
Los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes. En España, sin ir más lejos, en los últimos años se han visto infinidad de Danas, una borrasca de nieve que paralizó el país y hasta la erupción de un volcán. Tanto, que Filomena fue la segunda borrasca más larva del siglo XXI y las olas de calor baten cada verano el récord de las más calurosas según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Estos episodios provocan daños materiales y personales a los que tienen que hacer frente las aseguradoras. Solo en los últimos seis años el seguro ha tenido que afrontar pagos por valor de más de 4.300 millones de euros por siniestros meteorológicos en el seguro multirriesgo, según datos que recoge Unespa, la patronal del sector, en la Memoria Social del Seguro. La mayor parte de ellos, el 62% se produjeron en los hogares, seguidos de la industria, donde representaron el 28,15%.
Estos riesgos han ido a más en los últimos años como consecuencia del cambio climático, frente a una ocurrencia inusual hace no muchos años. En 2020 las aseguradoras tuvieron que hacer frente a pagos por valor de 970,4 millones de euros en gran parte como consecuencia de la borrasca Gloria, que tuvo lugar entre los días 20 y 22 de enero. Solo este fenómeno supuso un coste económico de 305,7 millones, es decir, cerca del 30% del total de ese año. Filomena, por ejemplo, supuso 160,2 millones.
Este tipo de fenómenos meteorológicos también están teniendo una repercusión en los seguros agrarios que en los últimos años han tenido que hacer frente a un importante aumento de los pagos. Según datos de Unespa, en 2016 no se alcanzaron los 500 millones de euros mientras que en 2022 se superaron los 800 millones.
Unas cifras que van a seguir aumentado. De hecho, la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) estima que la siniestralidad "histórica" de 2023 se situará "cerca" de los 1.200 millones de euros al cierre del año "sin considerar gastos", como consecuencia de la "grave sequía", "los constantes frentes tormentosos" y "los daños por helada" que ha sufrido el campo, así como los siniestros que sufre el ganado "de manera continuada".
El presidente de la organización, Ignacio Machetti, augura que las cifras de indemnización previstas se elevarán "muy por encima de lo habitual, lo que da buena muestra de la utilidad de contar con una póliza de seguro agrario en años y contextos como el actual".
Y no solo se están incrementado los pagos, también lo está haciendo la contratación de seguros, que en el sector agrario ha crecido un 9% en lo que va de año, con unas primas totales que se situarán al cierre del ejercicio en torno a los 930 millones de euros, "una cifra muy alejada de las indemnizaciones y del equilibrio técnico del seguro", porque, "como en cualquier otra rama del sector asegurador, la siniestralidad se paga con primas".
Pese a que las aseguradoras ofrecen pólizas que cubren estos siniestros, cuando se producen este tipo de situaciones siempre activan dispositivos especiales de asistencia para sus asegurados. Se vio, por ejemplo, con la Dana que tuvo lugar a principios de septiembre. Entonces, Mutua Madrileña y GCO (Grupo Catalana Occidente) pusieron a disposición de sus clientes un número de teléfono específico de asistencia urgente. A través de este canal se agilizaban los trámites de los clientes que habían sufrido algún siniestro provocado por la meteolología adversa en sus domicilios y automóviles, entre otros.
Una estrategia muy similar a la que ha puesto en marcha Generali este mes de noviembre como consecuencia de los desperfectos causados por la borrasca Ciarán. A través de un número específico para esta situación ha facilitado a sus clientes toda la información sobre las gestiones y la documentación necesaria para la tramitación de los siniestros derivados de esta emergencia con la máxima rapidez posible. Además de esto, articuló una serie de medidas adicionales, como el envío de comunicaciones preventivas a los asegurados y mediadores a través de notificaciones push de la APP MiGenerali en caso de que su zona se hubiera visto afectada por el temporal.
Más papel del Consorcio
Pero no solo las aseguradoras se hacen cargo de estos siniestros. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asume parte de la ocurrencia porque es el organismo que se ocupa de los denominados riesgos "catastróficos" provocados por fenómenos de la naturaleza. Entre otros, se hace cargo de inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y/o caída de cuerpos siderales y aerolitos. Sin embargo, deja fuera de su paraguas situaciones como la histórica nevada que cubrió España, con costes millonarios para el seguro.
Según recoge el informe de Unespa, en 2021 el Consorcio solo se hizo cargo del 30% de los incidencias climáticas frente al 70% que asumió el sector. Una cifra que se ha mantenido bastante estable en los últimos años. A excepción de 2019, los cargos que han recaído sobre el organismo público no han sobrepasado el 30% (ver gráfico). Sin embargo, el año previo a la pandemia el reparto prácticamente se hizo al 50%.
El sector lleva tiempo reclamando que el Consorcio se haga cargo de más daños provocados por catástrofes naturales porque, por ejemplo, no cubre los desperfectos provocados de forma directa por la nieve o el hielo. Esto significa que no se hizo cargo de las damnificaciones provocadas por la borrasca Filomena, que costó 160,25 millones al sector.
Las aseguradoras reclaman que se amplíe la definición de las coberturas del Consorcio. "El Consorcio de Compensación de Seguros protege frente a eventos de carácter extraordinario a los tomadores de seguro con póliza en vigor y con el recibo al corriente de pago, frente a las siguientes circunstancias: inundaciones extraordinarias, desbordamiento de cauces de ríos, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas (también conocidas como Dana) y caída de cuerpos siderales y aerolitos", explica Israel Camacho, manager en el área de Corporate de Marsh España.
Pese a que el sector reclama que el Consorcio asuma un papel más protagonista en los daños climáticos, Unespa explica que su función es asumir aquellos catalogados como catastróficos y ponen como ejemplo 2019. "El seguro privado asume en su propia siniestralidad entre el 70% y el 75% de las prestaciones totales climáticas pagadas a asegurados. Estos datos son compatibles con el hecho de que la función del Consorcio no es asumir la siniestralidad climática, sino aquella de carácter catastrófico".
Por la experiencia de 2019 puede verse que "la producción de ejercicios con una siniestralidad especialmente elevada o catastrófica hace aumentar la presencia del Consorcio en las indemnización climática", matiza la patronal.
De extraordinario a periódico
El problema recae en que como consecuencia del cambio climático estos fenómenos están perdiendo la cualidad de extraordinarios y las aseguradoras no quieren que recaigan sobre ellas debido a su periodicidad. Además, hay que tener en cuenta que no puede saberse qué parte de una catástrofe ocurrida hoy es atribuible al cambio climático.
Esto ya ha provocado que dos aseguradoras norteamericanas hayan tomado la decisión de dejar de asegurar nuevos hogares en California ante el riesgo creciente de incendios. State Farm informó que desde finales de mayo ya no vende protección por accidentes a personas y pequeños negocios en el mercado más grande del país. La empresa justificó esta decisión por "los históricos incrementos en los costes de producción", una mayor y más rápida exposición a las catástrofes y al difícil entorno de la industria.
Antes ya lo había hecho la aseguradora Allstate, que desde el pasado mes de noviembre, hace un año, ha dejado de vender nuevos seguros para casas en California porque "el coste de asegurar a nuevos clientes es mucho más alto que el precio que pagarían por una póliza contra incendios, altos costes para reparación de hogares y de las primas para reasegurarse".