Zaragoza
Una reducción de diez puntos en las cotizaciones sociales permitiría crear 3.306 empleos en zonas afectadas por la despoblación en la comunidad aragonesa, además de tener un impacto en el PIB de la comunidad de 231,03 millones de euros y generar un retorno fiscal de 65,80 millones.
Estas son algunas de las cifras que se desprenden del estudio 'La despoblación en Aragón: propuestas fiscales y otras propuestas', que ha sido presentado por CEOE Aragón con el doble objetivo de mantener la población existente en los municipios aragoneses y atraer más población a esta comunidad en la que 17 de las 33 comarcas tiene menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Una situación que, sobre todo, se registra en la provincia de Teruel -pero que también se deja sentir en Huesca y Zaragoza-, y a la que se suma el problema adicional del envejecimiento: en Aragón el índice de envejecimiento es de 115,9 frente al 97 de España, mientras que el índice de sobreenvejecimiento se sitúa en 19,5 frente al 16,4 del conjunto del territorio español.
La reducción en diez puntos de las cotizaciones sociales es una de las principales medidas que se recogen en este documento y que contribuirían a evitar la despoblación en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Con la implementación de esta medida que afectaría a 397.152 personas, se podrían crear 3.308 empleos, además de producirse un impacto en el PIB de alrededor de 231,03 millones de euros y un retorno fiscal de 65,80 millones de euros. El coste de su aplicación -se calcula en 275,42 millones de euros-, sería inferior en comparación con la suma de los datos anteriores.
En el caso concreto de la provincia de Teruel, el impacto sería también positivo. Frente a un coste de aplicación de la medida de 94,01 millones de euros, la provincia se beneficiaría de un impacto en el PIB de 78,86 millones de euros y la generación de 1.129 puestos de trabajo. Además, el retorno fiscal ascendería a 22,46 millones de euros.
En las autonomías españolas se aplican diferentes incentivos, con la excepción de Madrid y Murcia. En la comunidad aragonesa, en la actualidad, están en vigor una serie de medidas fiscales en el tramo autonómico del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (por arrendamiento de fincas rústicas, de renta anual no superior a 9.000 euros) e IRPF (5% por adquisición o rehabilitación de primera vivienda en municipios de menos de 3.000 habitantes y personas menores de 36 años, estando sujeto a límites de renta) y entre 100 y 300 euros por nacimiento o adopción del primer o segundo hijo en localidades de menos de 10.000 habitantes.
"Estos incentivos tienen un efecto reducido y pocos destinatarios", además de "tener más margen", ha explicado Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, quien ha añadido que se podrían eliminar los límites excluyentes de edad y renta y aplicar deducciones a los residentes de los municipios que se determinen en los impuestos de Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados -no solo en fincas rústicas sino también en explotaciones agrícolas y ganaderas que fijen residencia en el medio rural-, y en Sucesiones y Donaciones. Un impuesto este último desde el que CEOE Aragón consideran que debería eliminarse en general y sobre el que apuntan que, por lo menos, debería haber bonificaciones y reducción de tipos para residentes de explotaciones agrarias. También habría más margen en el Impuesto de Sociedades con bonificación de la cuota sobre beneficios para empresas con sede fiscal en los municipios. "Se deben abordar los incentivos de manera más global y según la normativa europea", ha incidido Mur.
Si se tiene en cuenta la propuesta fiscal completa, y el escenario de municipios de menos de 10.000 habitantes, se generarían 3.618 puestos de trabajo y el impacto en el PIB se elevaría a 301,7 millones de euros. El retorno fiscal ascendería a 71,95 millones de euros. Estas cifras serían mayores si se contemplan los municipios de Aragón que no son capitales de provincia y no solo los que tienen menos de 10.000 habitantes. En este caso, se generarían 5.044 empleos, 334,9 millones de euros de impacto en el PIB y 100,31 millones de retorno fiscal.
Son necesarias más medidas
Las cotizaciones sociales y fiscales son una de las medidas que se plantean en el documento, pero no son las únicas y deberían acompañarse de otra serie de incentivos y medidas porque "la principal motivación de una empresa para instalarse no son los incentivos fiscales, sino las infraestructuras, la conectividad digital por banda ancha y 4G", entre otras, que ha enumerado Ricardo Mur. "Nadie se va a vivir a un municipio solo por un ahorro fiscal si no hay posibilidades de desarrollo profesional y vital para los hijos".
La reindustrialización de estos territorios se convierte así en un instrumento clave para que estas zonas no dependan solo de la agricultura y la agroindustria, además de permitir con la llegada de industrias atraer a profesionales cualificados como ha sucedido en los Highlands de Escocia.
La simplificación y la eliminación de trabas burocráticas o administrativas sería otra de las medidas necesarias para favorecer la actividad económica en estas zonas con el fin de que no se exijan los mismos trámites administrativos y medioambientales en las capitales de Zaragoza o Huesca que en un municipio. Una simplificación que tiene que hacerse también de cara al sector agroalimentario y que no soluciona la Ley de Venta de Proximidad.
El paquete de medidas que se propone en este estudio también contempla el impulso al emprendimiento en el medio rural, crear Zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI), mejorar la seguridad en zonas despobladas, la bancarización de estas localidades, adecuar los servicios, equipamientos y estructuras públicas y establecer incentivos salariales para empleados públicos como médicos o maestros en zonas despobladas. Y todo ello debe acompañarse de una adecuada financiación autonómica, que tenga en cuenta la dispersión territorial, el envejecimiento poblacional y el efecto sobre el coste de prestar servicios a los ciudadanos.
El documento de medidas, que se ha trasladado ya al Gobierno de Aragón, requiere a su vez de un Pacto de Estado despolitizado -algunas medidas son competencia estatal-, que incluya un calendario de acciones y presupuesto. Son un conjunto de medidas que contribuirían a frenar la despoblación, aunque los efectos, sobre todo viendo la experiencia europea, se verán a "25 ó 30 años. Quien piense en solucionarlo en cinco años, está equivocado", ha manifestado José Antonio Pérez Cebrián, presidente de CEOE Teruel, quien ha incidido en que nunca es tarde para empezar a actuar.
