Zaragoza
Los responsables de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en Aragón han suscrito una declaración institucional junto con el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, para abrir "una nueva etapa" tras 40 años de autonomía que permita mejorar la calidad de los servicios públicos y "liberar las energías" productivas de la región, lo que pasa por la reforma del sistema de financiación autonómica.
El acto ha tenido lugar en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli y han firmado el documento Lambán, Ricardo Mur (CEOE), Aurelio López de Hita (CEPYME), Daniel Alastuey (UGT) y Manuel Pina (CCOO), acompañados por los consejeros de Hacienda y Economía, Carlos Pérez Anadón y Marta Gastón.
Tras la firma de la declaración institucional, Lambán ha expuesto que, si hace seis años las comunidades autónomas tenían dinero para financiar los servicios públicos o desarrollar la economía, se ha llegado a una situación en la que "no llega el dinero para mantener los servicios públicos y es imposible que acometamos la segunda etapa del desarrollo económico".
El jefe del Ejecutivo autonómico ha emplazado a "seguir perseverando" junto con toda la sociedad aragonesa y "seguir andando el camino" con las comunidades con las que ya ha firmado las declaraciones de Zaragoza (2018) y Santiago de Compostela (2021).
También ha afirmado que el "hito" de este viernes es "fundamental" porque "nunca hasta ahora se habían incorporado los agentes sociales", lo que "va a fortalecer mucho nuestra posición como Gobierno" para "reclamar lo que en justicia nos corresponde".
Lambán ha señalado que "la autonomía le ha sentado bien a Aragón desde cualquier punto de vista" al poder organizar los servicios públicos "a medida" y "liberar las energías económicas, cívicas y culturales", lo que ha permitido a la región "despegar y empezar a ser relevante", así como "liderar sectores de la economía".
De esta forma, la calidad de vida de los aragoneses ha mejorado "sustancialmente", también la capacidad productiva, y se han reducido las diferencias entre las comunidades del interior y "las más desarrolladas y mejor tratadas por los sucesivos Gobiernos, a las que hace 50 o 60 años mirábamos con envidia y hoy las podemos mirar de igual a igual".
Javier Lambán ha abogado por "seguir mejorando los servicios públicos y eliminando las diferencias con las comunidades más desarrolladas", planteando la unidad de España como "igualdad de derechos y oportunidades para todos".
"Para ello la disponibilidad de recursos es fundamental", ha manifestado Lambán, quien ha recalcado que este asunto "concierne a la sociedad entera" en el marco de "un proyecto de país poderoso, potente y compartido". Ha dejado claro que "no se puede prescindir" de sindicatos y empresarios.
El dirigente ha defendido la armonización fiscal para "evitar diferencias sustanciales", puntualizando que "imponer por ley una clase de armonización no es que case bien con la idea de autonomía", sino que "debería buscarse por la negociación".
Lambán también ha añadido que "si una comunidad decide tener pocos impuestos o muchos tiene derecho, pero no a rebajar impuestos y pedir al Gobierno de España que le dé de su presupuesto el dinero que decide perder por la vía de las rebajas" de los gravámenes porque "no es posible la multiplicación de los panes y los peces".
Consenso
"En este momento crucial es importante alcanzar el consenso con todas las fuerzas y no menos importante incorporar a los agentes sociales a este gran acuerdo de país que es la reforma de la financiación autonómica", ha proseguido Lambán, quien ha confiado en que la declaración institucional sea muy útil para el consejero de Hacienda cuando participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o dialogue con el Ministerio de Hacienda para defender la posición de Aragón.
A juicio de Lambán, "este documento demuestra que la estrategia seguida por Aragón los últimos años era la correcta", en alusión expresa a la defensa "a ultranza" del Estatuto de Autonomía y también al haber conseguido que "ese criterio sea compartido por otras comunidades autónomas".
Ha explicado que el documento elaborado por el Ministerio de Hacienda para iniciar la negociación sobre la financiación recoge las reivindicaciones básicas del Estatuto, como es el criterio de la población ajustada, pero "adolece de algunas carencias", por ejemplo que no menciona la suficiencia financiera, ni la lealtad institucional, ni la corresponsabilidad fiscal.
Reunión
Por otra parte, Lambán se ha mostrado partidario de reunirse con el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, como este le ha solicitado, no solo para hablar sobre financiación autonómica, también de otros asuntos de la agenda política, y ha considerado necesario entrevistarse "con regularidad" con todos los partidos de la oposición.
Sobre la propuesta planteada días atrás por Azcón para que una comisión de expertos asesore al Gobierno y partidos sobre la financiación autonómica, Lambán ha dejado claro que "nunca" se ha actuado "al margen del criterio de los técnicos" y ha subrayado que el informe elaborado por los técnicos del Gobierno regional está elaborado con "mucho criterio" profesional.
Ha aludido al informe elaborado en comisión especial de las Cortes de Aragón en 2018, que no fue elaborado por "poetas y artistas plásticos", sino por "gente que aporta mucho criterio".
Agentes sociales
Manuel Pina (CCOO) ha expresado que, en el ámbito del diálogo social, siempre ha habido "preocupación" por la financiación autonómica. "Son fundamentales las competencias del estado del bienestar, pero también las que tienen que ver con las infraestructuras, con las inversiones productivas o las políticas de empleo", ha continuado, para reclamar que se tengan en cuenta la despoblación, la superficie y el envejecimiento.
El secretario general de UGT, Daniel Alastuey, ha indicado que las actuaciones que defienden los agentes sociales "no se pueden realizar sin los recursos necesarios", por ejemplo las relativas a la mejora de la sanidad o la mejora de la FP.
"La financiación autonómica es insuficiente, más todavía desde la crisis de 2008", cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo, ha dicho, "un estrangulamiento de los servicios públicos al cargar sobre las comunidades mayores responsabilidades de gasto público".
López de Hita, de CEPYME, ha dicho que empresarios y sindicatos aportan un "cargamento de arena" en todo lo que pueden para "contribuir a la mejora de Aragón y sus gentes" en la confianza de que una financiación autonómica "justa" debe coadyuvar a "fortalecer el tejido empresarial".
"La disyuntiva es seguir aceptando una financiación injusta o reivindicar una financiación que contemple las peculiaridades de Aragón", apostando por elaborar "un planteamiento nuevo" en beneficio de las pymes y la mejora de los servicios públicos.
Ricardo Mur (CEOE) ha aseverado que este es "un tema trascendental para el futuro de Aragón", que se juega la calidad de los servicios públicos y las inversiones de la Administración autonómica, proponiendo un modelo "que responda a las necesidades de Aragón con lealtad y sin ser menos que nadie"
Ha considerado que "es bueno" que los agentes sociales respalden las tesis del Gobierno de Aragón para conseguir un modelo de financiación justo y ha urgido a "abandonar" el derrotismo y a reclamar un modelo que se ajuste a las necesidades de Aragón.
Por otra parte, y a preguntas de los medios, Mur ha considerado que las bajas laborales para guardar la cuarentena por la COVID-19 se deben dar "con criterios médicos".
Ha rehusado valorar cuántos días tiene que durar una baja, aunque ha recomendado que dure "lo menos posible" por "el daño a la competitividad y la organización productiva".
