ARADE, la Asociación Aragonesa para la Dependencia, demanda esta equiparación, ya que los usuarios de residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados pagan el 10% de IVA frente al 4% de los públicos y concertados.
ARADE se adhiere con esta demanda a la iniciativa puesta en marcha desde el CEAPS (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), entidad nacional que aglutina a entidades del sector, con el fin de que esta reivindicación sea recogida en los Presupuestos Generales del Estado.
La gerente de ARADE, Paquita Morata, ha señalado que "consideramos que es una injusticia para las personas mayores y los dependientes tributar más por el mismo servicio; la atención a la dependencia es un servicio social básico independientemente de quién lo preste".
Desde esta entidad, inciden en que eeta medida ayudaría a incrementar el número de mayores dependientes que acceden a un servicio asistencial al reducirse las cuotas mensuales, además de aliviarse las listas de espera para acceder a los servicios públicos.
La entidad calcula que esta medida supondrá a cada usuario en la comunidad aragonesa un ahorro medio de unos 90 euros mensuales, es decir, cerca de 1.080 euros anuales. El número de beneficiarios se superaría las 200.000 personas mayores en toda España, que son usuarios de residencias privadas, teniendo que sumar los usuarios de otros recursos asistenciales.
"Es una medida positiva -añade la gerente de ARADE-para los mayores ante el leve aumento de las pensiones, y también para el sector y para la economía en general ya que contribuiría a una plena ocupación de los centros y, por tanto, a generar más actividad y más contrataciones. En Aragón, esta medida resultaría fundamental ante el envejecimiento poblacional y el papel de vertebración territorial que tienen los centros de atención a los mayores en el medio rural".
Para hacer oír su voz, ARADE está llevando a cabo una ronda de contactos entre entidades y colectivos aragoneses para dar a conocer esta reivindicación, a la que ya se han sumado adhiriéndose a su manifiesto entidades como COAPEMA, CEPYME Aragón o la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).
