Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) se valora positivamente la aprobación del nuevo marco legal en Aragón, aunque consideran que es necesario que se cumpla la Planificación Estratégica 2020 para que se instale nueva potencia.
El "Decreto de las eólicas", que el Gobierno de Aragón aprobó ayer en Consejo de Gobierno para desbloquear la situación en el sector y favorecer la atracción de nuevas inversiones, ha sido bien recibido en el sector.
"El decreto aragonés supone una buena noticia por diferentes motivos. El primero es que indica el interés de Aragón por seguir apostando por la eólica", según ha explicado Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de AEE (Asociación Empresarial Eólica) a elEconomista.es, quien ha añadido que además se atraen inversiones de las empresas "con lo que esto supone en términos de empleo y de ingresos".
Willsted ha añadido que "no hay que olvidar que, según la Planificación Energética, se deben instalar 6.400 MW eólicos antes de 2020 para hacer frente a los objetivos europeos en materia de consumo energético a través de fuentes renovables".
El decreto aragonés también ha sido bien valorado por el sector por "la derogación del concurso pero priorizando los parques adjudicados. Esto permitirá a las empresas interesadas seguir adelante y, a las que no lo estén, desistir dejando sitio para otros proyectos, como los procedentes de las subastas". Y es que, en la actualidad, hay unos 10.000 MW en España adjudicados en concursos autonómicos pero no instalados, que la nueva regulación "ha dejado en tierra de nadie".
Además, el director de Políticas Energéticas de AEE también considera positivo el decreto porque "el Gobierno de Aragón se compromete a agilizar los trámites administrativos y dejarlos en un máximo de seis meses, algo que siempre ha sido muy lento y ha frenado la ejecución de los proyectos en toda España", país en el que la media de instalación de un parque eólico es de 6,5 años.
Según Heikki Willstedt, "las comunidades autónomas empiezan a ser conscientes de que compiten unas con otras en las subastas eólicas, en las que la principal variable es el precio y, por tanto, se premia a los proyectos más baratos. Las comunidades autónomas han de entender que deben eliminar barreras y simplificar trámites que puedan encarecer la instalación de parques y desanimar la inversión en sus territorios".
En esta línea, algunas comunidades "ya han tomado cartas en el asunto al decidir eliminar las contraprestaciones industriales que se exigían en los concursos, como es el caso de Andalucía o Extremadura, o, en algunos casos, los propios concursos como Canarias, Cantabria y, ahora, Aragón".
Sin embargo, la situación es diferente y "se agrava para aquellas comunidades en las que existen costes adicionales fiscales" como sucede en el caso de las que cuentan con cánones eólicos como Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha.
Pero, pese a las medidas adoptadas y con independencia de las acciones de las comunidades autónomas, "sólo se instalará nueva potencia eólica en España si el Gobierno da los pasos adecuados para cumplir con la Planificación Energética a 2020" para lo que "es fundamental modificar determinados aspectos de la regulación, como la posibilidad de cambiar las condiciones económicas-y, con ellas, la rentabilidad razonable- cada seis años".
Entre otras medidas también se apunta a la eliminación de los límites a la senda de precios de mercado prevista al impedir que "las empresas recuperen lo que pierden si éste es más bajo de lo pronosticado" y a la necesidad de que "se convoque cuanto antes un calendario de nuevas subastas y se corrijan los aspectos que hicieron que la ya celebrada este año arrojase un resultado sorprendente, inesperado y alejado de la realidad del sector".
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