Zaragoza
La organización empresarial ha planteado un decálogo de propuestas que se deberían priorizar en la política de la comunidad aragonesa con el fin de evitar los efectos de la prolongación de la tendencia de "enfriamiento" económico.
Son políticas ante las que la CEOE Aragón ha urgido al nuevo Gobierno de Aragón a planificar y adoptar actuaciones en el ámbito autonómico y que han sido dadas a conocer tras la celebración de su Comité Ejecutivo y la Junta Directiva en las que se ha constatado que los efectos de esta desaceleración económica se notan ya en la actividad empresarial.
La primera de las medidas para minimizar ese impacto pasa por reforzar el sector industrial para lo que consideran necesario consensuar un Plan de Industrialización de Aragón, que fortalezca la Industria 4.0 y permita poner en valor sectores tractores de la comunidad como la automoción, la alimentación, la logística y la energía.
La organización empresarial igualmente considera conveniente que se aborde un plan de digitalización autonómico con medidas que permitan incrementar la digitalización de las empresas, del sistema educativo y formativo, de la administración y de la ciudadanía. Un plan que debería, a su vez, acompañarse de otro a nivel estatal para que España sea un país en liderar la digitalización.
Favorecer el crecimiento del tejido empresarial es otra de las medidas planteadas y que, a su vez, comprende una serie de acciones como el impulso a la consolidación, competitividad y el aumento del tamaño de las empresas (4,8 trabajadores por empresa en Aragón con un 95% de pymes con menos de 10 asalariados frente a los 12 empleados por empresa de Alemania). Una línea en la que se debe trabajar de forma conjunta con el impulso de una política de atracción de empresas con una Marca Aragón empresarial que ponga en valor la calidad y especialización de las compañías que conforman el tejido empresarial.
El decálogo de medidas de CEOE Aragón también pasa por reducir las barreras burocráticas que limitan la competitividad empresarial, así como por la priorización de la inversión productiva en mantenimiento y mejora de infraestructuras viarias, aéreas logísticas, hidráulicas y de telecomunicaciones o la internacionalización empresarial, entre otras.
La mayor eficiencia y racionalización en el gasto público en la Administración Autónoma es otra de las propuestas de la organización empresarial de cara a favorecer la coordinación y evitar duplicidades dentro de este conjunto de acciones en el que, igualmente, es clave disponer de una fiscalidad que contribuya al crecimiento económico y la lucha contra la despoblación.
Y también es preciso hacer compatibles las normativas medioambientales, las políticas energéticas y la actividad empresarial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y, todo ello, avanzando hacia un sistema educativo y formativo ajustado a las necesidades del desarrollo de la comunidad y de las empresas, y contando con el diálogo social como elemento clave para la adecuación de medidas adaptadas a la realidad del tejido productivo y para articular las acciones dentro de las políticas activas de empleo.
