La OCDE, el FMI, Bruselas y el Plan de Estabilidad a 2016 sobrevuelan los cambios tributarios que prepara el Ejecutivo.
En el informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario que ha visto la luz recientemente, sus autores incorporan las recomendaciones de los distintos organismos económicos internacionales: OCDE, FMI y especialmente del Consejo Europeo que, entre las que formuló en junio de 2013, instaba a una revisión sistemática de toda la estructura impositiva española antes de marzo de 2014. Se recuerda en el informe que actualmente la economía del país está siendo supervisada desde Europa por estar inmersa en procedimientos por déficit y desequilibrios macroeconómicos excesivos.
Sus autores fijan como objetivo de ingresos públicos un 37-38 por ciento como porcentaje del PIB. En los principales países europeos, con mayores rentas per cápita y provisión de bienes y servicios públicos, estos suponen entre el 45-46 por ciento.
El objetivo que fijan está en consonancia con los ingresos previstos en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España de 2013 para que, después de gastos, las necesidades de financiación se sitúen en el 5,5 por ciento para el 2014, 4,1 por ciento para el 2015 y 2,7 por ciento para el 2016. En dichos estimaciones se prevé que el saldo primario será negativo en el 2 por ciento en 2014, el 0,5 en 2015 y pasará a ser positivo en 2016 en un 0,9 por ciento del PIB.
El saldo primario es la diferencia entre los ingresos y gastos públicos antes del pago de intereses. Este es el contexto en el que se enmarcan las propuestas del informe.
Grosso modo también se alude al hecho de que en 2011 los impuestos indirectos suponían en recaudación un 1,4 por ciento menos en términos de PIB en comparación con la media de países UE27; y que las cotizaciones sociales eran un 1,3 por ciento mayores. La conclusión es evidente: avanzar en la homologación de nuestro sistema tributario con los de los países del entorno aconseja limar esas diferencias.
Sobre las diferencias en impuestos directos -3,4 por ciento menos en términos de PIB-, el contexto de deterioro económico (desempleo y caída de beneficios) las explica en part. La normalización de la actividad económica ayudará a que se recuperen las bases y aumente la recaudación.
De esta primera lectura cabe resaltar los condicionantes que envuelven las propuestas. A pesar de todo, modernizar el sistema tributario en línea con las tendencias que a largo plazo rijan en Europa, puede ser una oportunidad para anticiparse y mejorar la posición del país en relación al resto de socios europeos.
Cambios económicos y reforma fiscal
