El proyecto de ley para la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero está trayendo cola en el sector asegurador.
Desde Unespa, la patronal de este negocio, reclaman que esta propuesta está principalmente "enfocada a la banca", cuando acoge a todas las entidades financieras, incluidas las aseguradoras. De ahí que Lázaro Cuesta, responsable de Asesoría Jurídica, Proyectos Normativos e Internacional de Unespa, demandara que el proyecto de ley se adecuara a la naturaleza del seguro y rebajara el importe máximo en las reclamaciones en las que el Defensor del Cliente Financiero interviene. En concreto, sería diez veces menos, de 20.000 euros que es la oferta del Gobierno, a 2.000 euros que propone la patronal.
"El importe adecuado para estas reclamaciones sería de 2.000 euros, no de 20.000 como se está planteando" declaró Cuesta en un evento organizado por AGM Abogados para hablar precisamente sobre este proyecto de ley. Afirman que este límite está pensado por litigios bancarios, pero esta Autoridad Independiente acoge a todas las entidades financieras. "Prácticamente ningún conflicto que podemos considerar del día a día entre cliente y aseguradora supera la cuantía que proponemos. Situarlo en 20.000 euros supone cualquier tomador se anime a reclamar, porque sabe que va a estar amparado por esta figura", argumentó Cuesta.
Este espoleo a enfrentarse a las compañías también puede venir, apuntan los expertos, por las tasas de reclamación. El proyecto inicial habla de que se implantará un importe de 250 euros por cada reclamación para financiar el modelo, pero siempre será la aseguradora quien abone dicha cantidad, no el reclamante.
De esta manera, el Gobierno quiere llegar a un presupuesto marcado de 20 millones de euros, que se aumentó respecto al inicial de 14 millones, en la anterior legislatura, hace justo dos años. Incluso, según Cuesta, se está planteando un nuevo aumento hasta 28 millones. El problema de esto es que esta Autoridad pretende financiarse con la acumulación de reclamaciones y las resoluciones desfavorables para las aseguradoras, pero si la financiación crece, la 'tarta' a repartir acabará siendo similar para todas las compañías.
Otros matices
La patronal también pide que haya modificaciones en lo que el proyecto de ley considera como cliente potencial. Este se refiere a cualquier individuo que haya tenido contacto con la entidad financiera, pero finalmente no se ha firmado ningún contrato. Esto, en el mundo del seguro, puede suponer un conflicto con la propia regulación del sector, que obliga a eliminar los datos tras diez días si no se llega a un contrato.
Por otro lado, el Defensor del Cliente Financiero pretende que el litigio no se alargue más de 90 días, aspecto que Unespa consideraba "positivo", ya que el plazo actual en lugares como Madrid asciende a 24 meses."
Solo consultas de carácter judicial, no técnico
El coloquio resaltó una de las limitaciones principales del Defensor del Cliente Financiero. Y es que las únicas reclamaciones que podrá acoger serán aquellas de carácter jurídico, no técnico. En el mundo del seguro, las reclamaciones son en su mayoría técnicas (es decir, que implica la actuación de peritos), mientras que las jurídicas se refieren a aspectos de cláusulas abusivas y buenas prácticas.
