Zaragoza
El Gobierno de Aragón destinará 510 millones de euros a la implementación de las medidas urgentes para luchar contra la COVID-19 recogidas en el Decreto que ha aprobado este lunes, que inicia el desarrollo de la Estrategia por la Recuperación Económica y Social.
El presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, y el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, han presentado este miércoles, en rueda de prensa, el acuerdo del Consejo de Gobierno.
Lambán ha señalado que la paralización de la economía durante más de dos meses obliga ahora a esforzarse "sobremanera", de ahí el Decreto de medidas "urgentes y extraordinarias de impulso de la Estrategia", siendo "el primer paso importante" para llevarla a término.
Las medidas recogidas en esta norma guardan relación con la inyección de liquidez en el tejido productivo, así como la flexibilización y agilización del funcionamiento de la Administración para que "sea un acicate, lejos de suponer un problema para inversores y empresarios".
También incluye acciones de apoyo a los sectores económicos más castigados, como los autónomos, el comercio y el turismo, "a los que el Gobierno de España ha ayudado mucho y nosotros hemos de ayudar".
Para priorizar algunas de las 273 medidas de la Estrategia, el Gobierno ha tenido en cuenta las conversaciones que mantuvo en mayo con PP y Cs, así como las que destacaron los agentes económicos y sociales, observando que la cuantía no es la que les gustaría, "ni a ellos ni a nosotros", pero sí son cifras "bastante considerables" porque "se trata de no perder ni un segundo para reactivar la economía, que necesita un impulso formidable del sector público".
Carlos Pérez Anadón ha expuesto que el Presupuesto de 2020 dejó de existir como tal cuando llegó la pandemia, al cambiar todas las prioridades del Ejecutivo, que se centran ahora en el "gasto COVID", de manera que algunas partidas dejaron de tener financiación, y paralelamente se ha puesto en marcha la Estrategia.
Entre las medidas que se van a comenzar a ejecutar ya, Pérez Anadón ha destacado la reactivación de licitaciones retrasadas; mantener la inversión pública en educación y sanidad, acelerando licitaciones, trámites y licencias, con la intención de salir de la crisis de forma distinta a como se salió en 2008.
El Decreto servirá para "generar liquidez", ha explicado Pérez Anadón, a nivel interno de la Administración, con créditos a corto plazo por 1.406 millones de euros, para mantener medidas como la reducción del plazo de pago a proveedores, que ha bajado en 24 días desde el inicio de la pandemia, y también facilitando la concesión de avales a empresarios y autónomos a través de las sociedades públicas Sodiar y Avalia.
Además, el Ejecutivo quiere que algunos funcionarios continúen con sus atribuciones temporales para que "puedan estar donde más se necesita" y se crearán unidades de apoyo específicas para diferentes tramitaciones.
El consejero ha afirmado "sin temor" a equivocarse que el "gasto COVID" superará los 400 millones de euros, aunque "tendremos la foto muy clara a final de año", llamando la atención sobre la disminución de ingresos por tributos y tasas.
Líneas de actuación
Entre las líneas de actuación destacadas en este Decreto se encuentran la reactivación de los proyectos que ya eran una referencia de futuro en Aragón, como Amazon y Guissona, con una inversión para este año de 4,6 millones, o la rehabilitación de la estación ferroviaria internacional de Canfranc.
También, los proyectos de mejora de infraestructuras viarias, con una inversión de 40 millones; las ayudas al alquiler (3,8 millones); las infraestructuras de depuración (7 millones); los equipamientos educativos (31 millones) y sanitarios (57); el impulso a la logística con la multimodalidad y el e-commerce (38 millones).
Asimismo, el Programa PAIP de ayuda a la industria y la pyme (5 millones); medidas de inserción laboral y mejora del empleo para la mujer (43 millones); la implantación del vehículo eléctrico (3,1) y apoyo a Opel/PSA (4); el turismo, con seis millones.
El sector del transporte de viajeros por carretera verá compensada la falta de actividad con, al menos, 1,5 millones. La investigación científica se reserva 1,5 millones, y a cultura se destinan 4 millones.
Garantizar las subvenciones
En este paquete de medidas de estímulo juegan "un papel importante" también las subvenciones, tan necesarias antes como después del estado de alarma, que dejarán los expedientes exentos del trámite de fiscalización previa, en aras a la agilidad en la concesión.
Está prevista la posibilidad de modificar las líneas de subvenciones en todos los casos en los que sea necesaria la adaptación a la Estrategia de Recuperación, ya sea modificando el Plan Estratégico, las bases reguladoras o las convocatorias, pero en una tramitación única. De la misma manera, se amplían plazos de ejecución y de justificación a aquellas concedidas antes del estado de alarma, pero afectadas en su desarrollo por la situación de paralización de la actividad que ha afrontado el país.
Se contemplan también excepciones al compromiso de mantenimiento del empleo que va asociado a la entrega de ayudas y subvenciones, así como a los porcentajes mínimos de trabajadores con discapacidad o en proceso de inserción que deben cumplir determinadas empresas para mantener su calificación y que deberán recuperar tras la finalización del estado de alarma. Estas medidas se orientan de manera especial al fomento del empleo de las personas más vulnerables.
El Ejecutivo ha acordado también que las subvenciones a entidades públicas del Sistema I+D+i para el fomento de la investigación podrán pagarse anticipadamente en su totalidad.
Finalmente, las relativas al transporte por carretera se tendrá en cuenta el transporte regular de viajeros que sea deficitario y que no esté financiado con contrato programa para poder realizar abonos a cuenta; también se atenderán los servicios públicos que hayan reducido la actividad a causa de la COVID-19 a fin de paliar los ingresos no percibidos, los sobrecostes de explotación y otras variables.
En todo el trabajo administrativo que deberá dar cobertura a los diferentes proyectos se prima la celeridad, con lo que será suficiente la aprobación de los mismos para que echen a andar sin necesidad del visto bueno del Consejo de Gobierno, aunque deberán ser comunicados a la Intervención general para que pueda realizar su labor fiscalizadora.
Asimismo, el Gobierno ha dispuesto la declaración de urgencia de todos los procedimientos administrativos para activar las diferentes medidas previstas y con carácter general, el procedimiento de urgencia en los expedientes de contratación.
