La organización de consumidores Facua reclama al Gobierno que tome medidas legislativas para dar garantías a los clientes de clínicas privadas en caso de cierre de la misma y el tratamiento ya haya sido pagado. Para ello, desde Facua apuntan a la necesidad de implantar un seguro por cierre y responsabilidad civil para estas empresas y que el cliente así pueda recibir una indemnización por los servicios que no han sido realizados.
Según la asociación, se han dirigido al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy y a la ministra de Sanidad, Mónica García, para trasladar esta "necesidad de regulación" en estos sectores y "evitar la desprotección de los usuarios ante un modelo de negocio que se ha basado en el rápido crecimiento y el beneficio económico inmediato mediante la financiación vinculada a los tratamientos en perjuicio de los ciudadanos".
Actualmente no existe ninguna regulación que trate este tema, pero en 1984 la ley general preveía que el Gobierno la desarrollase para la creación obligatoria de estos seguros para esta tipología de negocios, aunque tras cuarenta años, "la situación es la misma", afirman desde Facua.
En el hipotético caso de que se creara un reglamento, Facua incide en que la información sobre los centros sanitarios debe ser "clara, completa y accesible" para los usuarios. Para ello, optan por un registro del titular de la clínica y de los profesionales médicos que trabajen en la misma, así como la cartera de servicios autorizada y facilitar los datos del seguro de ambos.
Además, la asociación insiste en las garantías de acceso y recuperación del historial clínico del paciente en caso de que el negocio cierre. Aquí, Facua explica que "debe regularse una clausura ordenada en la que existan protocolos garantistas para los usuarios afectados, que protejan sus derechos".
Los afectados
De esta manera, se pretende aportar protección y seguridad a los pacientes y evitar nuevos casos de cierres de compañías de este tipo dejando desamparados a los clientes, algunos con créditos de por medio. Hace unos meses, la propia Facua explicó que un usuario de Dentix, una clínica dental que cerró en 2020, se había visto envuelto en una denuncia por parte de la empresa crediticia, ya que dejó de abonar la cuota al cerrar el centro y no ofrecerle solución, puesto que el tratamiento quedó sin finalizar.
Ante esta situación, el cliente fue requerido por el Juzgado para abonar la cuota restante, pero como el servicio para el cual estaba destinado dicho crédito fue completado únicamente parcialmente, la jueza del caso absolvió al usuario de devolver los pagos pendientes.
Actualmente, según la Ley Concursal, los consumidores son los últimos en recuperar su dinero en la lista de acreedores. Sin embargo, en casos como el anteriormente mencionado, donde se acude a una línea crediticia para pagar un servicio, sí que tienen derecho a que no se le cobren más cuotas por un servicio que no se estaba dando.