Zaragoza
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto de Purines dentro del que se aboga por los centros gestores para garantizar el sistema de gestión del purín desde su recogida en las explotaciones hasta su aplicación como fertilizante agrícola. Un marco que permite centros gestores de titularidad pública –el Gobierno de Aragón no tiene previsto impulsar ninguno- o privada y que incluye un régimen sancionador en el ámbito administrativo.
El sector ganadero tiene un importante peso en la comunidad aragonesa, sobre todo, el porcino, que supone el 3,5% del PIB de la comunidad aragonesa, además de representar dos tercios del valor añadido bruto en la agroalimentación. Un peso que se espera que aumente con los más de 500 millones de euros de inversión que se han anunciado en nuevos proyectos o ampliaciones anunciadas en relación a este sector.
Esta importancia, sin embargo, y el desarrollo futuro del sector tenía en el purín su principal handicap, solucionándose ahora con la aprobación del Decreto de Purines en Consejo de Gobierno con el fin de superar esas barreras, pero también de "garantizar en el sector la sostenibilidad ambiental", según ha explicado el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, quien ha añadido que en Aragón se ha abogado por "una solución pionera e innovadora, un marco normativo e institucional para la gestión sostenible de los purines", ahondando a su vez en la economía circular. Así, los purines dejan de ser un problema para ser una solución, ha añadido el consejero.
El Decreto de Purines recoge la figura de los centros gestores de purines como la pieza clave para garantizar el sistema de gestión de estos residuos durante todo el ciclo del purín, comprendiendo desde su recogida en las explotaciones agrícolas, transporte, tratamiento y almacenamiento hasta la aplicación como fertilizante en las parcelas agrícolas. Así se sustituye la fertilización mineral, que tiene impacto, por la fertilización orgánica "con nuestros propios residuos ganaderos".
Estos centros gestores podrán ser de una entidad pública -el Gobierno de Aragón no tiene previsto impulsar ninguno- o privada autorizada y registrada por la administración. De esta manera, no podrá ser centro gestor el titular de una explotación ganadera.
No obstante, esta apuesta por los centros gestores no es la única solución que permite la comunidad aragonesa, ya que también se abre la puerta a la autogestión -no es la prioridad del Gobierno de Aragón-, que podrá realizarse pero con condiciones más exigentes que las actuales.
Con este sistema, Aragón también pretende evitar la contaminación de los acuíferos y suelos por los nitratos de los purines, garantizando además la sostenibilidad del sector y ayudando a ser una solución para afrontar los retos del cambio climático, al evitarse a su vez las emisiones a la atmósfera.
Y es que los centros gestores tendrán una serie de obligaciones como analizar el valor fertilizante del estiércol, incluyendo su contenido en nitrógeno, fósforo y potasio, como mínimo, además de acreditar documentalmente las unidades fertilizantes aplicadas a cada recinto ante los titulares de las explotaciones agrícolas a las que se destinen.
Los centros gestores igualmente deberán entregar a los gestores de residuos autorizados los estiércoles cuya gestión final no hayan podido realizar en el plazo máximo de un año tras su aceptación y acreditar la correcta aplicación y gestión final de los estiércoles. A su vez, los centros gestores también deberán prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal, cumpliendo así las exigencias en materia de la cadena alimentaria humana y animal y en bioseguridad.
El Decreto de Purines también incluye otras medidas novedosas como la incorporación de un régimen sancionar administrativo, aparte de acompañarse el texto de una serie de medidas complementarias sobre, por ejemplo, más exigencias en las prácticas agrarias en las zonas vulnerables para respetar el medioambiente y, las limitaciones de granjas intensivas en un kilómetro a la redonda de los Espacios Naturales Protegidos y de medio kilómetro de su zona periférica de protección si existe.
También se han declarado zonas de sobrecarga ganadera por exceso de nitrógeno procedente de la actividad ganadera a Albalatillo, Alfántega, Altorricón, Castillonroy, Mirambel, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Sena, Vencillón, Mainar y Villareal de Huerva, entre otras medidas.
