La producción agraria regional alcanzó en 2016 la cifra récord de 11.772 millones de euros -el 25% del total nacional- y la renta agraria creció un 7,1% hasta los 8.848 millones -el 33% del conjunto de España-.
Los años de crisis económica, con la caída de sectores tradicionales, especialmente la construcción, han servido para reafirmar la importancia de la agricultura y la ganadería en Andalucía, un sector que mueve por sí sólo el 8 por ciento del Producto Interior Bruto regional, en torno al cual se está desarrollando una potente agroindustria, que está creciendo exponencialmente en las exportaciones a todo el mundo y, lo que es más importante, un sector que fija a la población en el territorio y del que dependen una buena parte de los 778 municipios de Andalucía. Por poner un ejemplo, sólo del aceite de oliva dependen más de 300 municipios con 250.000 familias.
No es de extrañar por ello que, aunque se trate de un sector muchas veces olvidado, sigue siendo uno de los pilares económicos y, sobre todo, sociales de Andalucía. Tras unos años de incertidumbre por la crisis económica, el sector agrícola andaluz está recuperándose con fuerza y los indicadores de 2016, tras una magnífica campaña, han dado una buena alegría a las maltrechas economías rurales de la región. La renta agraria aumentó el pasado año en Andalucía un 7,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, hasta superar los 8.800 millones de euros. Así se destaca en el segundo avance del informe anual de las macromagnitudes del sector en la región, presentado este pasado mes por la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz.
Este nuevo resultado revisa al alza la primera estimación oficial realizada el pasado mes de noviembre, que preveía un aumento del 6,2 por ciento. Se trata de una cifra récord.
El indicador de la renta agraria refleja la cantidad global que ingresan los agricultores y ganaderos, incluidas las subvenciones y una vez restados los gastos relativos a fertilizantes, semillas, energía, amortizaciones e impuestos, entre otros.
Esta subida de la renta agraria andaluza en 2016, algo superior a la nacional -que fue del 6,9 por ciento viene motivada principalmente por el aumento de la producción agraria, que según los primeros datos provisionales podría rondar los 11.700 millones de euros, un 4,6 por ciento más respecto a 2015.
Asimismo, ha influido el abaratamiento de costes como los energéticos y los de fertilizantes. Destaca la subida de los productos vegetales -especialmente el aceite-, que supera los 9.800 millones, un 5,4 por ciento más que en 2015.
El "oro líquido" de Andalucía Por sectores, el del aceite de oliva es el que muestra un mayor crecimiento, con un valor de producción superior a los 2.458 millones de euros, un 62 por ciento más gracias a la buena cosecha. Le siguen las frutas tropicales (27,5 por ciento y 211 millones de euros), las uvas (10,9 por ciento y 42 millones) y los cultivos textiles como el algodón (4,9 por ciento y 145 millones).
Estos incrementos compensan el descenso del 7,8 por ciento en el valor de las hortalizas, que se vieron afectadas por la bajada de los precios.
Por su parte, las producciones ganaderas se mantuvieron estables, con un ligero aumento del 0,7 por ciento hasta los 1.621 millones.
El incremento de riqueza vino también acompañado de más empleo, como confirmaron los datos de la Encuesta de Población Activa. El crecimiento fue del 12,4 por ciento respecto a 2015, hasta superar los 246.000 ocupados en el sector.
La consejera autonómica, Carmen Ortiz, subraya que estos datos avalan la fortaleza mantenida por el sector durante la crisis económica, a lo que se añade la mejora de sus niveles de competitividad e internacionalización, con un aumento continuado de sus ventas al exterior durante los últimos siete años. En 2016, Andalucía se situó de nuevo por delante de Cataluña como mayor región exportadora, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros.
La agricultura y ganadería andaluzas aportan actualmente una cuarta parte del valor de la producción del sector en España (25 por ciento) y algo más de un tercio de la renta (34 por ciento). El complejo agroalimentario, que incluye al sector pesquero, cuenta con más de 5.000 industrias que aportan alrededor del 8 por ciento del Producto Interior Bruto andaluz y el 10 por ciento del empleo total de la Comunidad Autónoma.
En el conjunto nacional, el valor de la Producción Final Agraria también experimentó en 2016 una cifra récord con 46.807 millones de euros gracias a un incremento prácticamente de todas las producciones agrícolas y ganaderas, salvo frutas y patata, y a pesar de los bajos precios de los productos ganaderos y de los cereales. La renta agraria se incrementó un 6,9 por ciento hasta los 25.687 millones de euros, siguiendo la línea de recuperación del ejercicio anterior y rompiendo una racha de reducciones que se mantenía prácticamente desde 2007.
Respecto a la renta agraria nacional, Andalucía aporta en torno al 34 por ciento del total, así como el 25 por ciento de la producción agraria del conjunto del país. Grandes retos A pesar de los buenos datos del pasado año, no son pocos los problemas al que se enfrenta el sector agrario, como la necesidad de modernización de muchas explotaciones, la mejora de la comercialización, la gestión del agua o el progresivo envejecimiento de la población.
A todos esos retos se suma lapaulatina reducción del peso de la Política Agraria Común (PAC) en los presupuestos europeos, que se traduce en un continuo descenso de los fondos y ayudas al sector. Para hace frente a alguno de esos problemas, la Junta de Andalucía prevé aprobar en breve la nueva Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía.
El Consejo de Gobierno aprobó en octubre el inicio de la tramitación del proyecto de Ley, que incorpora nuevas medidas contra las prácticas comerciales abusivas y que obliga a los establecimientos a la donación de excedentes alimentarios para fines sociales, entre otras medidas. El anteproyecto debía haberse remitido al Parlamento en la primavera de 2017, si bien a estas alturas sigue sin fecha definitiva para su tramitación parlamentaria, que se espera ya en breve. La nueva Ley no incluye la regulación del llamado Banco Público de Tierras, una medida impulsada por IU en la anterior legislatura, cuando gobernaba en coalición con el PSOE.
El texto define un grupo de explotaciones de atención preferente para la aplicación de incentivos, de forma que además de lasconsideradas actualmente como prioritarias, se incluyen las familiares que cumplan determinados requisitos -por ejemplo, que sean de mujeres, de jóvenes o de producción ecológica- y las de reducidas dimensiones, pero orientadas a la gestión en común.
Venta a pérdida
Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, se incrementan las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria, de forma que, por un lado, fija como infracción muy grave la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador -mayorista o cadena de distribución- abusando de su posición dominante.
Esta práctica de venta a pérdida, hasta ahora sólo sancionada en el ámbito del comercio pero no en el origen, tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras.
Por otro lado, se incorporan controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y, en caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador.
El sector recibió inicialmente con satisfacción el proyecto de Ley, según declararon las principales organizaciones agrarias y cooperativas. Sin embargo, el mayor problema técnico al que se enfrenta esta Ley es la falta de competencias sobre esta materia de la Comunidad Autónoma, lo que puede hacerla quedar en una práctica voluntarista y poco efectiva.
Antiguo PER
Otro de los grandes reto del sector es la situación de los trabajadores en el mundo rural. Este mes, el Congreso de los Diputados ha rechazado mayoritariamente la proposición no de ley defendida por Unidos Podemos para impulsar un nuevo subsidio agrario que elimine las peonadas como requisito para poder acceder al mismo.
La propuesta, presentada por el diputado y antiguo portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, sólo encontró el respaldo de los diputados de Esquerra Republicana, Compromís y Bildu.
Por el contrario, votaron en contra de esta iniciativa el Partido Popular, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro y Nueva Canarias, mientras que el PSOE y el PDeCAT optaron por abstenerse. También en Andalucía, la mayoría de los partidos políticos y las organizaciones agrarias han rechazado abiertamente una propuesta que a su juicio alimentaría la picaresca.
