Aragón

El nuevo marco legal para las energías renovables tendrá un impacto económico de 2.000 millones

  • Cada megavatio instalado genera un impacto de un millón de euros

El objetivo del "Decreto de las eólicas" es proporcionar un marco jurídico estable para los operadores del sector y resolver la situación que había paralizado el desarrollo de la energía renovable en Aragón.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de sentencias dictadas en relación a con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, que es conocido popularmente como el "Decreto de las eólicas".

El objetivo de este marco legal, aprobado a instancias del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón, es solucionar la situación de parálisis del desarrollo de parques eólicos en la comunidad aragonesa durante casi cinco años, además de poder contar con un marco jurídico estable para los operadores del sector y propiciar la realización de inversiones.

La nueva norma permitirá tramitar los proyectos eólicos que se presenten y se autorizarán los que no generen afecciones eólicas a proyectos anteriores y que obtengan los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución por parte de los operadores.

Además, se pone punto y final a la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que se había instaurado como consecuencia de las más de 30 sentencias judiciales dictadas en relación con el Decreto 14/2010, de 22 de junio, ejecutándose todas las sentencias dictadas hasta la fecha, ya que este nuevo marco engloba los proyectos que en su día se presentaron a ese decreto, quedando todos bajo el amparo de esta norma.

De hecho, este marco legal identifica los proyectos que podrán solicitar de forma inmediata su tramitación administrativa con el fin de proteger su concreta ubicación en el territorio frente a otros proyectos en un plazo máximo de diez años, aparte de permitir a los titulares de las instalaciones referidas en las resoluciones administrativas anuladas por los tribunales impulsar los proyectos, siempre que lo deseen y que sean compatibles con los primeros durante el plazo de dos años.

Además, se establece que la promoción de las nuevas instalaciones se hará en el nuevo contexto regulatorio establecido por el Estado y se podrán impulsar otros proyectos eólicos de generación, respetando los beneficiados o afectados por las sentencias judiciales.

El nuevo marco, que se publicará mañana en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) y que también estará disponible en el portal de transparencia, "supone una oportunidad para Aragón en el campo económico y para atraer potenciales inversiones", además de "una oportunidad para maximizar los recursos en Aragón como el viento", según ha explicado la consejera de Economía del Gobierno aragonés, Marta Gastón, quien ha añadido que "es un sector estratégico para la economía" de la comunidad.

El impacto del nuevo marco legal se estima que puede alcanzar los 2.000 millones de euros en todo Aragón, ya que, de acuerdo con los datos del sector, cada megavatio instalado tiene un impacto de un millón de euros, aparte de generarse empleo.

Un impacto económico que vendrá del impulso al desarrollo de la energía eólica, que en los últimos años se había paralizado en la comunidad aragonesa. De hecho, en el año 2010, se convocaron 1.206,5 megavatios y, desde 2011, solo se ha puesto en marcha una instalación de 13,06 megavatios, lo que supone un aprovechamiento del 1,16% del total de la potencia convocada.

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