El sector bancario, representado por las principales asociaciones AEB y CECA, ha denunciado este jueves que el nuevo impuesto a la banca supondrá un obstáculo para la recuperación económica y la creación de empleo, y no conseguirá su objetivo de combatir la elevada inflación. En un comunicado conjunto, tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han advertido a su vez de las consecuencias que puede tener el nuevo gravamen para la estabilidad financiera, en un contexto marcado por el incremento de precios y las tensiones geopolíticas.
En este sentido, recuerda que el sector lleva realizando una contribución "relevante" a la economía española, así como a la sostenibilidad del gasto público a través de tributos específicos. Además, aseguran que la medida, registrada hoy por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, podría lastrar también la capacidad de las entidades de conceder crédito, así como su competitividad en el mercado único europeo.
Pese a ello, la AEB, que representa a los principales bancos españoles -Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter-, y la CECA, que aglutina a las antiguas cajas de ahorros reconvertidas desde hace años en bancos, como Caixabank, muestran su disposición a dialogar con el Gobierno y los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma.
Ambas asociaciones, que aseguran estar analizando los detalles técnicos de la nueva normativa, recuerdan que la negociación se debe realizar sobre los "principios básicos" del sistema tributario español, como son "la igualdad, no discriminación y capacidad económica".
Foment lo tacha de innecesario
Asimismo, la patronal Foment del Treball considera que la creación de dos nuevos impuestos para gravar la banca y las empresas energéticas son "contraproducentes e innecesarias" y perjudicará a la economía. Foment, además, expresa su preocupación por la "falta de seguridad jurídica" que se puede derivar de estas nuevas figuras tributarias e, incluso, "su posible inconstitucionalidad".
En un comunicado, la patronal catalana lamenta que el Gobierno utilice la expresión "beneficios caídos del cielo" para justificar la aplicación de esta nueva tasa a las empresas energéticas y entidades financieras y recuerda que todos los beneficios, ordinarios y extraordinarios, está sujetos al pago de impuestos. "Sorprende que, a pesar de que se hable de beneficios extraordinarios, el hecho imponible se basa en el volumen de ventas en el caso energético o el conjunto de intereses y comisiones, en el caso de los bancos", señala Foment.
La entidad que preside Josep Sánchez Llibre advierte asimismo que "la imprecisión de las medidas, la incertidumbre y la volatilidad del mercado", junto con "la falta de seguridad jurídica y de predictibilidad de las medidas propuestas han ampliado el efecto perjudicial a la imagen reputacional y credibilidad del país".
