Zaragoza
El Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento el anteproyecto de ley para la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y se ha comprometido a llevar la nueva ley a las Cortes de Aragón para su debate y votación antes de que termine el año.
Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Carlos Pérez Anadón, quien ha estimado que el nuevo impuesto podría entrar en vigor en 2022.
Mientras tanto, ha señalado, seguirá aplicándose el ICA, que "se va a seguir cobrando como hasta ahora", impuesto que desaparecerá "cuando entre en vigor la siguiente ley".
Por su parte, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha remarcado que el Consejo ha tomado en conocimiento el anteproyecto del ley de reforma, de forma que "falta tramitación previa antes de llevarlo a las Cortes", donde seguirá la vía ordinaria.
Ha subrayado que el documento conocido este miércoles en Consejo "recoge fielmente lo que se acordó en las Cortes de Aragón" y es "respetuoso con la normativa nacional y europea". Además, incorpora una rebaja del 9,2 por ciento en el término fijo del impuesto y contempla medidas de progresividad en las tarifas domésticas.
Mayte Pérez ha señalado que la nueva denominación será Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que "pasa a ser un tributo propio de Aragón con una clara finalidad ecológica" y cuya recaudación tendrá carácter finalista y se destinará a los programas de saneamiento y de depuración de aguas residuales urbanas que se desarrollen en la comunidad autónoma.
En todos los municipios
El Gobierno de Aragón ha precisado que el futuro Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales se aplicará en todos los municipios de la comunidad autónoma sin excepción, gravará la producción de aguas residuales, que se manifiesta a través del consumo de agua, y supondrá una rebaja en las facturas que se giren por consumos medios.
Esta armonización supondrá que todos los municipios están sujetos a esta figura, si bien se discriminará a los que cuenten con depuración propia de los que encomienden la gestión de la depuración al Instituto Aragonés del Agua. Asimismo, las entidades de población con menos de 20 personas censadas estarán exentas del pago, salvo que la estación depuradora se gestione por la comunidad autónoma.
Para consumos domésticos medios de 12 metros cúbicos al mes las nuevas tarifas suponen una bajada del seis por ciento frente al anterior importe. Por el efecto conjunto de la reducción del término fijo y de la escala progresiva, la rebaja llegará hasta el 23 por ciento para consumos reducidos.
La aminoración se mantendrá hasta consumos de 16 metros cúbicos al mes, alcanzando aproximadamente al 95 por ciento de los usuarios domésticos. Para consumos superiores, la escala progresiva hará que la cuota tributaria aumente respecto al impuesto anterior.
De la misma manera, se regulará una tarifa social para atender a las personas en situación de vulnerabilidad social y se mantendrán exenciones esencial como los usos agrícolas y ganaderos. Sin embargo, para usos no domésticos con carga contaminante se produce una ligera subida con el aumento en los términos variables del cinco por ciento.
Redacción
El anteproyecto del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales ha sido elaborado por el Instituto Aragonés del Agua en colaboración con la Dirección General de Tributos y es fruto del "amplio consenso" que quedó reflejado en el acuerdo de gobernabilidad que firmaron las fuerzas que componen el Ejecutivo autonómico --PSOE, Podemos, CHA y Partido Aragonés--, ha indicado el Gobierno de la comunidad en una nota de prensa.
Ha añadido que la necesidad de reformar el ICA y dar una nueva solución al tratamiento de las aguas residuales y del saneamiento se había puesto ya de manifiesto en la legislatura pasada, cuando las Cortes de Aragón hicieron suyo el dictamen de la comisión especial de estudio sobre la aplicación del Impuesto de Contaminación de las Aguas.
El Ejecutivo autonómico ha precisado que su finalidad ecológica y su destino al saneamiento y a la depuración "ya había concitado acuerdos generalizados al entenderse como un compromiso con la reducción de la contaminación de las aguas residuales y como un incentivo de las buenas prácticas".
Con la entrada del proyecto de ley en las Cortes de Aragón, se impulsará el debate sobre la figura medioambiental que se rige por los principios contenidos en la normativa estatal y comunitaria, "que persiguen el derecho de todas las personas al acceso a un agua de calidad, exigen el cuidado de los ecosistemas y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos y de los poderes públicos", ha apostillado el Gobierno autonómico.
