La Agencia Tributaria ha puesto foco en el impuesto extraordinario de la banca y reclama cuantías adicionales. El organismo ha abierto una inspección sobre el gravamen en su liquidación de 2023 y ha empezado a circular cartas a diferentes entidades por haber satisfecho un abono inferior, en su opinión, al debido, según avanzó Bloomberg.
El sector ha abonado alrededor de 3.000 millones en los últimos dos ejercicios al cargar el tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas generadas por las entidades por su negocio en España estipulado en la figura fiscal que el Gobierno aprobó en origen para dos años, ha prorrogado en un ejercicio adicional y baraja convertir en indefinida.
El dispar cálculo se derivaría de discrepancias en la interpretación de lo que se considera como base imponible y que ya fue objeto de dudas cuando se creó el gravamen.
Se perimetró su afectación al negocio generado en España -a los ingresos obtenidos vía margen financiero y comisiones-, pero desde el origen surgieron dudas sobre si la aplicación era a la actividad bancaria típica ligada a los créditos y a la captación de ahorro vía cuentas y depósitos o también extensible a la generada por filiales de gestión de activos o aseguradoras.
La disparidad en el cálculo podría venir por la exclusión de algunas de esas subsidiarias o actividades, explican fuentes al corriente de la situación. La actuación inspectora se encuentra, en cualquier caso, aún abierta por estar en fase de alegaciones.
Se trata de un procedimiento rutinario que la Agencia Tributaria efectúa para comprobar la adecuación de las liquidaciones y, a menudo, derivan en procesos que se extienden en el tiempo.
En ocasiones, el contribuyente atiende las obligaciones fiscales aunque albergue dudas sobre su efectiva aplicación, como podría ocurrir con un tributo de cuño nuevo, para cumplir el plazo con el pago, con independencia de que el organismo clarifique posteriormente algunos extremos, indican otras fuentes.
La inspección ocurre en esta ocasión con un tributo que la industria financiera ha recurrido además en los tribunales al entender que incurre en una doble imposición y es discriminatorio. El gravamen penaliza a las grandes entidades nacionales frente al resto, dejándoles así en peor posición competitiva (exime a la banca extranjera y a todas las entidades con ingresos inferiores a 800 millones en 2019).
El Gobierno argumentó en su creación que gravaría los ingresos extraordinarios que coseche el sector por la empinada subida de tipos de interés para financiar con esos recursos las ayudas articuladas para los colectivos más afectados por el deterioro de la situación provocado por la guerra de Rusia y la subida de los precios. Sin embargo, la intención avanzada es preservar el tributo, aún cuando el BCE ha comenzado ha bajar los tipos.
