Teodoro Montes, exjefe de servicio de Formación de la consejería de Empleo de la Junta en Sevilla, relata en su segunda jornada de declaración ante la juez Mercedes Alaya cómo UGT, CCOO y CEA se quedaban con parte de los fondos públicos para formación de los que eran adjudicatarios imponiendo comisiones a los entes con quienes los subcontrataban.
Precisamente la operativa de subcontratación de cursos es la que está detrás de la imputación del exconsejero de Hacienda andaluz, Ángel Ojeda, por malversación y prevaricación en este caso. Montes detalló a la magistrada que los sindicatos y "sobre todo" la CEA llegaron a cobrar comisiones de hasta el 20 por ciento por subcontratar cursos a otras entidades, algo que sabe porque las propias subcontratas se lo revelaron. La juez pide a la Agencia Tributaria las facturas de todos los proveedores de formación de la CEA desde 1999.
Entre las empresas subcontratadas por la patronal CEA están las de varios exmiembros de la cúpula de la patronal en la etapa de Santiago Herrero como presidente (2004-2014): Gaesa, del exvicepresidente Federico Muela; Híspalis de Formación, del exvicepresidente Juan Salas y su familia; Formación Digital, del exalto cargo de CEA y Junta, y cuñado de Muela, Baltasar Fernández; o GDT, del empresario Juan Ignacio Ustarán.
Precisamente el nuevo presidente de CEA desde enero pasado, Javier González de Lara, ha impulsado este año un nuevo sistema de contratación de proveedores en la patronal basado no en el favoritismo y la arbitrariedad, sino en la concurrencia y el cumplimiento de criterios objetivos y de eficiencia.
La declaración de Montes contiene además rasgos coincidentes, en la descripción de la manera de gestionar los fondos de formación por parte de esos entes, con la operativa de facturas falsas o infladas de UGT Andalucía con sus proveedores de confianza. Un sistema de malversación de fondos públicos que se extendió hasta finales de 2013, cuando abandonó la secretaría general del sindicato Francisco Fernández, que la Guardia Civil ha descrito como su principal vía de financiación.
En éste sistema de UGT-A también estaban incluidas las comisiones ilegales cobradas a los proveedores con la fórmula del rapel, o descuento; o la retención sistemática del 20 por ciento del dinero de los cursos de formación por parte del propio sindicato a modo de canon revolucionario, como se conocía internamente a esta práctica.
Además, según lo relatado hoy por Montes, esas comisiones del 20 por ciento serían ilegales y no tendrían nada que ver con lo estipulado en el reglamento en relación a los cursos, según el cual las empresas que subcontratan pueden justificar gastos indirectos de hasta el 20 por ciento vinculados a dichas actividades formativas. En este caso habría sido una comisión solicitada de manera previa a dicha subcontratación.
Abusos y maltrato a alumnos
Además, ha precisado a la juez que en un curso en Sevilla los alumnos discapacitados estaban en un aula de cristal soportando en julio temperaturas por encima de los 50 grados, y que para aliviar la situación y evitar alteraciones en su comportamiento se les había medicado previamente. Ha asegurado que él vio personalmente esas malas condiciones e incluso a los alumnos dormidos y ordenó que se parara el curso, que según el funcionario suponía un caso de maltrato físico y psíquico hacia los alumnos discapacitados, aunque no acudió a denunciarlo a la policía o el juzgado de guardia.
El funcionario también ha subrayado que muchas de las entidades que ofrecían cursos usaban a los alumnos como mano de obra barata o gratuita. Como ejemplo de ello, ha puesto el caso de cursos de limpieza, cuyas prácticas consistían en limpiar las oficinas de las empresas que los impartían.
Además, el funcionario ha afirmado que en un solo año se ofrecían entre 3.000 y 3.500 cursos a desempleados en la provincia de Sevilla y unos 20.000 o 25.000 en toda Andalucía, cada uno con una media de 15 alumnos y con irregularidades de distinto tipo en todos ellos.
El funcionario también ha destacado la "inutilidad" de los cursos de formación ofrecidos por la Administración, que en un baremo de cero a diez tendrían una calidad, a su juicio, de un dos.
Montes ya detalló a la juez Alaya la semana pasada el caos en la gestión de los expedientes de cursos de formación que se vivió en la delegación de Empleo en Sevilla entre 2010 y 2014. Una de las consecuencias de ello es que había 60.000 certificaciones de profesionalidad pendientes de tramitar en la Junta hace sólo unos meses. Además, en sus declaraciones ante la Guardia Civil en 2013, Montes ya detalló otras múltiples irregularidades en la gestión de los fondos de formación por parte de la Junta.
Alaya imputa a un segundo exconsejero andaluz en el caso de la Formación
