La organización de autónomos ha presentado alegaciones al proyecto de Orden por el que se aprueba el Programa Emprendedores del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas. Desde UPTA Aragón proponen revisar determinadas subvenciones, apostar por sectores estratégicos, impulsar la segunda oportunidad y facilitar el acceso al crédito, además de favorecer el acceso a ayudas del autónomo colaborador.
Desde UPTA Aragón se indica que el punto de partida de las bases de este programa de promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas son prácticamente similares a las de la Orden de 86, no habiéndose modificado significativamente en los últimos 20 años a pesar de que la sociedad y la economía han evolucionado.
Una situación ante la que la organización señala que la orden no se adapta a los nuevos tipos de negocio, como los tecnológicos, actividades profesionales, gremiales o intelectuales, entre otros, que requieren de baja inversión y no acceden a subvenciones pese a que pueden tener más posibilidades de crecimiento y empleabilidad que los sectores tradicionales.
Desde UPTA Aragón apuestan por que el Gobierno de Aragón defina unas áreas estratégicas a desarrollar sobre las que pivoten las subvenciones como es el caso del área digital, área logística, área energética o área de servicios especiales con potenciación de los servicios avanzados a empresas y autónomos.
También se pide al Ejecutivo aragonés impulsar un Banco de Ideas Rentables para analizar los sectores y actividades empresariales dentro de las áreas estratégicas para visualizar los nichos de negocio con potencial.
UPTA también aboga por que la orden tenga en cuenta a sectores en crisis, como por ejemplo la construcción, para que se incluyan planes especiales de reconversión para los autónomos de estas áreas de actividad, y se atienda también la situación de los parados de larga duración para que, en los casos en los que la salida sea el autoempleo, dispongan de acciones paralelas de acompañamiento y se desarrolle un plan específico.
La organización de autónomos igualmente propone en sus alegaciones que desde el Gobierno de Aragón se pongan en marcha mecanismos de segunda oportunidad y una línea de ayudas específicas para las personas que hayan pasado por un proceso reglado de segunda oportunidad y quieran iniciar nuevamente una actividad por cuenta propia de cara a favorecer su continuidad en la trayectoria empresarial.
Otra de las alegaciones se centra en las sociedades civiles con objeto mercantil, que tras los cambios introducidos al estar sujetas al Impuesto de Sociedades, se prevé que no será una forma jurídica muy elegida por los emprendedores (salvo las excepciones fijadas por ley) al no tener incetivos, por lo que estas subvenciones podrían no cubrirse.
Desde UPTA Aragón se considera conveniente una nueva regulación para los autónomos colaboradores bien en el régimen general, bien en el RETA en cotización a tiempo parcial con la totalidad de prestaciones y beneficios al igual que tienen las obligaciones. Mientras se lleva a cabo esta medida, la organización incide en regular el acceso del colectivo a las ayudas.
A su vez alegan la necesidad de establecer un cambio en la política de incentivos para contribuir a impulsar la transformación del escenario empresarial aragonés, ya que las subvenciones al establecimiento como trabajar autónomo siguen las bases de la orden del 86 en la que se prima la inversión en activos de la actividad, dejando fuera del marco de ayudas y subvenciones los negocios que no requieren de inversiones cuantiosas.
Igualmente, se considera que se debería facilitar el acceso al incentivo a la consolidación de proyectos de autoempleo, que queda abierto a las actividades subvencionadas en la categoría de subvención al establecimiento, así como promover el acceso al crédito desde la administración a través de acuerdos con entidades financieras para la concesión de microcréditos, entre otras opciones, y la redefinición de los instrumentos financieros que el Gobierno de Aragón ya posee.
Finalmente, las alegaciones recogen una revisión de las subvenciones para asistencia técnica y para formación, puesto que desde la organización señalan que su ejecución en los ejercicios de 2013 y 2014 ha sido irrisoria.