PP y Ciudadanos pretenden reducir el número de puestos de libre designación, realizar una auditoría de la Administración andaluza y analizar los 25.000 empleos de los entes paralelos
Desde el pasado día 2 de diciembre, fecha de las elecciones andaluzas, y raíz del posible cambio de Gobierno, una de las preguntas más recurrentes en numerosas sedes de la Administración pública andaluza es qué va a pasar con los cargos de confianza, asesores y puestos de libre designación existentes en estos momento y copados, en muchos casos, por personas del entorno del PSOE andaluz.
Este relevo, tan normal en todas las comunidades autónomas cada vez que se produce un cambio de Gobierno regional, es especialmente significativo en el caso andaluz por dos grandes motivos. El primero es que en esta comunidad se trata de una situación inédita jamás vivida, ya que el PSOE lleva dirigiendo la Junta desde hace 36 años.
El segundo motivo por el que levanta tanta expectación es por el enorme peso de la Administración andaluza en la región -con casi 250.000 empleados públicos- y por la escasa información que existe en torno a determinados cargos y puestos de libre designación.
La enorme y tupida red que la Junta ha ido tejiendo durante años con personal procedente de las filas del partido socialista ha provocado siempre mucho recelo entre los propios empleados públicos y numerosas críticas por parte de la oposición, cuyo líder Juanma Moreno (PP) reconocía no poder llegar a evaluar por la falta de información oficial existente a pesar de la aprobación de la Ley de Transparencia.
Algo más claro parece estar el número de cargos de libre designación que deberán salir tras el cambio de Gobierno y que se estiman en cerca de 2.500, según ha explicado el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. Precisamente, el partido naranja ha presentado una propuesta para la "eliminación de los cargos de libre designación por encima del nivel 30". A esos 2.500 puestos se sumarían otros 500 personas que dejarían de trabajar como cargos de confianza de las consejerías (secretarios, personal de gabinete, prensa…).
En el caso de los departamentos de Comunicación se va a producir un importante conflicto motivado por la inexistencia de un cuerpo técnico de periodistas, al no haber reconocido nunca la Junta esa labor en sus RPT (Relación de Puestos de Trabajo). De esa forma, muchos periodistas han entrado a trabajar en la Junta llamados por algún cargo público y posteriormente han quedado una especie de limbo legal o en clara irregularidad administrativa como interinos durante años, por lo que los nuevos gestores deberán dar una salida a esta situación.
Al margen de la situación de los puestos de libre designación, PP y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo programático que contiene 90 medidas y un calendario para los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas se encuentra el encargo de una auditoria externa tanto de las cuentas de la Junta de Andalucía como de sus empresas satélites, la denominada Administración paralela, en la que trabajan unas 23.000 personas.
El "Inventario de entes de la Comunidad Autónoma de Andalucía" a 1 de febrero de 2017, publicado en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, señala la existencia de 208 entes que cuentan con un volumen total de 13.000 millones de euros de presupuesto y que además arrastran una deuda con entidades de crédito que en 2015 ascendía a 1.250 millones de euros. Estos entes de la administración paralela empleaban en 2017 a un total de 23.052 empleados, con un coste para las arcas públicas de más de 907 millones de euros.
No es de extrañar por ello que la alarma haya cundido en muchos de esos organismos, que en los próximos meses deberán pasar un importante examen tanto para justificar su supervivencia como para explicar su número de empleados y su método de contratación.
