El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Zaragoza considera que la decisión de recurrir la condena responde solo a criterios políticos y que responde a la incapacidad del consistorio de hacer frente a los pagos. La decisión supondría unos 1.000 euros diarios en intereses de demora.
La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha informado en la comisión de Economía y Cultura de esta mañana de que la decisión de Zaragoza en Común de recurrir la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 10,8 millones de euros más un millón de euros de intereses legales a FCC por las revisiones de precio del contrato de limpieza y basuras de los años 2012 y 2013 "sólo obedece a criterios políticos". Una decisión que, según Navarro, podría suponer más de 1.000 euros al día en intereses de demora.
Navarro también ha criticado que "el responsable de las finanzas municipales ha reconocido que se mantiene la vía judicial porque el Ayuntamiento es incapaz de hacer frente a los pagos que reclama FCC y no porque existan razones de peso que inviten a pensar en una futura sentencia a favor de los intereses municipales".
Además, ha manifestado que el concejal de Economía, Fernando Rivarés, se ha convertido al "gimenismo económico" y ha apostado por perpetuar las viejas prácticas del anterior vicealcalde socialista, quien "utilizó durante años los tribunales para no afrontar las deudas y posponer pagos".
Una forma de entender la gestión de las finanzas municipales que ya ha tenido un coste de más de 20 millones en intereses legales y que se ha traducido en un agujero por sentencias pendientes que podría ascender a más de 100 millones de euros en sólo dos años.
Desde el grupo del PP se consideran que, como dijo el alcalde Santisteve, las impugnaciones en vía judicial "deberían de estar fundadas y motivadas en sólidos argumentos de derecho y no deberían tener que ver con las estrategias económicas del político de turno".
María Navarro ha incidido en que el propio Gobierno de Zaragoza ha incurrido en "contradicciones importantes" en esta materia, ya que se han abonado pagos por revisiones de precios con idénticas situaciones jurídicas a la de FCC y sin haber planteado recurso alguno.
