Doctora en Derecho Administrativo, experta en Energía y profesora de la Universidad Loyola Andalucía, fue fichada por Susana Díaz hace menos de un año para impregnar con su visión no sólo a la Consejería, sino al resto del Gobierno andaluz en una tarea que afirma debe ser transversal.
Defina la situación del medio ambiente en Andalucía. El medio ambiente en Andalucía goza de muy buena salud, pero hay que mantenerla e incluso mejorarla, como a las personas. Esto es objetivo si la comparamos con otras comunidades, y los datos están ahí, a pesar de que somos la Comunidad más extensa en cuanto a territorio, población y ecosistemas, con dos parques naturales y a punto de conseguir el tercero, y un patrimonio natural enorme y variado.
Le han encargado un departamento 'de moda' que es el de Cambio Climático. ¿Está sola en esa batalla o convence al resto del Gobierno? Es un proyecto de todo el Gobierno de Susana Díaz y, de hecho, lo hemos reflejado en una Ley. El Parlamento andaluz acaba de aprobar el paquete de medidas frente al cambio climático y la transición energética, donde se diseñan los instrumentos necesarios para que esta política se aplique en una consejería concreta, pero para que tenga calado en el resto de ellas, porque tiene relación con todos los ámbitos.
Los objetivos europeos básicos hasta 2030 son tres: 40% de reducción de gases de efecto invernadero, tener un 17% de cuota de energía renovable y una mejora del 27% en la eficiencia energética. En esto ya hay países que están muy adelantados. España está en una posición intermedia. ¿Cuál es la contribución de Andalucía? ¿Cumplirá? Creo que la aprobación de la Ley por unanimidad en el Parlamento andaluz es una demostración del compromiso no sólo del Gobierno, sino de todos los grupos y toda la sociedad por cumplir esos objetivos. Pero de cada una de esas tres patas que ha nombrado hay que tener en cuenta las condiciones específicas de Andalucía. Por ejemplo, sobre el primer punto hay que recordar algo importante, y es que Andalucía no tiene las competencias para actuar en las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores más potentes, lo que se llama Régimen del Comercio de Derechos de Emisión. Es decir, las grandes industrias. Son competencias que regula el Gobierno de España. De hecho, nos consta que el nuevo Ministerio del Gobierno actual está ultimando una ley que fijará esos objetivos. ¿Qué podemos hacer nosotros a partir de nuestras competencias? Fijar las reducciones en el resto de emisiones, que son las de carácter difuso. Y ahí nos hemos marcado de objetivo el 18 por ciento.
¿Somos una región contaminadora, en comparación con otras? Depende de con quién nos comparemos y qué cifras estemos mirando. Si tenemos en cuenta el PIB y el VAB (Valor Añadido Bruto) en Andalucía, a nadie se le escapa que los sectores que tiran de la economía en nuestra región son el sector servicios, el turismo y la agricultura, y estos sectores son poco emisores en comparación con otros como la construcción o la industria, que están más desarrollados en el norte de España. En base a estos índices, y también por nuestra dependencia aún de los combustibles fósiles, lo cual estamos ya revirtiendo con nuestra apuesta por las energías renovables -pues tuvo un parón importante cuando hubo recortes de las renovables con el gobierno del PP-, se han fijado en la Ley unos objetivos de reducción de emisiones del 18 por ciento hasta 2030. Hablamos de emisiones difusas, que son las que provienen de la agricultura o el transporte a gran escala -aviones, por ejemplo-. Si lo conseguimos antes de 2030, o si es en ese año, ampliaremos ese índice de reducciones.
En cuanto a las energías renovables, ¿en qué punto estamos? Nosotros hemos fijado que el consumo final bruto de energías renovables para 2030, en toda Andalucía, sea del 35 por ciento. No es poca cosa para ser la Comunidad más grande de toda España. Es nuestra forma de ser patriotas.
Recientemente, la presidenta de Andalucía decía que estamos 5 puntos por encima de España en el uso de energías renovables, un 19,5% frente al 14,5% de España. ¿A qué se debe? Fuimos los primeros en aprobar una Ley andaluza del fomento de las energías renovables, en el año 2007. Las cosas no son baladíes. No todo se arregla con una ley, pero ayuda. Se establecen con ella una serie de sanciones y medidas. Y esas medidas hacen que sectores económicos que estaban dispuestos a apostar por energías renovables creen ese caldo de cultivo para que las inversiones sean fructíferas y den rendimiento económico. Ese crecimiento se ha dado a pesar del recorte a las primas y la incertidumbre jurídica de los últimos años... El impuesto al sol que aprobó en su momento el PP celebramos de forma efusiva que se elimine ahora. Y también nos alegramos de que dentro de muy poco vayamos a tener una ley en España sobre cambio climático y transición energética, y que ésta nos dé más seguridad jurídica para todos aquellos inversores nacionales o europeos que quieran apostar por Andalucía, pues somos una fuente de recursos enorme: sol, agua, viento, biomasa... En cuanto a los recortes que afectaron a las energías renovables, si eres inversor español que apuesta por ellas y ganas 10, y ahora te dicen sin avisar que ya no serán 10 sino 6, es un cambio de las reglas del juego que afecta a la seguridad jurídica. Pero sobre todo afecta a la discriminación entre inversores, porque los que son nacionales solo han podido ir al Tribunal Constitucional y luego al Supremo. Sin embargo, los inversores internacionales sí que han podido ir a los arbitrajes internacionales. Y a estos sí que les están dando la razón y están ganando. Sin embargo, en España, el Supremo les está quitando la razón a los inversores españoles. Es un agravio comparativo en toda regla. Y es un daño a la marca España.
¿Estamos en condiciones de dar primas a las renovables de nuevo? Yo entiendo que sí, aunque esto es competencia del Gobierno de España. Y estoy segura de que lo van a hacer porque la ministra es muy competente, al igual que su equipo.
¿Qué puede suponer desde el punto de vista del empleo ese empuje a las renovables? Acabamos de aprobar la Estrategia Andaluza para el Empleo Verde, en el Consejo de Gobierno de hace un par de semanas. Es una estrategia con la que intentamos sentar las bases para que todo este crecimiento se traduzca en empleo potente y de calidad. La semana pasada tuvimos una reunión con empresarios que se han adherido ya a la Ley, al Sace (Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones). Son ya 113 los empresarios y empresarias que se han adherido, por lo que es un compromiso con los empresarios por el cambio climático en Andalucía y por todas las oportunidades que se generan con esta nueva regulación que hemos planteado, muy ambiciosa en sus objetivos, pero también muy realista. Se estima que se crearán 200.000 empleos en toda España en 15 años y muchos de ellos en Andalucía... En estos momentos, si una empresa quiere ser competitiva, no solo hay que mirar la cuenta de resultados, sino el hecho de que sea sostenible y cómo contribuye al cambio climático. Las economías circulares son fundamentales y generan ahorro y empleo, además de favorecer la lucha contra el cambio climático. En Andalucía los emprendedores tienen interiorizada esta conciencia medioambiental. Contamos con esa ventaja.
Por contra, hay sectores que con las nuevas energías se ven afectados y tienen que cerrar, como ocurre con el carbón que se produce en Puente Nuevo (Córdoba), Los Barrios (Cádiz) o Carboneras (Almería). ¿Qué les diría a esas comarcas? Habrá que darles soluciones. Es lógico que en algunas zonas esa lucha contra el cambio climático provoque el temor, porque se va a producir un cambio de su modelo productivo. Pero habrá que saber adaptarse. Un ejemplo está en Almería. Allí, en los invernaderos, los agricultores se han tenido que adaptar con los fitosanitarios y los plaguicidas en pro de la lucha biológica. Al principio les parecía un mundo y ahora están muy contentos de haber hecho ese cambio. Se trata de irte al territorio, escucharlos y darles posibilidades. Y desde el punto de vista económico, si hay que darles incentivos, pues se les dará. Cuando a la gente se le explica las cosas, las entiende.
¿Qué destacaría de esa Ley de Cambio Climático que acaba de aprobar el Parlamento andaluz? Vamos a hacer corresponsables a todas las Administraciones. Obligaremos a todos los ayuntamientos, grandes o pequeños, a tener sus medidas contra el cambio climático. Los pequeños tendrán ayudas de las diputaciones y de la Junta. Se dotará de una oficina específica para que ayude a los pequeños ayuntamientos, porque los grandes tienen recursos por sí solos para hacerlo. Les pedimos a los ayuntamientos su propio plan de medidas contra el Cambio Climático. Cada plan debe tener tres medidas de actuación: la adaptación, la mitigación y la comunicación y/o difusión. Y todo dependerá de las circunstancias concretas de cada territorio, y esto marcará la pauta. Por ejemplo, los ayuntamientos que sean de una provincia donde haya mucha potencia eólica, centrarán sus medidas en ese ámbito. Lo importante es que todas las Administraciones se hagan corresponsables y que los ciudadanos vean que todos actuamos. Y el segundo punto, es que es una Ley para la cultura empresarial y la cultura climática. Sentamos las bases para que desarrollo económico y sostenibilidad sean una realidad. Como contrapeso va a suponer la generación de empleo verde.
¿Se demoniza a las empresas como enemigas del medio ambiente? No, para nada. Son o deben ser aliados contra el cambio climático. Eso es lo que estamos intentando. Y por eso cuando ponemos medidas encima de la mesa, los empresarios son los primeros que quieren acometerlas.
Las industrias de Huelva y Algeciras llevan años invirtiendo en medio ambiente, pero no consiguen trasladar a la población que ya no son las industrias contaminantes de hace 25 años. ¿Cree usted en ese cambio? Por supuesto. Se ha cambiado de la noche al día. Por eso hay que hacer un poco más de esfuerzo de difusión y concienciación entre la ciudadanía. Se aplicará con la nueva Ley un reforzamiento positivo. Las empresas que cumplan tendrán incentivos, mientras que habrá mano dura contra aquellas que no lo hagan.
Los constructores han denunciado que la Junta no invierte los más de 350 millones recaudados desde el año 2000 con el canon del agua... Hay que dejar claro que es un canon finalista. Es decir, todo el dinero que se recauda, hasta el último céntimo, va destinado a realizar obras de depuración. En Andalucía estamos mejorando ostensiblemente el nivel de inversión, y se está gastando mucho más que en los últimos años. Nos gustaría gastar más, pero podemos llegar hasta donde podemos llegar con los recursos que tenemos. Además, hacer una depuradora no es tan fácil. Esto tiene unos trámites, unas licitaciones, unos pliegos de condiciones al que se puede presentar todo el que quiera; todo esto tiene que valorarlo una serie de funcionarios para adjudicarla a quien sea más apropiado, y luego, una vez que se ha cumplido todo esto, está el período de la obra, que tarda un año o más de un año. Es decir, para tener una depuradora hecha se tarda unos tres años. Todo está muy avanzado para hacer esas depuradoras.
Está diciendo que hay un retraso, pero se van a construir todas, ¿no? No es que haya retraso, es que es imposible gastar todo el dinero recaudado a la misma vez. Esto es un dinero que viene de los impuestos de todos los andaluces. Este no es un dinero que va a otro lado o se pierde, sino que está dedicado exclusivamente para hacer depuradoras, y se están haciendo.
