El litigio judicial que enfrenta al fondo JZI con sus dos exgestores en España y la cúpula de Gedesco escribe una nueva etapa. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha acordado "separar" a Antonio Aynat y Javier García Escrivá, miembros de la cúpula de Gedesco Finance, y a los dos exgestores del fondo Miguel Rueda y Ole Groth y sustituirlos por administradores independientes expertos financieros.
La expulsión de los cuatro querellados la dictamina en un auto fechado el 14 de noviembre como medida cautelar a petición de JZ Gedhold BV, sociedad de JZI y dueño mayoritario de Gedesco con un 67,33% de su capital, según fuentes conocedoras del auto.
Se trata de una medida que ya había planteado la firma de capital riesgo antes del verano sin éxito en instancia penal al considerar el magistrado que la demanda correspondía a una instancia mercantil. El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia rechazó en junio la intervención judicial de Gedesco, pero sí aplicó el resto de medidas cautelares solicitadas por JZI entre las que figuraron devolver a la matriz de Gedesco Finance los derechos políticos de sus filiales.
La separación de los gestores entra en vigor de manera inmediata, con independencia de que los investigados decidan apelarla en la Audiencia Provincial, cuya resolución podría comprometer varios meses y no suspendería la decisión actual del juzgado.
Los nuevos administradores son figuras independientes que deberán analizar la situación del Gedesco matriz y sus sociedades y compartir dicha información con juzgado, plantilla, acreedores y JZI.
A pesar de contar con una mayoría accionarial que supera los dos tercios que la ley de sociedades considera suficiente para expulsar a los gestores, JZI no había podido sustituirlo a los administradores por las vías ordinarias. El pasado 13 de junio Gedesco celebró una junta de accionistas, después de que JZI lo solicitase en sucesivas ocasiones sin éxito, y su cúpula se negó a aceptar los ceses. Frente a JZI se aglutinó el 30% restante de la propiedad (un 22% en manos de Aynat y el 11% de García Escrivá) y los hoy exgestores alegaron que el fondo no alcanzaba el 80% de voto estipulado en estatutos de la compañía para proceder a una medida de tal relevancia.
El auto del juzgado valora que un pacto parasocial así busca tutelar los derechos de los accionistas minoritarios frente a decisiones voluntaristas del socio mayoritario, pero juzga como "extravagante" que pueda ser esgrimido para bloquear toda capacidad de acción del accionista mayoritario, sobre todo en un escenario de conflicto como el actual con dos bloques divididos.
