El Gobierno y la banca han intensificado al máximo los contactos para acordar un catálogo de soluciones de alivio financiero para aquellos ciudadanos que sufran apuros en el repago de la hipoteca a consecuencia de la subida de tipos de interés. Mientras la banca pide no precipitarse y priorizar la búsqueda del diseño idóneo, el Ejecutivo apura el acuerdo en intensas reuniones diarias con intención de llevar la propuesta al próximo Consejo de Ministros -al cierre de esta edición aún no había transcendido acuerdo alguno-.
Las discrepancias son de números y pesa también en el retraso la necesidad de hilar muy fino por el temor expresado desde el sector financiero a acabar dañando la buena cultura de pago española si se adopta una solución mal graduada. En un arranque hubo sintonía rápida en mejorar el Código de Buenas Prácticas adoptado en la crisis anterior para ayudar al colectivo denominado como vulnerable cuya premisa principal es que los ingresos del hogar no superen las tres veces Iprem, es decir, 24.318 euros a fecha actual. Con este protocolo la banca se compromete a encontrar una solución vía reestructuración (extensión de plazos, reducir tipos, carencias, etc), fijar quitas si esa opción no resuelve el problema o, incluso, aceptar la dación en casos extremos. Para ampliar el espectro de beneficiados parece que hay entendimiento para ampliar los supuestos económicos y que puedan apelar a estas medidas esos perfiles vulnerables que hayan visto aumentar el coste de la hipoteca un 30% y no el 50% que fijaba el primer Código y cuando el coste financiero reste un 40% de sus ingresos frente al 50% original.
Sin embargo, el Gobierno exigió mayor ambición y en los contactos se ha deslizado, incluso, la idea de elevar el múltiplo del Iprem. Además, y por expreso empeño del Ejecutivo, se abre mucho más el prisma con idea de incluir soluciones de alivio también dirigidas a una clase media cuyo perímetro resulta difícil de medir y que incluirían alternativas como extender los plazos del préstamo o fijar carencias. El Gobierno quiere añadir al pack la opción, incluso, de facilitar la conversión de hipotecas variables a fijas de forma más general.
Con el argumento de no dañar la cultura de pago, la banca ha pedido no cambiar el Código inicial, anclado a la Ley Hipotecaria, y establecer las nuevas opciones como una solución ad hoc para la coyuntura actual y ser cuidadoso al perfilar el perímetro de los beneficiarios. El Código se aprobó a raíz de la crisis de 2012, con el paro desbordado y muchas familias amenazadas por desahucios tras impagar la hipoteca. Hoy la subida empinada del euríbor puede afectar a más hipotecados al meter tensión extra a presupuestos apretados por las subidas generalizadas de precios, pero hay confianza en que no dañe tanto la capacidad de pago dado que se descarta una destrucción de empleo masiva. El euríbor ha partido además de cotas históricamente mínimas y se espera que el BCE revierta la subida de tipos cuando doblegue la inflación.
Desde el ángulo de las cifras, hay una que condiciona de forma transversal todo el abanico de medidas: el coste en provisiones, ya que la banca tendrá que acumular dotaciones cada vez que un cliente reestructure la deuda. El sector demandó desde el minuto uno flexibilidades como las desplegadas para las moratorias vigentes durante la pandemia, pero no existe margen dado que las reglas las fija la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y entonces lo hizo a escala europea. Es decir, cualquier medida y la letra pequeña de cada solución tiene un coste directo para el sector. Por eso el Banco de España reclama una "calibración correcta" y centrar las ayudas en los "más vulnerables" para que no afecten a la estabilidad financiera. El ejercicio bascula, por tanto, entre encontrar las fórmulas para ayudar al mayor número posible de hipotecados, empezando por los más vulnerables, sin generar un problema al sector que surte el crédito y la liquidez a la economía.