Zaragoza
El 26% de las empresas aragonesas reconoce hacer uso, en algunas ocasiones, del derecho de aplicar intereses de demora a las facturas impagadas. Un porcentaje que se sitúa en siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional que es del 19%.
Las empresas aragonesas se sitúan así en el cuarto puesto dentro de España en relación a este punto de la directiva europea antimorosidad, que establece que los acreedores con facturas impagadas pueden reclamar 40 euros a su proveedor a modo de indemnización por la gestión del cobro de la deuda.
Por delante de Aragón, se situarían las comunidades de Castilla-La-Mancha, Andalucía y País Vasco con un 40%, un 33% y un 30% respectivamente, siendo las tres autonomías que más aplican esta medida, según el Informe Europeo de Pagos, elaborado por Intrum, compañía líder en gestión y prevención de impagos.
Situación distinta se observa en otras comunidades como Madrid. En esta autonomía, las pérdidas por impago de las compañías ascendieron al 1,9% de sus ingresos anuales y, a pesar de ello, solo el 14% de las organizaciones penalizan a sus proveedores por los retrasos en los pagos. Un mismo porcentaje que también se registra en el caso de Cataluña.
El desconocimiento normativo en las empresas no afecta solo a los derechos que otorga, sino también a los plazos de pago. En concreto, el 45% de las empresas aragonesas sigue aceptando plazos de pago más largos a los establecidos inicialmente.
Un hábito que es habitual que esté motivado en la mayoría de los casos por la falta de conocimiento de la directiva europea antimorosidad, que fija un límite de pago de 60 días para empresas y 30 para las administraciones públicas.
