La Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza ha solicitado en las Cortes de Aragón la elaboración de una ley del taxi en la comunidad que recoja el número máximo de autorizaciones.
El presidente de la asociación, Mariano Morón, ha realizado esta petición ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón con el fin de disponer de una nueva regulación para esta actividad dentro de la realidad actual social y económica, que es distinta a la de 1979, fecha del Reglamento Nacional del Taxi del que emanan las normativas municipales que están en vigor en la actualidad.
Para los profesionales del sector, el nuevo marco legal debería contener cinco aspectos básicos centrados en el ejercicio de una competencia estatutaria y constitucional, la necesidad de acomodar la prestación de servicios a las nuevas demandas sociales y la posibilidad de ofrecer a los profesionales un nuevo marco jurídico para ejercer su actividad en "condiciones de modernidad y seguridad, reconociendo su contribución a la actividad productiva y el componente público que caracteriza sus prestaciones".
La asociación también aboga por que el nuevo marco recoja una fijación de contingentes y el número máximo de autorizaciones, así como la creación de áreas de prestación conjunta.
De esta manera, se pretende evitar situaciones como la producida con la celebración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, período para el que se concedieron 60 nuevas licencias, que quedaron en servicio definitivamente y que han saturado la oferta y reducido la rentabilidad.
Los objetivos del documento planteado por la asociación también se centran en "dar legalidad a los servicios que se originan en servicios limítrofes, de manera que, si por ejemplo, un taxi de Cuarte de Huerva es solicitado por teléfono para recoger un servicio en Zaragoza, pueda recogerlo, y así recíprocamente".
El documento presentado también contempla otras propuestas como la creación del Consejo Aragonés del Taxi, el número de plazas permitido, medidas para prevenir la piratería o la revisión de las tarifas, que se deben establecer "de una manera fija de una vez por todas", conforme a los IPC del transporte urbano e interurbano nacional en el periodo interanual de 1 de octubre a 30 de septiembre.
