Nacida en Valladolid aunque granadina de adopción, buena parte de su carrera política ha estado dedicada a la Educación, aunque Juanma Moreno ha situado a una de sus "mujeres fuertes" en una consejería que quiere que vuelva a ser "inversora" una vez saneadas sus cuentas.
Usted ha sido, junto con el de Sanidad, la consejera más alarmista al denunciar la herencia recibida. ¿Por qué? La situación de la Consejería no es un hecho aislado. Siguen apareciendo sorpresas cuando no llevamos ni cien días de Gobierno. Esta ha sido la Consejería del engaño. Se ha engañado a todo el mundo, a los territorios, a sus alcaldes, a sus vecinos, a las empresas de la construcción, y en definitiva, al conjunto de los andaluces. Y esto ha supuesto haber roto muchas expectativas y comprometer una vez tras otra unos presupuestos falsos. Eso es en lo primero que nos hemos puesto a trabajar, limpiar esos expedientes poco a poco. Eso requiere mucho trabajo administrativo, para poder liberar el presupuesto y empezar a construir uno nuevo desde cero. Un presupuesto en el que ya estamos trabajando de 2019. Empezamos encargando una auditoría, que afecta a las tres agencias públicas que tiene la Consejería de Fomento: Obra, Vivienda y Puertos.
¿Y qué han encontrado? Estamos esperando esos resultados finales. Mientras, estamos internamente realizando un examen. Y es verdad que, aunque debe ser una Consejería absolutamente inversora, tiene un presupuesto comprometido desde hace años, incluso desde hace una década, con traspasos pendientes. En concreto, hemos encontrado 239 expedientes que están en el limbo, proyectos que no se han puesto en marcha y que se siguen presupuestando, que siguen apareciendo en los Presupuestos y que, a la hora de resolverlos y de finiquitar esos expedientes, nos van a costar con las empresas 4,5 millones. Es sólo un ejemplo de una mala gestión y una falta de compromiso.
Ha denunciado que tiene 579 millones en traspasos pendientes de presupuestar y 1.028 millones de deuda en esas tres agencias. ¿Es así? Exacto. Es una deuda que está comprometida con las tres agencias. Incluso la de Puertos, que decían que era la más saneada, tiene una deuda de 15 millones de euros. El resto, hasta los 1.028 millones, pues prácticamente al 50 por ciento entre las otras dos. Una deuda heredada que supone tener comprometido también con los bancos un pago de intereses. En definitiva, obras que ya están finalizadas y que se han puesto en marcha desde hace más de una década y que los gobiernos socialistas comprometían pero no pagaban. Hoy, este nuevo Gobierno tiene comprometidos su presupuesto y la financiación de esas obras y de las dos agencias hasta 2041.
¿Qué es lo más urgente que han tenido que pagar en estos meses? Quizá lo principal, que ya demuestra la falta de decisión, de empuje y la dejadez del Gobierno anterior, es que nos han dejado comprometidos los contratos de Conservación de Carreteras, que son unos contratos esenciales para la seguridad de todos los andaluces. Estaban vencidos todos, 33 de 35 contratos. Los últimos vencerían a principios de 2020. Ya no había más posibilidades de prórroga y se ha aprobado una figura, en base a la seguridad, que es el contrato de emergencia para la conservación de las carreteras andaluzas. Pero nosotros ya estamos trabajando en los contratos que vencen en octubre y noviembre, sacándolos a concurso, a licitación. En total, suponen 55 millones de euros.
¿Hay más ejemplos de esas características? Muchos. Otros contratos vencidos similares son los de transporte interurbano, esos autobuses que vemos por la autovía y por el mundo rural, por nuestros municipios, etc. Más contratos vencidos: todos los de las concesiones de los puertos deportivos. Esto pone de manifiesto que no se ha gestionado bien. También han sido muchas las reclamaciones de empresas y de proyectos que siguen llegando en cascada a la Consejería. Quiero poner de manifiesto otra situación de urgencia, como es la sentencia del Metro de Sevilla, una sentencia millonaria, de 162 millones, que es la más importante después de la del Caso Nevada, que son otros 166 millones de euros. Yo creo que el Metro de Sevilla es el ejemplo de la gestión socialista: una obra que se alarga en el tiempo, y que se inaugura diez años más tarde de lo previsto con un sobrecoste del cien por cien.
¿Y con esta base, qué quiere y puede hacer la nueva consejera? Estamos obligados a informar y trasladar de manera concienzuda la situación encontrada. Pero también hemos planteado acciones de gobierno, de impulso. Quiero destacar que la primera decisión de esta Consejería fue la de trabajar en el nuevo plan de infraestructuras para Andalucía. El plan anterior, el que conocemos como PISTA, finaliza en 2020. Este nuevo Gobierno tiene una nueva hoja de ruta en este plan, de nuevas inversiones en infraestructuras. Pero, sobre todo, con una nueva premisa: un plan que sea real y que se ejecute, contemplando infraestructuras del siglo XXI. Tenemos que ir muy en paralelo con los fondos europeos, que también viene en este nuevo marco, por lo que el objetivo temporal sería 2021 a 2027. También hay que tener en cuenta la baja ejecución del presupuesto actual. No se puede comprender que, en una Consejería inversora como esta, más del 25 por ciento del presupuesto no se ha gastado, y el grado de ejecución de los fondos europeos, unos 700 millones, es absolutamente preocupante. Los datos de los que disponemos hoy, del plan europeo anterior que finaliza en 2020, la ejecución es del 21 por ciento en esta Consejería. Hay proyectos en riesgo. Y más preocupante es que la certificación de la obra es la mitad, un 10,5 por ciento.
Ha hablado de "inversiones del siglo XXI". ¿A qué se refiere? Tenemos que adaptarnos a un nuevo escenario económico y del marco de los fondos europeos 2021-27, que ya no vienen para esas grandes infraestructuras, sino que llegan para facilitar la movilidad, el transporte intermodal, a favorecer los impactos sobre el medio ambiente, etc. El momento de las grandes obras faraónicas que nos han hipotecado se ha acabado. Hay que dimensionar nuestras infraestructuras a una realidad y destacar aquellas que realmente se necesitan, con estudios de demanda, con estudios serios de viabilidad, con decisión política y con valentía. Pero no politizando estas decisiones. Hay que optimizar hasta el último euro. No digo que no se hagan grandes obras, siempre y cuando se ajusten a la demanda. Por ejemplo, este nuevo gobierno se ha comprometido a ampliar el Metro de Sevilla.
¿Se compromete con la Red completa de Metro de Sevilla? De momento, hay que ampliarlo con una nueva línea, que serían dos medias. Es decir, parte de la Línea 2 y de la Línea 3. Vamos a empezar a actualizar, en primer lugar, esos proyectos que vienen de 2008, que se pagaron y que se guardaron en un cajón. Y con el entendimiento, con el acuerdo y con la negociación también con el Estado, poner en marcha al menos esas dos medias líneas, que son las que tienen prioridad.
¿Y la prolongación al tranvía de Alcalá? Este proyecto se encuentra en una situación lamentable, porque ni siquiera se ha invertido en seguridad. Es una obra que estaba a un grado de ejecución de un 90 por ciento y que hoy ha sufrido actos vandálicos, de robo de viales. En este asunto estamos también trabajando administrativa y técnicamente para desbloquear esta infraestructura.
También en Málaga siguen pendiente de su decisión sobre el Metro... Lo primordial es cerrar la herida que tiene Málaga en la Alameda. Ahí tenemos hoy una obra abierta desde hace diez años y, día tras día, se cierran comercios y se está haciendo un daño tremendo a los vecinos. No me atrevo aún a dar plazos. Al mismo tiempo, estamos trabajando con la empresa concesionaria para dar un nuevo trazado al Metropolitano. En el Metro de Málaga el desencuentro con el Ayuntamiento ha sido constante porque el anterior Gobierno intentó imponer una obra que no se ajustaba a la ciudad. Hay que resolver un problema muy importante que hay de movilidad en torno al Parque Tecnológico de Andalucía. Este asunto el Gobierno anterior no quiso afrontarlo, y este nuevo equipo está trabajando para presentar en tres meses un plan de movilidad en torno al PTA. Porque además de resolver los accesos y la vida diaria de los malagueños, que tienen ahí un problema serio, es la solución para que se instalen nuevas empresas.
¿Y el Tranvía de Jaén, construido y parado desde 2011? Estamos revisando el convenio anterior, tras la vergüenza que sentimos de este proyecto. Se mintió a una ciudad con este asunto. Hay que recordar que hablamos de una infraestructura que no reclamaba la ciudad. Fue otro capricho del Gobierno anterior. Hubo desencuentros con el Ayuntamiento, a quien se le intentó convencer de que comprara los trenes. Yo ya le he trasladado al alcalde nuestra voluntad de diálogo. Aún se está negociando el coste de los vagones y no hay plazos para acometer la obra.
El Tranvía de la Bahía de Cádiz debía funcionar este mes... Voy a invitar a los grupos del Parlamento a visitarlo. Este proyecto demuestra esa historia de mentiras y de falta de empuje y decisión política. Esta obra, nada más acceder al Gobierno, se nos puso sobre la mesa como el primer lío que teníamos, ya que tenía que estar en servicio, pues no contaba con capacidad de prórroga, antes del 31 de marzo. Así que estamos avanzando, tanto administrativa como técnicamente, todo lo que podemos. Estamos negociando con el Fondo Social Europeo. No ponerlo en marcha antes del 31 de marzo nos puede costar a los andaluces 90 millones de euros.
¿Cuánto va a pedir para la Consejería en el presupuesto de 2020? Es complicado hablar de ello. El presupuesto de 2020 va a tener que ver mucho con las cuentas generales de la Junta de Andalucía, con el cumplimiento de su objetivo de déficit y también con la financiación del Estado. Este Gobierno va a reclamar al de España, sea del color que sea, financiación suficiente para poner en marcha no solo estas inversiones de las que hemos hablado, sino para poder pagar servicios que son esenciales como la Sanidad y la Educación.
¿Va a apostar por la colaboración público-privada? Esto es un compromiso del PP, siempre que se contemple la colaboración público-privada de una manera complementaria, con respecto a la que conocemos todos como recursos propios, de un plan estatal o de la UE. Y estamos tomando nota de lo que hacen otras comunidades, como la de Madrid, que es una referencia, o Castilla y León. Es algo que viene a aportar y a sumar, lógicamente con sus controles y mecanismos de regulación. Yo desde luego no voy a renunciar a este modelo por un motivo ideológico, como me está exigiendo Adelante Andalucía en el Parlamento. Hay que tener la mente abierta a esta fórmula, para generar más inversión en Andalucía.
¿Cuáles son las prioridades que va a reclamar al Gobierno central? El Gobierno central debe seguir apostando por Andalucía. Tanto el Corredor del Mediterráneo como el Central son prioritarios. Hay que mejorar las conexiones y no vamos a renunciar a ninguno de los dos. Son primordiales para seguir exportando, mejorando no solo nuestros puertos, sino las áreas logísticas. El compromiso de este nuevo Gobierno de la Junta es apostar por el Puerto Seco de Antequera, por las Áreas Logísticas de Córdoba o de Jaén, que están enmarañadas y ahogadas en trámites y papeles. También parece que el AVE para Granada ya va a ver la luz en el mes de junio. Otra propuesta es plantear de una vez la Alta Velocidad para Almería.
¿Y qué va a hacer en el conflicto entre taxis y VTC? Sigo diciendo que la competencia es nacional y que no puede haber 17 normativas diferentes en un asunto que afecta a los ciudadanos. Y lo que no puedo hacer es pasarles la pelota a los ayuntamientos, porque eso sería lo fácil. Nosotros estamos trabajando con el sector del taxi y con las VTC. Estamos planteando un documento de trabajo que en unos días verá su luz. Yo les pido paciencia y confianza.