La compra pública de tecnología innovadora es un mecanismo poco conocido, incluso en el ámbito empresarial.
Mediante el mismo, la Administración Pública puede licitar la adquisición de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra en el mercado, pero que puede conseguirse en un tiempo razonable y, además, requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada. La potencia de estímulo de este instrumento es enorme, tanto para promover la innovación tecnológica entre el tejido productivo, como para dar respuesta a las nuevas necesidades del ciudadano. Sin embargo, se trata de una herramienta aún poco conocida y utilizada.
Tanto en España como en el resto de Europa, las políticas públicas de estímulo de la innovación empresarial se han centrado tradicionalmente en la oferta, frente a la política seguida por EEUU, donde, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se ha tenido en cuenta el estímulo tanto de la oferta como de la demanda y, dentro de esta, la compra pública de tecnología innovadora ha sido muy utilizada como impulso del sector empresarial tecnológico estadounidense. En los últimos años, también en Europa se está reaccionando y las autoridades comunitarias han marcado directrices claras para que todas las administraciones utilicen este instrumento. En España, donde la licitación pública supone un 18,5 por ciento del PIB, el recorrido potencial es enorme y, además, existen importantes ayudas financieras al efecto.
Entre los principales frenos que limitan su uso por la Administración, destaca la incertidumbre jurídica, ya que, pese a que ya existen instrumentos legales para estos procesos y hay plena seguridad jurídica, aún existe poca práctica real en su aplicación. También es una traba la incertidumbre tecnológica, ya que deben demandarse productos y servicios no existentes pero alcanzables a corto plazo. La Administración no siempre dispone de personal capacitado para resolver estas dudas, pero existen asesores especializados en este campo a los que recurrir. En concreto, en Andalucía, áreas como la salud, la educación, la asistencia a la dependencia, la gestión ambiental o la obra civil presentan grandes oportunidades para movilizar este tipo de iniciativas. Sin duda, por su capacidad de maximizar la movilización de fondos europeos, por su potencial para satisfacer las nuevas necesidades de los ciudadanos y por ser un estímulo para el sector empresarial innovador, la compra pública de tecnología innovadora es un gran motor de riqueza que no debería ser desaprovechado.
El reto de la innovación para una economía más competitiva
