El consistorio recibió una subvención para obras de mejora, que fue entregada en la anterior legislatura 2008-2011 en el marco del Fondo Estatal de Inversión Local, en la que se han detectado irregularidades.
El consistorio deberá abonar esa cantidad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya desestimado el recurso contencioso-administrativo que interpuso el Ayuntamiento de Calatayud, que recurrió anteriormente la resolución del Ministerio de Hacienda y Administración Pública en la que se exigía el reembolso de 202.383 euros de las subvenciones otorgadas en el Plan E.
Según explican desde el Ayuntamiento de Calatayud, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado íntegramente las tesis del Organismo de Control sin tener en cuenta los argumentos indicados por el consistorio en su recurso.
Los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con los resultados obtenidos en la realización del control, advirtieron de algunas irregularidades que hicieron que este organismo solicitara el reintegro total de la ayuda percibida.
De esta manera, el Ayuntamiento deberá asumir el pago de 92.790 euros del proyecto en el barrio Consolación, con unos intereses de demora de 14.683 euros; y 84.454 euros del proyecto en Sixto Celorrio con unos intereses de demora de 10.608 euros. Ambas cantidades suman una cuantía total de 202.383 euros.
El Ministerio de Hacienda señala que se han detectado deficiencias en la construcción parcial de un edificio cuya financiación no había sido autorizada en la concesión de la ayuda, la no ejecución de cartelería y alumbrado cuyo coste se había presupuestado en 5.848 euros, la creación de medio puesto de trabajo frente a los dos que se había comprometido o que no se acreditara la realización de las mejoras que el contratista incluyó en la oferta cuyo valor ascendía a 72.000 euros.
"Estas circunstancias constituyen defectos en la gestión de los fondos concedidos al Ayuntamiento que denotan el incumplimiento significativo de los requisitos y obligaciones establecidas", según se explica en el informe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
