El Gobierno ha modificado el Anteproyecto de ley de servicers -plataformas que gestionan la recuperación de deuda morosa originaria de la banca- para ayudar a los deudores vulnerables sin perjudicar la venta de carteras de activos improductivos, pero la nueva normativa aún despierta recelos. El Consejo Económico y Social (CES) cree que el protocolo fijado para proteger a dichos vulnerables "condiciona la capacidad de maniobra de las entidades financieras españolas a la hora de gestionar el riesgo de impago".
La normativa hizo saltar las alarmas de la industria en su redactado original porque exigía a los bancos ofrecer al cliente vulnerable la posibilidad de cancelar su deuda si se empaquetaba en un porfolio para venderla con solo pagar el precio pactado con el inversor antes de que se produjese la transacción.
La normativa traspone una directiva europea que persigue ayudar a la banca a enajenar los activos tóxicos para mejorar su capacidad de financiar la economía y el sector advirtió de que la imposibilidad para la banca de conocer esa situación de fragilidad frenaría la venta de carteras.
Avisó, además, de que garantizar las mismas quitas que se aplican en ventas de carteras de deuda morosa introducía el incentivo perverso de fomentar el impago para poder dejar atrás el crédito pagando los precios de su desinversión.
El nuevo redactado de la normativa ataja ambos problemas fijando que será el deudor el que acredite su condición vulnerable cuando se le notifique que su deuda ha sido vendida y ahora exigirá a la banca que le diseñe un plan de pagos a medida, condicionado a que siga pagando su crédito, pero con diferentes quitas.
El Consejo Económico y Social valora positivamente los cambios en el informe emitido sobre el nuevo redactado de la ley el pasado 14 de noviembre, pero avisa de que el corsé del plan de pagos, "incluyendo el esquema de quitas, limita la capacidad de maniobra de la banca para "gestionar los riesgos de impago".
El organismo aboga por "encontrar un mejor equilibrio" entre la "necesidad de crear un entorno apropiado" para que la banca y los establecimientos financieros de crédito "puedan hacer frente a los créditos dudosos en sus balances y reducir el riesgo de una acumulación futura" y mejorar la protección de los consumidores, de manera específica los vulnerables.
El CES recuerda que la normativa transpone una directiva que persigue armonizar el tratamiento en la venta y gestión de dudosos en Europa para ayudar mantener la estabilidad financiera y "fomentar la concesión de créditos, a fin de generar empleo y crecimiento en la UE".
Valora que los planes de pago se limiten a vulnerables con créditos al consumo, ya que la situación para los titulares de préstamos hipotecarios se encuentra regulada en los Códigos de Buenas prácticas pero cuestiona que la percepción del ingreso mínimo vital (IMV) deba ser el parámetro que califique esa vulnerabilidad por sus "problemas de implementación".
Aconseja además que la información sensible y confidencial que deberá compartir la banca sobre la deuda que enajenen se limite a inversores "seriamente interesados".
Las compañías especializadas en la recuperación de deuda gestionaban en 2022 -últimos datos publicados- créditos y activos inmobiliarios por valor de 436.407 millones de euros. Su gestión permitió recuperar 10.116 millones, cifra equivalente al 1% del PIB nacional. Las compañías del sector dan trabajo a más de 20.000 personas y su principal cliente es la banca, para la que gestionan activos por valor de 191.793 millones.
