La juez amplía la imputación al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por un delito continuado de cohecho porque habría recibido dádivas o regalos por la concesión de subvenciones sociolaborales. Entre 2001 y 2008 Fernández adquirió cuatro viviendas y dos garajes y percibió, junto a sus hijos, 602.806 euros de origen desconocido.
El exalto cargo está inculpado desde 2011 en el caso ERE por haber cometido presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Además, está imputado por la misma juez en el caso del fraude en la formación, que Alaya ha dividido en cuatro grandes piezas recientemente.
Sobre esas mordidas de casi 603.000 euros, recogidas en un atestado de la Guardia Civil, la magistrada especifica que fue empleado en la compra de inmuebles. Cuatro de ellos los adquirió en 2008, dos para él y dos para su hijo, que carecía de ingresos para efectuar la compra, igual que su hermana, a la que también compró un inmueble, según la juez.
Fernández, que ha sido citado a declarar el 3 de marzo junto a otros imputados, fue autorizado o cotitular en algunas de las cuentas bancarias de sus hijos, precisa la juez. El patrimonio del exalto cargo de la Junta ha sido investigado dentro de este sumario desde el mismo momento de su imputación, con petición expresa de la juez de que esas pesquisas abarcaran a su esposa, sus padres, sus hijos y los cónyuges de estos.
Contratos en Heineken
Junto a él, Alaya también ordenó investigar en 2011 al exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. La juez considera que también recibió dádivas o regalos por la intermediación o tráfico de influencias, y requiere a la Guardia Civil para que realice un informe sobre la ayuda sociolaboral de 16 millones concedida a Heineken España en 2005.
Y es que el hijo de Rivas estuvo contratado en Heineken desde abril de 2005, cuando era menor de edad, hasta 2010, periodo en el que percibió 182.118 euros sin contar con estudios universitarios. Además, Alaya señala que este hijo de Rivas compró en 2013 dos inmuebles, por lo que pide a la Guardia Civil que informe cómo lo hizo, y solicita información sobre los pagos de las hipotecas de tres hijas del exdelegado.
También le pide a la Guardia Civil que le informe de la efectividad de los servicios prestados por la nuera de Rivas entre 2007 y 2009 en empresas vinculadas al conseguidor de los ERE, y hombre clave en la trama, Juan Lanzas e Ismael Sierra (cuñado de este), que le pagaron 22.248 euros.
231 imputados
Por último, Alaya suma dos nuevas imputaciones a la causa, alcanzando las 231: las de dos exdirectivos del quebrado grupo tecnológico EDM, de Jaén. Lo hace por la percepción de un préstamo, que realmente fue una subvención a fondo perdido, por 385.000 euros. Junto a estas dos personas, amplía la imputación derivada de esta operación al exdirector de la agencia Idea Jacinto Cañete; al exdirector de Finanzas de esta agencia y al exdirector general de Trabajo Juan Márquez.
La magistrada recuerda en el auto que esa subvención se autorizó en la consejería de Empleo, y se abonó por parte de Idea, sin ningún análisis económico, prescindiendo "total y absolutamente del procedimiento legal establecido", sin solicitud formal por parte del beneficiario ni resolución motivada de concesión, y sin ser fiscalizada previamente por Empleo.
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