Barcelona
Con el fin de los préstamos antipandemia, el Institut Català de Finances (ICF) recupera sus niveles de 2019. La entidad controlada por la Generalitat incrementó la financiación otorgada a empresas por las dificultades económicas que provocó el coronavirus, pero con la recuperación económica la actividad regresó a niveles anteriores a la enfermedad. En 2022, la compañía otorgó financiación por 663,2 millones de euros, un 24% menos que en el ejercicio anterior.
La nueva consejera delegada del banco público, Vanessa Servera, que relevó en enero a Jordi Òliva, señaló que los 663,2 millones se repartieron entre la concesión de créditos, la participación en reestructuraciones y su actividad de capital riesgo.
La empresa recuperó niveles parecidos al 2019 después de un 2020 y 2021 marcados por la pandemia a nivel empresarial; lo que le obligó a incrementar su apoyo a las compañías con presencia en Cataluña.
De este modo, el ICF concedió 478,7 millones en créditos a 470 empresas. Mientras, las reestructuraciones supusieron 116,7 millones –un 62,9% menos que los 315,2 millones del año 2021- y el capital riesgo alcanzó los 67,8 millones.
Así, la entidad cerró el año 2022 con unas ganancias de 27,4 millones, el 24,7% menos que en 2021.
La ficha bancaria sigue sobre la mesa
Después del cambio en la dirección, el ICF no abandona su objetivo de obtener una ficha bancaria con la que operar directamente con el cliente particular –hoy solo puede trabajar con empresas-. En marzo de 2022, el Banco de España desestimó la petición de la entidad.
Servera sostiene que "no renuncia a la ficha bancaria". La dirigente advierte que se trata "de un proyecto estratégico que sigue sobre la mesa". No obstante, no desveló los pasos que seguirá ahora el banco tras el rechazo de la autoridad estatal.
La obtención de esta ficha bancaria provocó el último enfrentamiento del exconsejero delegado del banco, Jordi Òliva, con la Generalitat. En verano anunció públicamente su renuncia a insistir en la petición de ficha bancaria para la entidad, tras el rechazo a la solicitud por parte del Banco de España, algo que chocó con las intenciones del Ejecutivo catalán.