Aragón

La Ley sobre simplificación administrativa de Aragón pasa su último trámite

Zaragoza

El pleno de las Cortes de Aragón ha debatido la ley simplificación administrativa, que ha pasado su último trámite, pendiente de ser votada al final de la sesión de este jueves, si bien la mayoría de los grupos han anunciado su apoyo al texto o la mayor parte del mismo.

El debate ha sido abierto por la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, que ha dicho que la ley atiende una "demanda social y empresarial, que si no acometemos puede transformarse en clamor", para lograr "simplicidad y rapidez en los trámites" de la administración, "manteniendo la garantía y calidad en el servicio público".

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha sido el coordinador de la potencia que ha tramitado la ley y ha explicado que de las 324 enmiendas, se han aceptado y transanccionado 82, el 25,7 por ciento del total, tras retirarse cinco. Como portavoz socialista, ha defendido que esta ley permitirá una administración "ágil", que dé respuesta a los administrados, sean grandes empresas, pymes o ciudadanos, ha glosado.

La parlamentaria del PP, Carmen Susín, ha anunciado su voto a favor "por responsabilidad", salvo en la parte del articulado "que no garantizar la seguridad jurídica" y en las disposiciones "que modifican o refunden hasta 30 leyes o decretos que no tienen nada que ver con la ley", para advertir de que ahora será necesario un "largo desarrollo normativo" y "no va a servir" para la tramitación de los fondos europeos.

El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha esgrimido que aunque esta norma "no la hemos hecho nosotros, pero en gran medida sí es nuestra" y va a ser "determinante" para "salir de la crisis" generada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, "deja de lado la burocracia absurda", una norma con la que "ganamos todos, los administradores y los administrados" porque "no va contra nadie".

Más sector público

La diputada de Podemos, Vanesa Carbonell, ha remarcado que el contenido de esta ley aparece en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y "mejora el procedimiento administrativo" en un momento en el que es preciso "más sector público" y una administración "más fuerte" para "afrontar los retos del siglo XXI".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha considerado oportuno adaptar los servicios públicos "a las nuevas realidades" para "evitar cargas administrativas innecesarias" y "dada la necesidad de aprovechar hasta el último euro de las ayudas europeas para la recuperación".

El parlamentario de VOX, David Arranz, ha anunciado la abstención de su grupo ya que "pese a estar de acuerdo en gran parte del fondo", persisten "demasiadas incertidumbres" y las formas no han sido "adecuadas", incluyendo solo dos de sus 28 enmiendas, cuando todas eran "de carácter técnico" para "enriquecer y clarificar el texto".

El diputado del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha sostenido que ante un "cambio de ciclo", "este gobierno de amplia base ha cogido el toro por los cuernos y ha afrontado una de las grandes necesidades que tiene la administración" para lograr un Aragón "próspero".

El diputado de IU, Álvaro Sánz, ha expresado su preocupación por considerar una "rémora" las labores de control, inspección y autorización previa, "como dice una exposición de motivos", y ha opinado que esta nueva ley "solo sirve para agilizar la tramitación de la actividad empresarial, pero no para resolver los problemas de las personas más vulnerables".

Sector público autonómico

El pleno también ha abordado el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, que se votará, igualmente, al final de la sesión de este jueves.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha explicado que se modifica normativa de hace 20 años, se dota de una regulación "más clara y ordenada" al sector público, se incide en su funcionamiento electrónico y, por ejemplo, se recoge la supresión de las viceconsejerías en la estructura orgánica de los Departamentos.

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha argumentado que esta norma es "prudente, equilibrada y necesaria" para "mejorar la administración autonómica", mientras que la diputada del PP, Ana Cristina Sainz, ha advertido de que existe "insuficiencia presupuestaria" para abordar todas las medidas de digitalización y "no se afronta una verdadera reforma del empleo público", herramientas necesarias para su aplicación ya que "la innovación ha de ser no solo tecnológica, sino organizativa".

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha considerado que esta ley va a servir para adaptar la normativa básica española a la autonómica, y se presenta "en el momento adecuado", para "ampliar y garantizar los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración".

La diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, ha esgrimido que es necesario impulsar "un Aragón más conectado, digital y de futuro" y por eso es preciso extender internet a todo el territorio porque "si no, esta ley quedará coja ya que muchos aragoneses no podrán beneficiarse de los trámite electrónicos".

Novedades

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha apostado por un nuevo marco regulatorio que se adapte a los cambios sociales y de la administración y ha destacado que el nuevo texto contempla la "definición exhaustiva" de las entidades que forman parte del sector público y una nueva regulación sobre el régimen del personal de las entidades de derecho público.

La diputada de VOX, Marta Fernández, ha comunicado la abstención ante las "dudas" y mejoras que requiere el texto, si bien ha compartido los principios generales, como la transparencia, planificación por objetivos, control de la gestión y evaluación de resultados y que se definan "con precisión" los entes de todo el sector público.

El diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha afirmado que esta reforma persigue una regulación "más clara y transparente del sector público aragonés, con especial incidencia en los procesos telemáticos y digitales". El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha estimado "conveniente" adecuar el marco normativo "a los nuevos tiempos", en una sociedad "que demanda transparencia, garantías y control".

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