La opa de BBVA sobre Sabadell tiene visos de extenderse aún varios meses en el tiempo. Se esperaba que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tuviese una resolución en la primera parte de abril con remedies asumibles para BBVA, pero el organismo habría pedido un esfuerzo adicional en algunos de los compromisos presentados susceptible de retrasar el desenlace final de la operación a la vuelta del verano y llegar, incluso, a noviembre.
Con todos los focos encima por la hostilidad de la transacción y la movilización en contra de diferentes organizaciones empresariales, el organismo presidido por Cani Fernández está enfrascado en un análisis donde el trabajo técnico sea amparado por sus consejeros y no reciba enmienda fuera sobre su escrupulosa elaboración. Según las fuentes consultadas, la solicitud a BBVA abriría dos escenarios alternativos: el banco opta por volver a negociar los compromisos, como ha hecho hasta ahora, o descarta entrar en nuevas conversaciones, algo que no se espera.
En este último escenario, la CNMC podría imponer condiciones extras a la batería de compromisos y emitir una resolución. Si BBVA continua con la interlocución para aportar criterios que resuelvan por completo los reparos del organismo, el organismo lanzaría después un test de mercado para que se evalúe si resultan suficientes para mitigar los riesgos observados.
La institución ya realizó una consulta así antes llevar la concentración a un análisis exhaustivo (Fase II). Estos ejercicios son susceptibles de incluir en el estudio a muy diferentes actores como la banca competidora, asociaciones empresariales, usuarios e, incluso, gobiernos regionales.
Según las fuentes consultadas, lo habitual en estos contrastes es que se conceda a las partes consultadas 10 días para cumplimentar el cuestionario que les formulen. Después la CNMC deberá analizar la información recibida y que podría ser compleja, con riesgo de que los trabajos se compliquen y el dictamen no llegue antes de Semana Santa.
Análisis del Gobierno
La Dirección de Competencia elevará después su informe al Consejo de la CNMC para su aprobación. Se da por descontado que aprobará la transacción con remedies, pero su dictamen solo será firme tras pasar por el Ministerio de Economía -no lo necesitaría de salir sin compromisos-. El Ministerio dispondrá de 15 días para decidir si lo eleva al Consejo de Ministros, que contaría a su vez con un mes para ajustar o no los remedies si advierte riesgos distintos a los de competencia. El último permiso lo debe emitir la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) con la aprobación del folleto de la opa donde se recogerán las diferentes aprobaciones, con todas sus condiciones y letra pequeña.
BBVA confiaba en que los accionistas de Sabadell pudiesen decidir antes del verano, pero los plazos van justos para que todos los trámites se completen antes de julio, máxime si el Gobierno advierte riesgos porque podría parar el reloj para su análisis.
Si el proceso acaba a finales de junio o en julio es factible que BBVA prefiera retrasar la apertura de la ventana de adhesión a la opa tras el verano por el riesgo de que los accionistas no decidan en plenas vacaciones. La ley fija entre 15 y 70 días el plazo para mantener abierta la ventana de adhesión. Según fuentes del mercado, es usual que se consuma el plazo máximo en opas hostiles e, incluso, que se aprovechen los últimos cinco días que habilita la ley para intentar convencer a los inversores más remisos con una mejora del canje, aunque BBVA ha reiterado que no mejorará la oferta.
