La organización empresarial denuncia que las encuestas suponen un coste adicional en tiempo y dinero.
Estas encuestas -enviadas por el INE para obtener datos para la elaboración de informes-, son de obligado cumplimiento, so pena de sanción en caso de no responder según la Ley de la Función Estadística Pública, pero suponen un coste adicional en tiempo y dinero, sobre todo, para las pymes.
Según explican desde CEPYME Aragón, las encuestas conllevan un coste en tiempo porque a la propia actividad de la empresa se suma el hecho de tenerlas que rellenar obligatoriamente con periodicidad mensual o anual.
Además, se produce un coste en dinero porque, en ocasiones, las pequeñas empresas y autónomos, tienen dificultades para cumplimentar los formularios y deben recurrir a gestores externos por la complejidad de los términos indicados.
La organización empresarial también añade que la mayor parte de la información que se solicita en dichas encuestas como las cuentas anuales, las cuentas de resultados o el número de trabajadores, puede obtenerse en registros públicos, como el registro mercantil o el de la propiedad, así como a través de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Un motivo por el que pide la revisión del procedimiento.
