Para muchos, 2018 se recordará como el año del vuelco electoral en Andalucía, pero estos doce meses han dejado otros grandes cambios, como la crisis migratoria que ha traído a nuestras costas a casi 50.000 personas, y la constatación de que Andalucía no ha convergido y vuelve a ser declarada por parte de la UE Región Objetivo 1
Pocos podrían imaginar hace apenas doce meses que Pedro Sánchez estaría hoy en el Palacio de la Moncloa como presidente del Gobierno en lugar de Mariano Rajoy. Y menos aún que Susana Díaz estaría en el Palacio de San Telmo haciendo las maletas tras un vuelco electoral que le lleva al PSOE perder la Junta de Andalucía tras 36 años gobernándola.
El sorprendente cambio político producido en los últimos meses en España sólo ha sido superado por el shock que han provocado en la región los resultados electorales del pasado 2 de diciembre, en los que el PSOE consiguió los peores datos de su historia, al caer hasta los 33 escaños (28 por ciento de votos) de los 109 del Parlamento. El otro partido de izquierdas, Adelante Andalucía, también retrocedió y consiguió sólo 17 escaños (Podemos e IU sumaban 20).
En el caso contrario, Ciudadanos subía de 9 hasta 21 diputados, y se producía la entrada histórica de Vox en el Parlamento Andaluz con 12 escaños y casi 400.000 votos (10 por ciento del total). Esta circunstancia permite al PP arrebatarle la Junta al PSOE a pesar de que la candidatura de Juanma Moreno también sufrió una fuerte caída que le llevó a perder 7 diputados y quedarse con sólo 26.
Este cambio tiene tal trascendencia histórica que se ha convertido en el gran titular de un año que venía marcado por otro acontecimiento políticojudicial excepcional: el juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta que ha llevado al banquillo de los acusados a dos expresidentes andaluces que han dirigido la región durante 25 años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros muchos conocidos responsables políticos, incluida la exministra Magdalena Álvarez.
El juicio quedó la pasada semana visto para sentencia tras 152 sesiones durante más de un año en el que el tribunal ha oído a más de 120 testigos, nueve peritos y los acusados, que afrontan hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación. Se les acusa de urdir un sistema "opaco e ilegal" para repartir 847 millones de euros durante una década a trabajadores de empresas en crisis, mediante un procedimiento cuya legalidad debe sustanciar la sala.
La línea de defensa de un juicio tan técnico y complicado se ha basado, de manera esencial, en el desconocimiento de lo que estaba sucediendo. Tanto Chaves como Griñán y el resto de los acusados lo han alegado. "Nunca conocí, nunca me reuní, nunca negocié, nunca vi, nunca actué y ningún miembro del Consejo de Gobierno pudo conocer", señaló Griñán a lo largo de las siete horas que duró su interrogatorio.
La otra línea de defensa ha sido señalar que las partidas presuntamente ilegales eran aprobadas año tras año por el Parlamento en los presupuestos de la comunidad. Por tanto, la pregunta era: ¿es posible que sea ilegal una ley emitida por el Parlamento? A pesar de la catarata de testimonios de la defensa, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la petición de condena para Griñán de seis años de prisión y para Chaves de 10 de inhabilitación. La sentencia no se conocerá antes del verano. La macrocausa de los ERE no termina aquí y se mantendrá viva en otros 270 juicios, uno por cada ayuda presuntamente irregular, que se celebrarán en los próximos años.
Inmigración
Pero si a nivel político 2018 ha estado marcado por las elecciones y por el juicio de los ERE, a nivel social, el año pasará a la historia como el de mayor número de llegada de inmigrantes a las costas andaluzas. Casi 50.000 personas han alcanzado el litoral regional, casi todas en pateras, lo que supone triplicar los 17.614 de todo 2017, según las cifras dadas por la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.
La llegada de pequeñas embarcaciones ha sido constante durante todo el año, produciéndose escenas de contraste con los turistas que veraneaban las playas andaluzas. La gravedad de la situación ha sido tal que el Gobierno andaluz ha hecho numerosos requerimientos al Gobierno central y a otras comunidades autónomas para que les ayuden en el reparto y asilo, especialmente de los menores extranjeros no acompañados (menas). Andalucía acoge más de la mitad de los 12.000 menores llegados a España.
El Gobierno central aprobó en octubre ayudas por 38 millones, de los que 25,5 vivieron a Andalucía para crear nuevas infraestructuras y para ayudas de urgencia. Sin embargo, son muchos los ayuntamientos andaluces que han denunciado su desamparo para atender a los inmigrantes con sus escasos medios, poniendo a disposición sus polideportivos y recursos de asistencia social ante la llegada de pateras.
A nivel económico, 2018 se ha caracterizado por una ralentización del crecimiento que ha obligado a numerosos organismos oficiales a revisar a baja las expectativas para este este año. Así, las principales previsiones macroeconómicas tanto para este año como para el próximo sitúan a Andalucía por debajo de la media nacional. Funcas pronostica que este año la economía andaluza crecerá un 2,5 por ciento, menos que la media nacional, y se desacelerará hasta el 2,1 por ciento en 2019, también peor que el promedio nacional.
Las razones estriban en el peor comportamiento del sector servicios que en el resto de España y en la debilidad de su industria. La constatación de que, tras diez años de crisis, Andalucía no solo no ha mantenido la convergencia con Europa sino que se ha ido quedando atrás, la confirmó el pasado mes de septiembre la propia Comisión Europea, que señaló que la Comunidad vuelve a ser considerada Región Objetivo 1, es decir, aquellas que no alcanzan el 75 por ciento de media del PIB de la UE.
Eso supondrá la llegada de más fondos en el marco 2020-2027, pero también la constatación de que los más de 100.000 euros recibidos por Andalucía desde su entrada en la UE no han sido suficientes o no se han aprovechado bien, según se escuche al Gobierno de la Junta o a la oposición.
Frenazo turístico
Por sectores, 2018 ha constatado el frenazo en la llegada de turistas internacionales tras la recuperación de otros destinos de sol y playa del Mediterráneo (Turquía, Egipto, Túnez), y el crecimiento de Marruecos, si bien los visitantes nacionales han suplido esa caída y este año Andalucía superará los 30 millones de turistas. Las perspectivas del sector turístico para los próximos años siguen siendo buenas, como constatan la constante apertura de nuevos hoteles y, especialmente, viviendas turísticas.
Una de las imágenes del año en este ámbito ha sido la entrada de nuevos operadores en el sector del transporte que compiten con los tradicionales taxistas. Empresas de vehículo con conductor (VTC) como Uber o la española Cabify han desembarcado en ciudades turísticas como Málaga o Sevilla provocando una intensa respuesta del sector de taxi que sigue aún en el aire y que deberán regular ahora la Junta y los ayuntamientos.
Por otra parte, la turística Costa del Sol abandera el nuevo crecimiento del sector de la construcción, con numerosos proyectos por toda la zona, así como la reactivación de promociones en capitales como Málaga, Sevilla y Granada. Junto a ello, las grúas han vuelto a buena parte de las ciudades andaluzas, aunque de momento para obras de rehabilitación y conservación.
Junto a la reactivación de algunos sectores económicos, una de las noticias positivas que ha dejado el año ha sido el interés de la empresa norteamericana Virgin por Andalucía para convertirla en centro de desarrollo y banco de pruebas de su proyecto de transporte futurista Hyperloop.
La compañía firmó en agosto un acuerdo con el ministerio de Fomento para utilizar las instalaciones de 19.000 metros cuadrados que la empresa pública Adif cuenta en Bobadilla (Málaga) que actualmente están fuera de uso, lo que permitirá generar 250 puestos de trabajo directos y cientos de empleos indirectos. El proyecto cuenta con una inversión prevista de 500 millones de euros, 125 de ellos de incentivos públicos.
También Cádiz formará parte de la historia de este transporte ultrarrápido (1.200 kilómetros por hora), ya que la empresa Airtificial (antigua Carbures) ha realizado ya en su planta de El Puerto de Santa María el primer prototipo de cápsula, en la que podrán viajar entre 20 y 30 personas. Además, ha conseguido el contrato para realizar 5 kilómetros del tubo por el que debe transcurrir este nuevo transporte.
En el extremo opuesto, una de las noticias negativas del año para Andalucía llegó desde California, donde la nueva Administración proteccionista de Donald Trump arremetió contra las exportaciones de aceitunas negras de la región, que tras un gran esfuerzo en los últimos años habían copado una cuota de mercado superior al 30% en EEUU.
Tras la denuncia de varias empresas locales, las exportaciones andaluzas tienen que soportar unos aranceles cercanos al 35%, que han provocado ya este año una enorme caída de las ventas de un sector que cada año exportaba por valor de 70 millones al país norteamericano.
Otra sorpresa llegó en agosto, cuando Dcoop, la mayor cooperativa de aceite de España, anunció un acuerdo para la compra de un 20% del capital de su competidora californiana Bell Carter Food, la firma que juntó a Musco Family Olive, impulsó el arancel. Bell Carter es la mayor empresa del sector en Estados Unidos y el acuerdo permite a la cooperativa de Antequera (Málaga) dar un fuerte impulso a su negocio en este país, con un acuerdo de suministro.
Desempleo
La herencia económica del año incluye un panorama laboral complicado, con una tasa de desempleo del 22,85%, ocho puntos por encima de la media nacional, lo que se traduce en casi 900.000 parados. Es decir, Andalucía concentra más del 27% de los parados del país cuando la población andaluza supone aproximadamente un 18% del total nacional.
Incluso las estadísticas europeas sitúan a Andalucía como la séptima región europea con mayor tasa de desempleo. Y especialmente complicado para el futuro será el reto de devolver a la vida laboral a los más de 317.000 andaluces que, según la Encuesta de Población Activa, hace más de dos años que no trabajan.
No es de extrañar por tanto que las cinco ciudades españolas con más paro pertenezcan a Andalucía, con Linares (39,04%), donde se produjeron masivas manifestaciones contra el paro hace un año, a la cabeza. Córdoba y varias ciudades de la provincia de Cádiz, como Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Concepción, Jerez de la Frontera o Chiclana de la Frontera también tienen tasas de paro superiores al 30%, duplicando la media nacional. Según el INE, Sanlúcar de Barrameda es la ciudad con menos renta de España, con 10.435 euros al año de media por unidad familiar. Además, un 31% de la población se encuentra en riesgo de pobreza.
