A través de estas enmiendas presentadas al documento de reforma de la PAC del Comité de las Regiones se pretende que las ayudas lleguen a todos los agricultores y que no dependan de los derechos históricos que perjudican tanto a los jóvenes como a los emprendedores.
Estos son los contenidos principales de las enmiendas que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha presentado al Proyecto de Dictamen NAT-VI/21 del Comité de las Regiones, titulado La PAC después de 2020, que será debatido por el pleno de este organismo los próximos días 12 y 13 de julio.
En total, Aragón ha presentado siete enmiendas con las que también se pretende incidir en la necesidad de extender la PAC a todas las explotaciones y eliminar los derechos históricos, aparte de defender que las ayudas a los agricultores y ganaderos se realicen en función de la renta agraria y la profesionalidad. También se aboga por la simplificación de la PAC.
En concreto, el documento presentado recoge que estas ayudas deben llegar a todas las explotaciones agrarias en función de los criterios reglamentarios que se establezcan y no pueden supeditarse a una asignación de derechos históricos, que deriva en una patrimonialización de las ayudas o en un mercado especulativo en favor del propietario y no de las explotaciones agrarias.
De acuerdo con el texto remitido, "la PAC tiene por objeto avanzar en un modelo de agricultura responsable social y ambientalmente, que permita mantener un sector estratégico para asegurar la producción de alimentos saludables preservando los recursos naturales y el medio ambiente, y el encarecimiento del mercado de la tierra al que la actual PAC contribuye no favorece estos objetivos".
Además desde Aragón se incide también en "no permitir la asignación de derechos históricos que limitan el apoyo a los emprendedores y a los jóvenes".
La comunidad aragonesa argumenta a su vez que el actual pago por hectárea no contribuye de forma eficiente a reducir la brecha de renta de los agricultores con respecto al resto de ciudadanos, sino que más bien supone un incremento de ingresos que favorece un modelo de concentración de la producción agraria que no contribuye a la sostenibilidad ambiental ni al equilibrio territorial, y menos a mantener el modelo de agricultura familiar e integración territorial propio de Europa.
En relación a la simplificación, la enmienda presentada desde Aragón hace hincapié en señalar que es importante evitar sistemas de control y penalizaciones desproporcionadas en relación al binomio coste público del control-eficiencia de las ayudas en relación al objetivo al que se orientan, y que especialmente las medidas y controles deben ser más transparentes y justificables socialmente.
También se denuncia que la complejidad actual no se justifica en términos de eficiencia económica, ambiental y social, y que más bien podría considerarse que deriva del mantenimiento de un statu quo innecesario.
A través de otras enmiendas, Aragón defiende la necesidad de avanzar hacia una posición más equitativa de los productores en la cadena alimentaria, aparte de pedirse una una mayor atención a la promoción del pastoreo de la ganadería extensiva en áreas marginales y de baja producción forrajera o en superficies no agrarias.
Todas estas aportaciones se fundamentan en el documento 'Hacia una PAC más justa y eficaz', que recoge las propuestas del Gobierno de Aragón para la próxima reforma de esta política comunitaria. Un documento que también ha sido enviado al Comité de las Regiones.
