La juez Mercedes Alaya ha iniciado la precampaña judicial con un demoledor auto del pasado 20 de enero, conocido ayer, en el que apunta la existencia de ?graves bolsas de fraude? en la concesión y gestión de al menos 222 millones en fondos para la formación por parte de la Junta en la última década y media.
Tras recibir un atestado de la Guardia Civil, la juez ha decretado el secreto de sumario solicitado por los agentes para terminar las investigaciones en un mes y, al tiempo, ha abierto cuatro líneas de investigación. En dos de ellas la fundación pública Faffe, creada por la Junta en 2003, disuelta en 2011 e integrada en el SAE (Inem, andaluz), es protagonista directa.
En primer lugar, la juez señala a "entramados empresariales beneficiarios de ayudas" en los que sus gestores tenían relación con altos cargos de la consejería de Empleo. Se refiere así al grupo empresarial que creó Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda imputado por Alaya en el caso, al que su cuñada Teresa Florido (exdirectora general de Formación para el Empleo de 2011 a 2013) le otorgó al menos 5,3 millones en ayudas firmadas por ella.
Este entramado habría cometido fraude con unos 50 millones de ayudas, según la investigación inicial de la Policía Nacional. El testigo clave en el caso de la formación apunta al exconsejero Ojeda.
En segundo lugar, la juez sevillana pone el foco en las ayudas recibidas por la red de consorcios escuela para Formación Profesional creados por la Junta desde 1991. Alaya asegura que, de la documentación recabada por la Guardia Civil, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución". Hasta ahora se conocía que la revisión de expedientes de subvenciones que la propia consejería de Educación está realizando ha detectado 36 ayudas fraudulentas otorgadas entre 2007 y 2012 a 12 de los en total 14 consorcios.
El volumen de las ayudas que la propia Junta exige devolver a sus consorcios es de 50,4 millones. Estos consorcios se han integrado en una nueva agencia pública, siguiendo el modelo de Faffe con el SAE, y están en liquidación en su mayoría. Los consorcios recibían las ayudas sin concurrencia, lo que incumple además la Ley de Subvenciones.
Delphi
La tercera y cuarta líneas de investigación tienen un denominador común: la citada Faffe. En primer lugar, por el papel que jugó en la gestión de parte de los fondos de formación para los extrabajadores de la factoría de Delphi en Cádiz. Recibió para ello de la consejería de Empleo a la que estaba adscrita siete subvenciones directas por 36 millones. Otras empresas privadas recibieron otros 70 millones, entre las que vuelve a aparecer el entramado de Ojeda, que recibió 33,3 millones, casi la mitad. De esta cantidad, las empresas del exconsejero endosaron a la Junta gastos no subvencionables por 13,3 millones, el 40 por ciento del total.
En lo que a la propia Faffe se refiere, la juez recuerda la investigación sobre dos subvenciones por 49 millones -de las que cobró 41-, cuyo uso la Cámara de Cuentas de Andalucía señaló que "no estaba en absoluto justificado". Pide a Caixabank, Unicaja y BBVA información sobre todos los movimientos en las cuentas de Faffe desde 2003 a 2011 y a la Junta todas las ayudas que le concedió en esos años. También indaga las relaciones comerciales de Faffe con proveedores a la busca de "gastos inflados o inexistentes".
El emporio de formación del exconsejero Ángel Ojeda
