El Comité Ejecutivo de CEOE Zaragoza ha acordado recurrir judicialmente la municipalización del 010. No es el único problema legal al que tiene que enfrentarse Zaragoza en Común, ya que la Delegación del Gobierno de España en Aragón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Pacto de Aplicación al Personal Funcionario 2016-2019.
CEOE Zaragoza ya venía alertando de la persecución empresarial que se está realizando desde el Ayuntamiento zaragozano y avisó de que seguirían de cerca los procesos de municipalización sobre los que no descartaban tomar acciones legales. Y, ahora, ya se ha tomado la decisión.
El Comité Ejecutivo de CEOE Zaragoza ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza de municipalizar el servicio de atención telefónica 010, que fue adoptada el pasado día 13 a pesar de la oposición de la mayoría del pleno y de los informes contrarios del servicio de Intervención.
La decisión de CEOE Zaragoza se basa en que esta decisión "no respeta la legalidad y es negativa para la ciudad". La organización empresarial ha explicado que esta municipalización del servicio del 010 -aunque el ayuntamiento tiene previsto continuar con alguna municipalización más-, plantea "importantes dudas jurídicas, laborales y económicas".
CEOE Zaragoza explica que "el Ayuntamiento debe buscar la mayor eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los servicios públicos, siendo su prestación a través de contratas con empresas competitivas y especializadas una fórmula ampliamente aplicada internacionalmente y que se ha demostrado flexible y adecuada para ello".
En relación al ámbito laboral, la organización empresarial señala que las "dudas sobre todo el procedimiento generan inseguridad para las propias trabajadoras actuales del servicio, que pueden perder sus puestos de trabajo, que el Consistorio dice defender, cuando deba convocarse la oportuna oposición o concurso para ocupar esas plazas conforme a la legalidad".
Además, añaden que "es muy cuestionable que los trabajadores de las empresas que actualmente prestan servicios públicos puedan ser subrogados directamente por la administración, como funcionarios o personal laboral, sin superar las pertinentes oposiciones o concursos públicos".
De darse esta situación, desde CEOE Zaragoza señalan que "esto supondría soslayar el proceso que asegura en nuestra legislación que el acceso a la función pública se haga por principios de mérito, capacidad y libre concurrencia, y pasar por encima de los derechos de todas aquellas personas que están en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento tras superar un proceso de selección o preparan oposiciones al Ayuntamiento de Zaragoza".
Desde CEOE Zaragoza también se denuncia que esta decisión del Ayuntamiento de Zaragoza sobre el servicio de 010 se enmarca en la política de hostigamiento desde el consistorio hacia las empresas privadas que gestionan la prestación de servicios municipales", además de señalar que con esta decisión se pretende generar un clima contrario desde planteamientos ideológicos y no basados en la calidad, eficiencia, sostenibilidad ni ahorro de costes para la Administración y para los ciudadanos.
Además, añaden que "esta situación va más de la lógica exigencia a las empresas del cumplimiento escrupuloso de lo establecido en los pliegos de las contratas, al igual que el Ayuntamiento debe licitarlos con condiciones económicas que garanticen la posibilidad de prestar servicios de calidad, con exigencias y precios mínimos adecuados".
Informe Interventor
El último informe del Interventor General del Ayuntamiento de Zaragoza también refleja reparos legales sobre las decisiones adoptadas por Zaragoza en Común en la municipalización del servicio del 010.
Ante el conocimiento de este informe, el concejal del PP, Pedro Navarro, ha explicado que el informe es "demoledor", además de "ratificar todos los reparos que ya puso en los dos informes anteriores, con el grave problema añadido" de que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, "no ha respetado el procedimiento previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto y ha impedido a la intervención contestar a los informes de la asesoría jurídica sobre este asunto".
Nuevo frente
El recurso presentado por CEOE Zaragoza no es el único frente legal que se abre al Ayuntamiento de Zaragoza. La Delegación del Gobierno de España en Aragón, a través de la Abogacía del Estado, acaba de anunciar que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra determinados artículos del Pacto de Aplicación al Personal Funcionario 2016-2019 del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobado por el Gobierno de la ciudad en acuerdo de 4 de noviembre de 2016, según recoge Europa Press.
Dichos artículos reducen la jornada laboral de las 37,5 horas de trabajo efectivo que establece la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado a 35 horas semanales.
También amplían los permisos, en contra de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, en los supuestos de fallecimiento o enfermedad grave de un familiar; de matrimonio, bautizo o primera comunión; o por traslado domiciliario.
Finalmente, el requerimiento hacía referencia al artículo, no contemplado en el Estatuto Básico, que establece la creación de un permiso de 15 días naturales por cumplir, el funcionario, 15 años de servicios.
El 15 de noviembre de 2016, la Delegación del Gobierno requirió al Ayuntamiento de Zaragoza que revocara diversos artículos del Pacto de Aplicación al Personal Funcionario que contradicen la legislación estatal.
El Gobierno municipal de Zaragoza en Común rechazó, el 13 de enero de 2017, dicho requerimiento. Ante esta negativa se ha procedido a presentar el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Además, se solicita la medida cautelar de suspensión de los artículos del Pacto de Aplicación al Personal Funcionario 2016-2019 que contradicen la legislación estatal al considerar que se producen situaciones "de imposible o difícil reparación".
