La Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) ha solicitado al Gobierno autonómico que sea el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo, Joaquín Olona, quien intervenga como interlocutor en la mesa técnica creada para reformar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) e instaurar un nuevo modelo de depuración en el que los sobreprecios sean costeados por el Presupuesto autonómico.
Así lo han expuesto responsables de esta entidad en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, y el consejero Olona, en el despacho del jefe del Ejecutivo, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza.
El portavoz de la RAPA, José Ángel Oliván, que ha acudido a la reunión junto con Maribel Torrecilla, Enrique Gracia y Joaquín García, ha apreciado "receptividad" en el Ejecutivo a la "mayoría" de las cuestiones que le han planteado, sobre las que el Gobierno ha afirmado que "coinciden con los criterios que tiene intención de poner en marcha".
Este colectivo apuesta por "planificar las próximas décadas de la depuración en Aragón", algo que "exige un nivel de acuerdo político amplio" en las Cortes autonómicas para que los grupos políticos sean quienes pongan en marcha un nuevo modelo de depuración y su financiación.
La RAPA ha planteado dos exigencias, ha detallado Oliván, que sea el consejero Olona quien acuda a la mesa técnica porque "el nivel de interlocución debe elevar el rango" y "no solo hablar de retoques al impuesto, sino de todo el plan de depuración y del nuevo modelo que planteamos", que darán a conocer este jueves en la reunión prevista de la mesa.
Asimismo, el viernes por la tarde se ha convocado una asamblea ciudadana de la RAPA para ratificarlo públicamente y después se dará a conocer a las formaciones políticas de las Cortes.
Otro miembro de la RAPA, Enrique Gracia, ha desgranado su propuesta, que pasa por abandonar el modelo actual de "centralización de competencias en un órgano de la Comunidad, construcción de grandes depuradoras con tecnologías sobredimensionadas y la privación de las competencias municipales".
Modelo de la RAPA
El modelo de la RAPA consiste en que los ayuntamientos gestionen aquellas depuradoras que haya en cada municipio con un "modelo sostenible" y "adecuado a cada población" y financiarse a través de tasas municipales.
Asimismo, abogan por crear una tasa autonómica, con un precio similar a la tarifa sobre saneamiento y depuración que se paga actualmente en Zaragoza, que se abonaría en los municipios donde el servicio lo presta el Instituto Aragonés del Agua y que por su "alto coste no se puede gestionar de otra manera".
Además, plantean un tributo complementario, que sumado a la tasa autonómica "alcanzara como máximo la media de lo que se paga en concepto de saneamiento y depuración en España", que han estimado que para el ciudadano supondrían unos 0,92 euros por metro cúbico facturado.
Oliván ha comentado que ahora la media es del 1,08, "pero teniendo en cuenta de que prácticamente todo el mundo está pagando", mientras que la reducción que han estimado que supondría su propuesta es del 40 por ciento para el ciudadano.
Ha añadido que el Gobierno de Aragón debería costear a través de sus Presupuestos "la parte del sobreprecio", que han calculado en unos 12 millones de euros al año, ya que esto es algo que "no deben ir a costa de los contribuyentes, como ocurre ahora con el ICA" porque "en el pasado las cosas se hicieron mal".
Enrique Gracia ha señalado que su modelo "estimula la eficiencia puesto que donde los ayuntamiento gestionen bien su modelo, los ciudadanos van a pagar menos" y se fomentan así "las buenas prácticas, cosa que no hace el modelo actual". Por su parte, al Gobierno de Aragón, a largo plazo, "le va a interesar la sostenibilidad del sistema por encima de todo para no tener que hacer aportaciones del Presupuesto".
La RAPA reclama que mientras se establece el nuevo modelo, se aplique una moratoria en el ICA en Zaragoza y otros municipios que tienen su propio sistema de depuración y lo sostienen, y que se deje de cobrar "ya" en aquellos que no tiene depuradora, "es decir, que no se les presta servicio", ha apostillado Gracia.
Municipios
La reunión con la Red del Agua Pública de Aragón ha estado seguida por otra que han mantenido representantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) con Lambán y Olona, también en el despacho del presidente. Ambas habían sido solicitadas por los dos colectivos.
Por parte de la FAMCP han acudido su vicepresidente segundo y alcalde de Illueca, Ignacio Herrero (PP), junto a Jesús Pérez (PAR) y Martín Nicolás (PSOE). Herrero ha recalcado en declaraciones a los medios de comunicación que este es un impuesto "que la mayoría de los ayuntamientos llevamos pagando 14 años".
Además, ha explicado que han expuesto a Lambán "la necesidad de establecer exenciones y bonificaciones que tengan en cuenta la situación de las familias, aquellas que son numerosas, y otras situaciones sociales", algo que ha dicho que solo es viable a través de un impuesto, cuya reforma debe debatirse en las Cortes autonómicas.
"Es allí donde está todos los grupos políticos" y donde la ley que regula el ICA "obtuvo un amplio consenso", ha manifestado. Desde la FAMCP también han recordado al Gobierno "el agravio de los municipios que no tienen depuradoras y que se están viendo sancionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro".
A su entender, "hay que trabajar con el consejero Olona para evitar estas discrepancias y sanciones, que son tan perjudiciales para esos municipios". Herrero ha defendido igualmente que este sea un impuesto "que afecte a todos los aragoneses".
Según ha argumentado, "es al conjunto de Aragón al que le corresponde" y "todos los vecinos debemos pagarlo", establecimiento "una solidaridad entre todos los aragoneses".
Sin líneas rojas en el ICA
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha subrayado que en la negociación para la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) "no hemos puestos ningún límite, ni línea roja", pero ha rechazado aplicar un moratoria, como pide la Red del Agua Pública de la Comunidad (RAPA), porque "técnica y jurídicamente es imposible".
Olona ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación que esto "no debe entenderse como una posición intransigente del Gobierno o de este consejero" porque "no es una cuestión de voluntad política, sino de que no nos podemos comprometer a hacer algo que es imposible".
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse, junto con el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, con la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA), primero, y después con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), que habían pedido este encuentro para hablar sobre el ICA. Las sesiones han tenido lugar en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha asegurado que el Gobierno "comparte muchos puntos, tanto con la RAPA, como con la FAMCP", algo que "constata" que "hay mucha desinformación y confusión", al tiempo que ha subrayado la "responsabilidad" de ambas organizaciones, que acudirán a la reunión de la mesa técnica que se celebra este jueves para hablar sobre la reforma de este impuesto.
En el caso de la FAMCP, han solicitado "la necesidad de asegurar la solidaridad territorial", ha relatado Olona, porque "estamos ante una cuestión de carácter autonómico en la que es imprescindible tener en cuenta todas las sensibilidades y especialmente la de todos los municipios de Aragón".
Además, ha continuado, "todos estamos de acuerdo", también la RAPA, "en que se trata de modificar una ley aprobada en 2014 por una amplia mayoría, prácticamente con la unanimidad de las fuerzas políticas", y por eso cualquier cambio "se tiene que sustanciar en una modificación de la ley, algo que corresponde a las Cortes".
Parlamento
Olona ha esgrimido que "todo el trabajo que estamos haciendo tiene que ir dirigido a facilitar eso" porque "en ningún modo" se puede sustituir al Parlamento autonómico. Sobre las propuestas de la RAPA, ha asegurado que "algunas cuestiones las hemos hecho, las estamos haciendo y creo que estamos cerca de tener que ponernos de acuerdo".
En este sentido, ha coincidido en el "sobredimensionamiento" de las obras proyectadas y en que "ha habido errores en el pasado", pero ha rechazado la moratoria y se ha mostrado más partidario de mantener el ICA como impuesto porque "la fórmula de la tasa no es la mas adecuada, tampoco en términos de justicia".
No obstante, ha comentado que el Ejecutivo está "abierto al diálogo para discutir todas las cuestiones con el objetivo final de que la propuesta que se traslade a las Cortes sea lo más consensuada posible" ya que es preciso "llegar a una solución que sea robusta y estable y para eso debe ser de consenso".
A su entender, la reforma que plantea al Gobierno es compatible con los planteamientos de la RAPA y ha opinado que en estos momentos existe "diálogo con ideas concretas encima de la mesa", así como una fecha, mediados de marzo, para finalizar el trabajo de la mesa técnica, según acordó el Ejecutivo con Podemos para poder iniciar la tramitación del Presupuesto de la Comunidad de 2018.
Olona ha dicho que "desde el Gobierno trabajamos con esa idea", pero ha aclarado que "va a ser imposible que entonces esté la ley modificada", sino que se persigue un acuerdo que se pueda trasladar a las Cortes de Aragón.
Respetar las reglas del juego
Respecto a su participación en la mesa técnica como ha pedido la RAPA, la ha descartado ya que "hay que ser respetuoso con las reglas del juego que hemos establecido con todos los competentes" de la misma y "eso no estaba previsto".
Ha añadido que esto "no impide que llevemos a cabo cuantas reuniones bilaterales o entre más miembros para hablar con todos los interlocutores y agentes que tienen algo que decir en esta cuestión, pero sin alterar las reglas del juego a las que debe responder esa mesa".
Olona ha subrayado que el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar una propuesta concreta de reforma a través de un proyecto de ley que se remitirá a las Cortes, para lo que "hay que seguir trabajando" con la finalidad de lograr "una modificación en profundidad de la ley, recogiendo las distintas sensibilidades".
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