Madrid
El Gobierno considera la decisión del Banco Sabadell de devolver su sede social a Cataluña como una señal de normalización política en la comunidad autónoma. "Tiene mucho sentido porque el proceso de normalización que se ha producido en Cataluña hace que hayan desaparecido las condiciones que dieron lugar a su salida", dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a Onda Cero.
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha expresado este miércoles el "respeto máximo" del Gobierno a la decisión del Banco Sabadell de devolver su sede social a Cataluña. López, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha interpretado además esta decisión como "una señal más de normalidad en Cataluña y, por tanto, de normalidad en España".
"Todos recordamos de dónde venimos, todos recordamos todo lo que se ha dicho y una vez más creo que este Gobierno ha hecho un esfuerzo y ha demostrado que se podía avanzar, no solamente en materia económica, de creación de empleo, también de cohesión territorial, también de entendimiento, también de paz social y creo que es muy importante que estemos discutiendo de estas cosas frente a lo que discutíamos hace pocos años", ha subrayado al respecto.
El consejo de administración de Banco Sabadell tiene previsto celebrar una reunión extraordinaria este miércoles con el fin de debatir sobre el traslado de su domicilio social a Sabadell desde Alicante. De este modo, Banco Sabadell regresará a Cataluña, de donde salió hace ya más de siete años, el 5 de octubre de 2017, en pleno procès catalán.
Este movimiento se produce en un contexto marcado por la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Sin embargo, en opinión de Cuerpo, la decisión de volver a Cataluña "no tiene ningún elemento de impacto cruzado" con la OPA del BBVA, y lo relaciona únicamente con el proceso de normalización política producido en Cataluña.
En el plano político, también coincide en el tiempo con la presencia del socialista Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat, a la que accedió el pasado verano de 2024, y en el marco de las negociaciones del Gobierno con los independentistas catalanes, incluido el trámite de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
