía busca justo lo contrario: abaratar la financiación-.
Para prevenir el riesgo se barajó en algunos estudios fijar un límite de dinero disponible en la billetera del euro digital, sin que se haya decidido ni definido aún. La preocupación expresada por las fuentes europarlamentarias consultadas es que dicho tope quede casi "escrito en piedra" para evitar la tentación de subirlo en mitad de una crisis por urgencias cortoplacistas que perjudiquen al sistema a largo plazo.
Grandes necesidades de inversión
Otras fragilidades que observan al proyecto del euro digital es que el mundo de los pagos cambia permanentemente y requiere grandes inversiones para, incluso, anticiparse a los ciberdelincuentes. Un proyecto público no dispone, por definición, de grandes presupuestos.
Lo que no encuentra discrepancias en foro político ni financiero es que Europa, más que nunca, necesita un esquema de pagos porque la mayoría de operaciones dependen de proveedores de EEUU y China (Visa y MasterCard para las tarjetas, y PayPal, Alipay, Google Pay, Apple Pay, etc, para pagos móviles). El temor no es, en absoluto, hacia estos gigantes con los que se trabajado siempre sin problema alguno sino a la tentación de que, en el contexto de crecientes tensiones geopolíticas, los pagos sean vistos como un arma más a utilizar o esas infraestructuras críticas se conviertan, incluso, en una diana mayor para dirigir ciberataques.
El BCE lleva décadas alentando la creación de un esquema europeo propio para tener soberanía en los pagos e, incluso, apadrinó la constitución en el año 2020 de la Iniciativa de Pagos Europea (EPI, por sus siglas en inglés) que originariamente contaba con 16 bancos de España, Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos como promotores y a los que se sumaron italianos y portugueses. La banca española llegó a formar parte, de hecho, casi en su integridad, pero luego se descolgó del proyecto junto a los lusos e italianos. La EPI quería crear un esquema desde cero y montó Wero, el competidor directo a los esquemas que se aglutinaron en la iniciativa EuroPA con vocación de crear un gran sistema con la interconexión de los existentes -aquí se radica Bizum (España y Andorra), Bancomat Pay (Italia) y SIBS (Portugal)-. Sin embargo, en los últimos tiempos algo cambia y se establecen contactos entre ambos para recuperar el proyecto común, una vez convencida también la iniciativa EPI de la posibilidad de ensamblar herramientas diferentes.
Hay altas expectativas de que esta vez la banca monte la estructura. Los trabajos del BCE pueden ahí surtir, incluso, de acicate al trasladar el mensaje de que si no avanza el proyecto privado se impondrá el euro digital. Y, aunque estos trabajos van avanzados, el mismo proceso ofrecería a las entidades financieras un segundo estímulo: la ley tardará en elaborarse y aprobarse, un tiempo que da muchos meses de margen para ayudar a construir su esquema. Incluso si hay buen entendimiento tienen que anexionarse más sistemas de otros países y extender la ejecución de pagos de particulares a comercios electrónicos y físicos.
Si el euro digital prospera el BCE daría un osado paso que poquísimos bancos centrales en el mundo han decidido recorrer aunque casi todos lo han estudiado. E, incluso, con un esquema privado el euro digital podría encontrar espacios a cubrir como son, por ejemplo, las operaciones off line o en zonas sin cobertura telemática, a modo más de pago en efectivo.