Aragón Exterior será la entidad encargada de atender las consultas tanto de empresas aragonesas como de las catalanas ante la incertidumbre generada por la situación de Cataluña y el desafío independentista catalán. Además, la comunidad aragonesa también pondrá en marcha la semana que viene un observatorio para analizar las afecciones sobre la economía y el tejido empresarial de Aragón.
Las dudas que tengan tanto empresas aragonesas como catalanas generadas a raíz del desafío independentista catalán serán atendidas desde mañana martes a través de Aragón Exterior.
Esta entidad ha sido elegida por unanimidad por el Gobierno de Aragón y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) en el transcurso de la reunión que ha mantenido este grupo de trabajo en el que también ha contado con participación del Colegio Oficial de Economistas de Aragón.
Aragón Exterior atenderá así en horario de mañana y tarde todas las consultas de las empresas que se dirijan directamente a esta entidad como las que lleguen a través de los agentes sociales o del colegio de economistas, así como de los diversos clusteres.
Además, esta entidad no solo ofrecerá información sobre los posibles cambios de domicilio social y fiscal o traslados de centros de producción, sino que también asesorará sobre las herramientas de financiación propias del Gobierno de Aragón como Avalia, Sodiar (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón) y Suma (Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel), ante las consultas de empresas aragonesas que tienen relaciones comerciales con Cataluña. El objetivo es así "dar una respuesta ágil a la demanda de información" de las empresas, según ha explicado la consejera de Economía, Marta Gastón.
Esta "oficina" se pone en marcha, aunque se prevé que el número de consultas no se incremente tras la aplicación del artículo 155 porque se consigue una mayor seguridad jurídica frente a escenarios anteriores acontecidos Cataluña y que impulsaron la fuga de empresas, aunque "no acaba la incertidumbre" porque todavía hay fechas importantes como la celebración de las elecciones el próximo día 21 de diciembre e interrogantes sobre las fuerzas políticas que concurrirán a ellas.
No obstante, en el día de hoy, la consejera de Economía ha reconocido que se han seguido produciendo consultas, que ya no solo se centran solo en el cambio de domicilio social por lo que "hace pensar que no serán decisiones tan impetuosas como las de los anteriores días" en los que se ha producido la fuga de empresas, habiendo elegido alrededor de 60 compañías catalanas el territorio aragonés para el cambio de domicilio social.
Para el presidente de CEOE Aragón, la aplicación del artículo 155 también puede contribuir a dar un marco de mayor seguridad, aunque ha coincidido con la consejera de Economía en que la incertidumbre no ha acabado porque todavía quedan "esos 50 días hasta las elecciones. La situación jurídica y económica puede ser más tranquila si los acontecimientos van siguiendo la normalidad y la legalidad impera".
"Se abre una fase de expectación que no va a ser corta", ha señalado el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, quien ha añadido que "seguimos con incertidumbre. Se han tomado medidas pero hay otros aspectos a clarificar hasta las elecciones del día 21 de diciembre".
Observar afecciones
De forma paralela a la atención de las empresas, Aragón también pone en marcha un Observatorio de Coyuntura, que comenzará a funcionar la próxima semana con el fin de analizar las posibles afecciones sobre el tejido empresarial y la economía aragonesa y "tratar de anticiparse a los posibles y distintos escenarios que puedan ir surgiendo", ha añadido Marta Gastón.
El núcleo de este observatorio se corresponde con la Universidad de Zaragoza, que trabajará junto con el resto del grupo de trabajo. En concreto, su gestión será asumida por la Facultad de Economía y Empresa y la coordinación correrá a cargo del catedrático de Economía Aplicada, Eduardo Bandrés.
Además de la consejera, en la reunión de este grupo de trabajo ha participado el director general de Economía, Luis Lanaspa, y el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Ramón Tejedor; los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT en Aragón, Manuel Pina y Daniel Alastuey, y los presidentes regionales de CEOE y CEPYME, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, así como el decano del Colegio Oficial de Economistas de Aragón, Javier Nieto.
Boicot a los productos
Este encuentro del grupo de trabajo también ha sido el escenario en el que la consejera de Economía del Gobierno de Aragón ha mostrado su rechazo al boicot de productos de Cataluña "porque acaba siendo un boicot a los productos aragoneses. Lejos de no conducir a nada, podemos tirarnos piedras a nuestro propio tejado", en alusión a las relaciones comerciales entre las empresas catalanas y aragonesas, muchas de las cuales suministran sus productos y materias primas al tejido empresarial de Cataluña.
